Por Charlotte Duplantier y Renata Paredes, practicantes de La Neta

¿Quién es Fernando Cerimedo?

Fernando Cerimedo apodado en redes sociales como “el rey de los Trolls”, es un consultor político argentino de 45 años, especializado en marketing político y fundador de La Derecha Diario, medio de comunicación derechista que difunde contenido conservador que actualmente es propiedad del periodista español Javier Negre, vinculado a Vox. 

Cerimedo ha adquirido popularidad por el uso de estrategias digitales para  intervenir en la conversación pública. El propio consultor  ha reconocido tener la capacidad de influir en los algoritmos e instalar temas en la agenda política, mediante redes de cuentas y usuarios. En las últimas semanas, su nombre volvió a estar en el centro de la polémica tras el hallazgo de una presunta granja de bots en Bolivia.

Su detención y el femicidio frustrado

Cerimedo fue detenido el martes 18 de agosto en Bolivia, en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Buenos Aires, tras ser acusado de contratar a dos sicarios para matar a su expareja, Nadia Beller, quien logró sobrevivir al ataque. además lo investiga por enriquecimiento ilícito. Su defensa niega las acusaciones y sostiene que el atentado fue montado para desestabilizar al gobierno boliviano.

En un video desde el hospital, Nadia Beller acusa a Cerimedo de querer asesinarla mientras  estaba embarazada de un hijo suyo, para impedir que  revelara lo que ella identifica como una red de corrupción en torno a la importación y venta de gasolina en Bolivia. En este mismo registro, la mujer señala “Intentaron silenciarme.” “Por favor, pido la protección de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) porque el gobierno es el principal interesado en callarme.”

En el video, Beller narra su relación con Cerimedo “El pasado abril, descubrí que Cerimedo tenía conversaciones románticas con su expareja. Yo la encaré. Fue la primera vez que me ahorcó”. “Él mantuvo una relación conmigo todo este tiempo, hasta que le descubrí otra infidelidad. Nuevamente me golpeó. Le encontré también cajones llenos de billetes. Me llegó a decir que se iba a suicidar si yo lo llegaba a mandar a la cárcel”. 

Tras la denuncia y un allanamiento en su hogar las autoridades encontraron el equivalente a US$50 mil en distintas monedas y una presunta granja de bots destinada a generar miles de mensajes mediante cuentas creadas artificialmente.

Cerimedo y sus vínculos políticos en Latinoamérica

La trayectoria de Cerimedo está estrechamente ligada a la expansión de la ultraderecha en América Latina. Su trabajo como estratega digital lo ha llevado a participar en campañas electorales y a mantener vínculos con algunos de sus principales referentes.

En Argentina, fue parte de la campaña presidencial de Javier Milei en 2023, en la  se desempeñó como asesor en estrategia digital y comunicación. Su método quedó expuesto en declaraciones realizadas durante aquella campaña al diario La Nación: “Hacemos campañas negativas”, dijo Cerimedo, explicando que estas consistían en divulgar de manera incisiva información perjudicial sobre los candidatos rivales.

Tras su detención en Bolivia, Milei intentó tomar distancia del consultor y aseguró que su trabajo conjunto había terminado en 2023. Sin embargo, registros oficiales muestran que Cerimedo visitó la Casa Rosada al menos 13 veces desde diciembre de ese año, con una última visita registrada en junio de 2024. El propio Milei, además, atribuyó la detención de Cerimedo a una supuesta conspiración de Lula da Silva, Evo Morales y el “castrochavismo”.

Su relación con la ultraderecha brasileña es incluso anterior. En 2018, Cerimedo encabezó el equipo de estrategia digital de la campaña que llevó a Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil. Años más tarde, volvió a aparecer en el ecosistema digital que cuestionó el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en 2022, difundiendo en redes sociales y transmisiones en vivo teorías que ponían en duda la legitimidad de los resultados.

Estas acciones formaron parte del amplio circuito de desinformación que acompañó las denuncias de fraude electoral y los cuestionamientos al resultado de las elecciones, en un escenario de creciente tensión política que antecedió al  intento de golpe de Estado de enero de 2023. Cerimedo, sin embargo, no fue acusado judicialmente por el intento de golpe, a diferencia de Bolsonaro, quien sí enfrenta acusaciones vinculadas con la trama golpista.

Su recorrido también alcanza Honduras, donde participó en la campaña de Nasry Asfura, y Bolivia. En este último país, Cerimedo fue asesor de comunicación digital de la campaña de Rodrigo Paz, quien llegó a la presidencia en 2025, poniendo fin a dos décadas de gobiernos de izquierda.

Cerimedo y José Antonio Kast: ¿cuál es el vínculo?

En Chile, la presencia de Cerimedo se remonta al proceso constitucional. A través de la filial chilena de su empresa, Numen SpA, participó en la campaña por el Rechazo al primer plebiscito constitucional.

Uno de los antecedentes de su participación en este proceso fue una encuesta publicada en septiembre de 2020 por El Mercurio, realizada por una empresa vinculada a Cerimedo, que mostraba una amplia ventaja para el Rechazo frente al Apruebo. El resultado definitivo del plebiscito fue diametralmente distinto: el Apruebo obtuvo un 78,28% de los votos, mientras el Rechazo alcanzó un 21,72%.

De acuerdo con una investigación publicada por El Mostrador, detrás de esta operación se encontraba Casa Común, una organización que reunía a empresarios y figuras vinculadas a la derecha chilena. Entre las personas asociadas a este espacio han sido mencionados Juan Pablo Correa, Juan Cox, José Pedro Undurraga y Alejandro Irarrázaval, actual jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda. Ignacio Dülger, quien dejó ese cargo el 11 de agosto, también habría formado parte de Casa Común.

Los vínculos entre Cerimedo y el entorno político chileno volvieron a quedar bajo escrutinio tras las declaraciones de Nadia Beller. En sus testimonios, la expareja del consultor afirmó que este aseguraba haber trabajado con “el equipo de K”, expresión que, según el contexto de sus declaraciones, aludiría  al entorno de José Antonio Kast. También sostuvo que Cerimedo se jactaba de haber contribuido a la llegada de un “nuevo presidente”.

Consultado por una fotografía en la que aparece junto a Cerimedo en Panamá, Kast sostuvo que ambos coincidieron en un encuentro organizado por la CAF, al que asistieron distintos presidentes latinoamericanos. Según su versión, Cerimedo formaba parte de la delegación de otro mandatario.

La comisión investigadora

Ante esta polémica y los cuestionamientos  sobre los eventuales vínculos del argentino con el Gobierno, diputados y diputadas de la oposición anunciaron acciones para esclarecer la situación. José Montalva, diputado del Partido por la Democracia, propuso la creación de una comisión especial investigadora sobre el Caso Cerimedo para “ esclarecer qué ocurrió con el uso de bots, cuentas falsas y campañas de desinformación, quiénes estuvieron detrás y si existió algún tipo de financiamiento, coordinación, pero también […] saber si las instituciones del Estado tenían las herramientas para detectar y enfrentar estas prácticas”. 

La iniciativa fue votada, en primera instancia, el  martes 01 de septiembre en la Cámara de Diputadas y Diputados. Sin embargo, fue rechazada debido a la falta de quórum. Tras el rechazo de la comisión, Montalva denunció la ausencia de sus colegas quienes deben “aprender que no hay que solamente hablar y decir las cosas, sino también hay que hacerlas. Y lo principal para hacer las cosas es llegar a la pega, llegar en la mañana». 

Sin embargo, el miércoles 03 de septiembre, apenