Por: Camila Ferreira

Compuesta por las comunas de Angol, Collipulli, Curacautín, Ercilla, Lonquimay, Los Sauces, Lumaco, Purén, Renaico, Traiguén y Victoria; el 27,9% de su población vive en sectores rurales, más del doble que el promedio nacional (13,3%). Para las mujeres, eso puede traducirse en mayores distancias para llegar a un hospital, a un tribunal de familia, a una sala cuna o a una oportunidad laboral.

La educación tampoco escapa de esa lógica. El promedio ponderado de escolaridad en Malleco es de aproximadamente nueve años. Es más, ninguna de las once comunas de la provincia alcanza el promedio nacional de 10,4. Esto no solo incide en el tipo de empleo al que una mujer puede acceder, sino también determina su capacidad de conocer y ejercer sus derechos. 

Derecho que el sistema público objeta

Según datos del Registro Social de Hogares, el 92,4% de las personas de Malleco pertenece a Fonasa, frente al 86,5% nacional, lo que indica es que la mayor parte de la población depende del sistema público de salud y se ve afectada por las listas de espera, su escasez de especialistas y su distribución territorial deficiente sin una alternativa real en el sistema privado.

Aquello también afecta el derecho de las mujeres sobre una garantía legal, que cuenta con una barrera más alta que en otras partes del país: la Ley 21.030, que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales

Según el Informe de Objeción de Conciencia en Chile 2025 de Corporación Humanas, el Servicio de Salud Araucanía Norte tiene la tasa más alta de objeción de conciencia del país. De 17 obstetras contratados, 14 objetan en la causal de embarazo por violación, 9 en la causal de inviabilidad fetal letal y 4 en riesgo vital de la mujer.

Al comparar esas cifras con el promedio nacional, la diferencia es significativa:

Fuente: Informe de Objeción de Conciencia en Chile 2025 de Corporación Humanas

El peso del cuidado

La proporción de personas con discapacidad nuevamente tiene una proporción más alta que el promedio del país. El 14,7% de su población de cinco años o más presenta alguna discapacidad, frente al 11,1% nacional, aproximadamente un tercio más que la media.

En Chile, alrededor del 85% de las personas registradas como cuidadoras son mujeres. Y en la provincia, aproximadamente el 50,9% de los hogares tiene jefatura femenina, frente al 49,9% nacional. En ese contexto, las mujeres no solo enfrentan sus propias condiciones de precariedad, sino que además sostienen de manera no remunerada y con escasas redes de apoyo el cuidado de familiares con discapacidad, en un territorio donde los servicios especializados son más escasos y más lejanos que en el resto del país.

Trabajar más para ganar menos

En 2025, el ingreso laboral promedio de las mujeres de la Araucanía fue de $665.002 mensuales, mientras que a nivel nacional fue de $832.566. Una diferencia en promedio de $167.564 menos al mes.

Pero la brecha no termina ahí. Según la Encuesta Suplementaria (ESI) de Ingresos 2025, dentro de la propia región existe una desigualdad por género, puesto que el ingreso laboral promedio de las mujeres de la Araucanía fue un 15,6% inferior al de los hombres de la región. La diferencia aumenta en la población entre 55 y 64 años de edad, con una brecha de 40,7% en desmedro de las mujeres.

Según la Encuesta Nacional de Empleo del INE, durante el trimestre marzo–mayo de 2026 la tasa de desocupación de las mujeres de la Araucanía alcanzó el 10,3%, frente al 7,4% de los hombres, mientras su participación laboral fue de solo 49,5%, comparada con el 64,7% masculino. Aunque el empleo femenino aumentó 4,5% en doce meses, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por las asalariadas informales. El INE informó una desocupación femenina de 10% para la provincia de Cautín, pero no publicó una estimación equivalente para Malleco.

Femicidio: la violencia que no necesita conflicto armado para matar

Cuando se habla de violencia en la Araucanía, rara vez se habla del tipo de violencia que mata más mujeres en la región: la que ocurre puertas adentro, en manos de quienes las conocen.

En 2025 se registraron en la Araucanía cuatro femicidios consumados, 49 femicidios frustrados y cinco femicidios tentados. Las tasas por cada 100.000 mujeres hacen visible la gravedad del problema cuando se comparan con el promedio nacional:

Fuente: Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.

La Araucanía tiene una tasa de femicidios frustrados que casi triplica el promedio nacional. Ese número —el más alto y el más revelador— habla de una violencia que existe, que llega a su punto crítico con frecuencia, y que en muchos casos no logra ser letal solo porque algo la detiene en el último momento. No porque no lo intentara.

En una provincia donde las distancias son más largas, las redes de apoyo más escasas y los dispositivos de atención en violencia de género más difíciles de alcanzar, las mujeres que escapan de una situación de violencia lo hacen con menos recursos y en condiciones más desfavorables.

Lo que la seguridad oculta

La cobertura mediática sobre la Araucanía Norte ha estado dominada, especialmente desde el inicio del actual gobierno, por el lenguaje del conflicto, la militarización y la amenaza al orden público. Ese encuadre no es neutral: desplaza sistemáticamente otras lecturas posibles sobre el mismo territorio.

Cuando la «macrozona sur» ocupa los titulares, raramente aparecen en ellos las mujeres que sostienen los hogares más pobres y rurales de la zona. Las que cuidan a familiares con discapacidad sin remuneración ni apoyo. Las que ganan un 20% menos que sus pares en el resto del país. Las que enfrentan una tasa de femicidios que casi triplica el promedio nacional. Las que buscan ejercer un derecho garantizado por ley y se topan con un sistema que se lo niega en proporción récord.

Nombrar esa realidad no es ignorar el conflicto territorial: es negarse a que el conflicto borre a las mujeres del relato.

Porque ellas están ahí. Son el 51,8% de Malleco. Sostienen más de la mitad de sus hogares. Y merecen más que aparecer como telón de fondo de una narrativa que no las ve.

La intersección que los datos a veces omiten

El 26,1% de la población de Malleco se identifica como perteneciente a un pueblo indígena u originario, la mayoría del pueblo mapuche. Eso es el doble del promedio nacional, que llega a un 11,4%. 

Para las mujeres mapuche de la provincia, las desigualdades señaladas en este reportaje se cruzan con otras: la discriminación étnico-racial en el acceso a servicios de salud, las barreras lingüísticas y culturales en el sistema de justicia, la criminalización de las comunidades en el contexto del conflicto territorial, y la invisibilización de sus propias formas de organización y resistencia dentro de un relato nacional que los reduce a víctimas o a amenaza.

Por: Renata Paredes

La moción, ingresada el pasado 7 de julio por los diputados Cristóbal Urruticoechea, Ximena Ossandón, Álvaro Jofré, Chiara Barchiesi, Catalina del Real y Claudia Reyes, ha generado preocupación entre organizaciones feministas y agrupaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.

El proyecto de ley propone modificar el Código Sanitario para establecer el deber del personal médico de informar a quienes deseen interrumpir voluntariamente su embarazo, sobre la posibilidad de escuchar el latido cardíaco del feto, en caso de que este exista. Asimismo, la iniciativa establece que, si la paciente rechaza esta instancia, el personal de salud tratante podría abstenerse de  llevar a cabo el procedimiento, lo que ha generado cuestionamientos por el eventual impacto que tendría en el acceso a la prestación.

La iniciativa plantea que, para que la decisión de interrumpir un embarazo sea consciente y libre, la paciente debe contar con información «completa y comprensible sobre la naturaleza del acto que autoriza». En este sentido, sostiene que la entrega de estos antecedentes médicos, contribuiría a fortalecer la calidad del consentimiento informado de la mujer que solicita un aborto.

Sin embargo, el hecho de que el proyecto sea impulsado por sectores que históricamente se han opuesto al aborto, tanto libre como en sus tres causales, ha generado cuestionamientos respecto de sus verdaderos objetivos. Para sus detractores, la iniciativa estaría orientada más bien a persuadir a las mujeres de desistir de la interrupción del embarazo que a garantizar un consentimiento plenamente informado.

Evidencia comparada

La idea de hacer que una mujer escuche los latidos del embrión o feto antes de abortar no es nueva. El propio proyecto hace referencia a leyes vigentes en estados de Estados Unidos, como Kentucky, Texas y Wisconsin. Sin embargo, la evidencia disponible sobre el  impacto  de estas medidas muestra resultados distintos a los que suelen invocar sus promotores.

Un estudio sobre la experiencia de Wisconsin, publicado en la National Library of Medicine, reveló que el 88,8% de las mujeres mantuvo su decisión de abortar, mientras que solo el 11,2% continuó con el embarazo. Además, las autoras concluyeron que el principal factor asociado a un cambio de decisión fue la incertidumbre previa de las pacientes, más que la visualización de ecografías o la escucha de los latidos fetales.

¿Información médica o posible vulneración de derechos?

Si bien la obligación de escuchar la actividad cardíaca fetal podría presentarse como una medida destinada a entregar mayor información a la paciente, especialistas advierten que el consentimiento informado también contempla el derecho a rechazar información o procedimientos que la persona no desea recibir. En esa línea, la Organización Mundial de la Salud recomienda que las ecografías no sean un requisito obligatorio para acceder a un aborto y que la información proporcionada sea objetiva, basada en evidencia y no tenga por finalidad influir en la decisión de la mujer o persona gestante.

En Chile, una medida de este tipo podría entrar en tensión con la Constitución, la Ley N.º 20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes y el artículo 119 del Código Sanitario, que establece que la información entregada debe ser completa y objetiva, sin estar destinada a orientar la voluntad de la mujer. Asimismo, podría comprometer estándares internacionales de derechos humanos relacionados con la autonomía, la privacidad, la salud y la integridad psíquica, especialmente en casos de violación, inviabilidad fetal o cuando la paciente manifiesta expresamente su negativa a recibir este tipo de información.

La iniciativa ha recibido críticas desde distintos sectores políticos. La exministra de la Mujer, Antonia Orellana (FA), calificó el proyecto como una medida «coercitiva» que buscaría entorpecer la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Por su parte, la exministra Karla Rubilar (RN) afirmó a través de sus redes sociales que la propuesta constituye «un retroceso» y llamó a actuar con «más humanidad».

Ley IVE y sus brechas en el acceso

Desde su promulgación en 2017, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres causales ha permitido que más de 6 000 mujeres interrumpan sus embarazos en situaciones extremas, como la inviabilidad fetal, el riesgo para la vida de la madre y la violación. Esta última ha sido la causal menos utilizada de las tres.

Sin embargo, las cifras revelan una importante presencia de niñas y adolescentes entre quienes acceden a esta prestación. De las 1.447 interrupciones del embarazo realizadas por la causal de violación, el 23,4% correspondió a menores de 18 años. A su vez, de este grupo, casi la mitad (47,3%) eran niñas menores de 14 años.

Pese a la importancia que esta ley ha tenido en resguardar la integridad física y psicológica de miles de mujeres y niñas, esta ley sigue enfrentando importantes brechas en el acceso. Según el Informe de Objeción de Conciencia 2025 de Corporación Humanas,  a nivel nacional, cuatro de cada diez me?dicos/as obstetras son objetores/ as en la causal violacio?n, dos de cada diez en la causal inviabilidad fetal y uno de cada diez en la causal riesgo de vida de la mujer. 

Según este mismo estudio, 34 hospitales públicos presentan un 40% o más de médicos/as obstetras objetores/as en la causal violación. Entre ellos, destaca el Hospital de Cauquenes, que mantiene el 100% de su personal médico obstetra objetor en todas las causales. Por su parte, el Hospital Sótero del Río, Hospital de Victoria, Hospital de Santa Cruz, Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz y el Hospital el Pino registran porcentajes superiores al 80% de su personal médico obstetra objetor en la causal violación. 

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó por consenso la resolución «Promoción, protección y respeto del pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en situaciones humanitarias» (A/HRC/62/L.21/Rev.1), convirtiéndose en el primer documento final negociado del sistema de Naciones Unidas que reconoce explícitamente la violencia reproductiva como una forma específica de violencia de género.

La resolución expresa su profunda preocupación por las múltiples formas de violencia que enfrentan las mujeres y las niñas en contextos humanitarios y, por primera vez, incorpora la violencia reproductiva entre las violaciones que requieren prevención, protección y respuesta por parte de los Estados y de la comunidad internacional. Entre ellas menciona la anticoncepción forzada o la negación del acceso a anticonceptivos, el embarazo forzado, el aborto forzado y la esterilización forzada, incluso cuando estas prácticas son utilizadas con la intención de destruir a un grupo.

Asimismo, el texto llama a fortalecer mecanismos accesibles, seguros y confidenciales de denuncia, derivación y atención para las sobrevivientes, con un enfoque centrado en las víctimas, sensible al género, la edad y la discapacidad.

Para la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF), este reconocimiento representa un hito en la evolución de los estándares internacionales de derechos humanos. La organización sostiene que nombrar la violencia reproductiva permite visibilizar una forma de violencia que durante años permaneció insuficientemente reconocida, fortaleciendo las herramientas para su prevención, la protección de las sobrevivientes y la rendición de cuentas.

Un avance para los estándares internacionales

Que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconozca explícitamente la violencia reproductiva como una forma específica de violencia de género constituye un avance significativo en la consolidación de los estándares internacionales de derechos humanos. 

«Nombrar estas violencias permite visibilizar prácticas que durante mucho tiempo han permanecido insuficientemente reconocidas y refuerza la obligación de los Estados de prevenirlas, investigarlas, sancionarlas y reparar a las víctimas. Este tipo de avances también fortalece el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil para exigir que la autonomía reproductiva sea garantizada como un derecho humano y no como un privilegio sujeto a barreras o discriminación», sostiene Jennifer Alfaro, Coordinadora de Estudios y Litigio Estratégico de Corporación Humanas.

Un reconocimiento que también interpela a los Estados

Para Siomara Molina, vocera de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, «este reconocimiento fortalece una convicción que el movimiento feminista ha sostenido por años: la autonomía reproductiva no es posible si existe violencia, coerción o imposiciones. Que se nombren estas violencias es importante porque involucra reconocer la obligación de los Estados de garantizar el acceso efectivo a los derechos sexuales y reproductivos».

Un estándar que sigue evolucionando

El reconocimiento se suma a otros avances recientes impulsados por el Consejo de Derechos Humanos. En los últimos años, los órganos internacionales de derechos humanos han fortalecido progresivamente los estándares vinculados a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, reafirmando que forman parte integral de los derechos humanos.

Aunque las resoluciones del Consejo no modifican por sí solas las legislaciones nacionales, sí contribuyen a consolidar estándares internacionales que orientan la actuación de los Estados y fortalecen las herramientas de incidencia, monitoreo y exigibilidad de la sociedad civil.

Para organizaciones feministas y de derechos humanos, este nuevo reconocimiento constituye una herramienta adicional para visibilizar prácticas que afectan la autonomía de mujeres y niñas, y avanzar hacia políticas públicas centradas en la prevención, la reparación y la garantía efectiva de los derechos sexuales y reproductivos.

La directora de Corporación Humanas, Paula Salvo, participó en el encuentro «Vida Digna y Justicia Social: Reflexiones sobre caminos recorridos y estrategias posibles para su defensa», convocado por Observadoras Ley de Aborto (OLA) Chile, instancia que reunió a parlamentarias y activistas feministas junto a la exsenadora uruguaya Lilian Abracinskas para reflexionar sobre los desafíos actuales en la defensa de los derechos humanos y compartir experiencias de incidencia política.

La actividad propició un diálogo sobre los aprendizajes acumulados por los movimientos feministas de la región, la importancia de fortalecer la articulación entre organizaciones de la sociedad civil y la necesidad de impulsar estrategias conjuntas frente a los desafíos que enfrentan los derechos de las mujeres.

En ese contexto, Paula Salvo destacó el valor de estos espacios de intercambio para fortalecer la incidencia regional:

«El multilateralismo también se construye desde la sociedad civil: intercambiar experiencias entre organizaciones y liderazgos de la región fortalece la defensa de los derechos humanos. Gracias a Lilian Abracinskas por compartir una trayectoria que demuestra que la incidencia feminista puede transformar instituciones y ampliar derechos, y a las compañeras de Observadoras Ley de Aborto (OLA) Chile por invitar a este espacio.»

La participación de Corporación Humanas en este encuentro reafirma la importancia de fortalecer las alianzas entre organizaciones feministas de la región para impulsar políticas públicas con enfoque de derechos humanos, compartir experiencias y consolidar estrategias de incidencia frente a los desafíos que hoy enfrenta la igualdad de género.

El marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos es inequívoco: desde la Declaración Universal de 1948 hasta la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana, pasando por los Principios de Yogyakarta de 2006 y la emblemática sentencia del caso Atala Riffo vs. Chile de 2012, el corpus jurídico internacional ha ido construyendo, con consistencia, una arquitectura de protección para las personas LGBTIQ+. Se trata del reconocimiento de una protección reforzada destinada a asegurar que las personas LGBTIQ+ puedan ejercer, en condiciones de igualdad, los mismos derechos y libertades que corresponden a toda persona y que, frente a la discriminación histórica y estructural que han vivido los Estados estén obligados a remover las barreras que imponen el pleno goce efectivo de sus derechos.

En Chile, la trayectoria legislativa refleja ese camino. La Ley Zamudio, el Acuerdo de Unión Civil, la Ley de Identidad de Género y, finalmente, el Matrimonio Igualitario, son hitos que no surgieron de la generosidad de ningún gobierno, sino de décadas de movilización social y litigio estratégico. Sin embargo, los avances normativos no se sostienen solos. Requieren implementación efectiva, presupuesto, voluntad institucional y, sobre todo, un compromiso del Estado que vaya más allá de la ley escrita.

Ahí es donde el contexto político importa. Algunas decisiones recientes de política exterior del gobierno de José Antonio Kast -como no adherir a la declaración del Grupo Núcleo LGBTIQ+ de la OEA o adoptar posiciones más restrictivas sobre el lenguaje de género en foros internacionales- no modifican por sí solas el ordenamiento jurídico chileno. Pero sí envían señales. Y las señales, en política de derechos humanos, tienen consecuencias.

La experiencia comparada es elocuente: los retrocesos en materia de derechos no suelen comenzar con derogaciones masivas de leyes. Comienzan debilitando instituciones, cuestionando estándares internacionales, promoviendo discursos que relativizan la igualdad y normalizando la discriminación como posición legítima de política pública. Por eso distinguir entre una modificación legal y una señal política no es un ejercicio retórico, es una herramienta de análisis imprescindible.

Quienes preguntan si el Día del Orgullo sigue siendo necesario no tienen que mirar lejos. En decenas de países las relaciones entre personas del mismo sexo siguen siendo delito. En varios Estados, las organizaciones LGBTIQ+ enfrentan restricciones a la libertad de asociación y expresión. Las personas trans siguen siendo, en muchas partes del mundo, blanco de violencia sistemática que los Estados no previenen ni sancionan. El Orgullo, visto desde el derecho, no es una bandera de partido: es un termómetro del Estado de Derecho.

Los derechos humanos, enseña la historia, nunca son irreversibles. El desafío no es solo que existan en el papel, sino que todas las personas puedan ejercerlos en condiciones de igualdad y sin discriminación. Ese es el sentido del Orgullo: recordarnos que la igualdad no se hereda. Se construye, se defiende y, cuando hace falta, se recupera.

Por Jennifer Alfaro, Coordinadora de Estudios y Litigio Estratégico de Corporación Humanas.

Por Redacción La Neta 

¿Qué hechos podrían estar afectando la calidad de la democracia en Chile? ¿Cómo impactan determinadas decisiones públicas en la garantía de derechos, la igualdad y la participación?

Con estas preguntas como punto de partida, Corporación Humanas inició la Auditoría a la Democracia, una herramienta de monitoreo que busca identificar y analizar medidas, discursos y decisiones institucionales que puedan afectar estándares democráticos y de derechos humanos, con especial atención a sus efectos sobre mujeres y diversidades sexo-genéricas.
El primer informe, que abarca el período comprendido entre el 11 de marzo y el 30 de abril de 2026, identifica diez alertas democráticas. Entre ellas se encuentran el recorte presupuestario del 3% aplicado a los ministerios —incluido el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género—, la desvinculación de la directora del SernamEG mientras enfrentaba un tratamiento por cáncer de mama, la suspensión de proyectos estadísticos sobre género y diversidad en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la decisión de no adherir a una declaración de la OEA en favor de los derechos de las personas LGBTIQ+.
El monitoreo también analiza hechos ocurridos durante abril, como las declaraciones de la senadora Vanessa Kaiser cuestionando la existencia del Ministerio de la Mujer, la derogación de circulares educativas que incorporaban perspectiva de género e inclusión en establecimientos educacionales, así como episodios de violencia política contra autoridades públicas mujeres.

Más allá de la contingencia

Aunque cada una de estas situaciones tiene características particulares, la Auditoría identifica un patrón común: el debilitamiento o cuestionamiento de mecanismos institucionales orientados a garantizar igualdad, participación y protección de derechos. Desde esta perspectiva, las alertas no sólo permiten observar hechos aislados, sino también comprender tendencias que podrían afectar la calidad democrática en el mediano y largo plazo.

La iniciativa se inspira en experiencias internacionales de monitoreo democrático y propone una lectura que incorpora las dimensiones electoral, liberal, participativa, deliberativa e igualitaria de la democracia, sumando además una mirada feminista sobre los efectos diferenciados que determinadas decisiones tienen en la vida de mujeres y diversidades.

En tiempos de alta polarización y aceleración informativa, detenerse a observar los procesos resulta fundamental para fortalecer el debate público y resguardar los estándares democráticos.

? Revisa el primer informe de la Auditoría a la Democracia y conoce en detalle las alertas identificadas durante marzo y abril de 2026.

Durante años, https://www.howtouseabortionpill.org/ fue conocido como un recurso clave para personas que buscaban información sobre aborto autogestionado. Ahora, la plataforma inicia una nueva etapa: convertirse en un centro de aprendizaje y recursos para quienes brindan atención, orientación y acompañamiento en aborto con medicamentos.

La transformación ocurre en un contexto donde miles de profesionales de la salud alrededor del mundo continúan enfrentando barreras para acceder a formación actualizada y basada en evidencia sobre aborto seguro. En muchos países, el estigma, las restricciones legales, la falta de capacitación institucional y el acceso limitado a recursos clínicos dejan a proveedores sin herramientas suficientes para responder a las necesidades de sus pacientes.

Frente a esta realidad, https://www.howtouseabortionpill.org/ busca convertirse en un espacio accesible de formación continua y apoyo práctico para profesionales de la salud, consejeras, farmacéuticas, activistas y organizaciones que trabajan por el acceso al aborto seguro.

Un crecimiento impulsado por las necesidades de los proveedores

La nueva dirección de la plataforma surge también a partir del impacto que sus programas de capacitación virtual ya han tenido en distintos países.

Durante 2025, el curso en línea sobre aborto con medicamentos desarrollado junto a IPPF otorgó 3,936 certificados a proveedores y profesionales de la salud, alcanzando principalmente a participantes en México, Uganda, Mozambique e India.

El programa logró una tasa de finalización de 79.3%, un resultado especialmente significativo para un curso virtual y autoguiado, reflejando tanto la relevancia del contenido como la necesidad urgente de este tipo de formación.

Además, las evaluaciones posteriores al curso mostraron una respuesta altamente positiva entre participantes:

• El 100% de las personas encuestadas afirmó que el curso cumplió sus expectativas y que lo recomendaría a otras personas.
• La mayoría de participantes fueron profesionales de primera línea, incluyendo médicas/os, enfermeras/os y parteras.
• Los testimonios destacaron la claridad del contenido, la utilidad práctica de las herramientas y el aumento de confianza para brindar atención segura y basada en evidencia.

Muchas personas participantes también señalaron que el curso les permitió sentirse más preparadas para acompañar pacientes, responder preguntas difíciles y ofrecer atención con mayor seguridad clínica y empatía.

Al mismo tiempo, la retroalimentación reveló una creciente demanda por más herramientas prácticas, estudios de caso y contenido adaptado a contextos locales, necesidades que la nueva plataforma busca responder de manera más amplia.

“La necesidad de formación no está desapareciendo; está creciendo”, señala el equipo detrás de la plataforma. “Queremos que este sitio sea un espacio donde proveedores puedan regresar constantemente para aprender, encontrar recursos y sentirse acompañados en su práctica”.

Más que un sitio web: una plataforma de aprendizaje y recursos

La nueva versión de https://www.howtouseabortionpill.org/  reúne en un mismo espacio cursos virtuales, materiales clínicos y herramientas educativas diseñadas para fortalecer la atención integral del aborto con medicamentos.

Entre los recursos disponibles se incluyen:

• Cursos especializados para proveedores
• Protocolos clínicos y guías descargables
• Herramientas para consejería y acompañamiento
• Materiales educativos para pacientes
• Recursos digitales y contenido práctico para compartir en distintos contextos

Además, próximamente se incorporarán nuevos cursos, incluyendo contenidos enfocados en aborto con medicamentos en contextos humanitarios.

El sitio también continuará desarrollando contenido editorial y educativo a través de su blog, con el objetivo de fortalecer el intercambio de conocimientos y apoyar el aprendizaje continuo.

Explora la nueva plataforma en: https://www.howtouseabortionpill.org/

Convertir espacios esenciales de protección social en mecanismos de vigilancia migratoria erosiona principios básicos del Estado de Derecho. La salud y la educación no pueden condicionarse al estatus migratorio de las personas. Cuando acudir a un consultorio, matricular a un hijo o asistir a un jardín infantil puede transformarse en una vía de identificación y expulsión, lo que se genera es miedo, desprotección y clandestinidad.

Este tipo de medidas no resuelve la crisis migratoria, sino que empuja a las personas fuera de los sistemas institucionales, dificultando el acceso a vacunas, controles de salud, educación y redes de protección, con especial impacto en mujeres, niños, niñas y adolescentes. Estos espacios deberían ser seguros para todos y todas.

Una política migratoria democrática requiere instituciones eficaces y regularización, no medidas que transformen derechos sociales básicos en herramientas de control y persecución.

Firman: Paula Salvo Del Canto, directora Corporación Humanas;  Michel-Ange Joseph, presidenta Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas Y Sociales (CIJYS); Catalina Bosch Carcuro y Vanessa González Peña, directoras Organización Migrantas ; María Elena Vásquez, directora Corporación Colectivo sin Fronteras y Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo Movimiento Acción Migrante

El Consejo para la Transparencia acogió el amparo presentado por Corporación Humanas  y ordenó a la Subsecretaría de Redes Asistenciales entregar información sobre objeción de conciencia en hospitales públicos en el marco de la Ley N.º 21.030 de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales.

La resolución, emitida el pasado 7 de mayo de 2026 (ROL C381-26), da respuesta a la acción presentada por la organización el 12 de enero de este año, luego de solicitar antecedentes desagregados por establecimiento de salud respecto del personal objetor de conciencia.

La solicitud requería información desagregada por establecimiento de salud respecto del personal objetor de conciencia, incluyendo médicos/as obstetras, anestesistas, profesionales no médicos y técnicos/as paramédicos vinculados a pabellón.

La decisión del Consejo reafirma el derecho de acceso a la información pública y el deber de los órganos del Estado de transparentar  antecedentes vinculados a la implementación de políticas públicas relacionadas  con derechos fundamentales.

Monitoreo y acceso a derechos

Desde el 2018, Corporación Humanas realiza monitoreos anuales sobre la implementación de la objeción de conciencia en el marco de la Ley IVE, elaborando informes con información desagregada por hospital para identificar barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y monitorear el funcionamiento de la red pública de salud.

Contar con información pública actualizada y desagregada permite identificar obstáculos en el acceso a prestaciones de salud sexual y reproductiva, evaluar el cumplimiento de las obligaciones estatales y contribuir a garantizar una atención oportuna y libre de barreras para mujeres, niñas y personas gestantes.

Asimismo, el acceso a la información estatal  constituye una herramienta clave  esencial para la transparencia, la rendición de cuentas y el control democrático de las políticas públicas, especialmente cuando se trata de derechos sexuales y reproductivos.

Desde Corporación Humanas señalaron que continuarán impulsando acciones orientadas a fortalecer el acceso a la información y el monitoreo de la implementación de la Ley N.º 21.030, como parte   de  las garantías necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos.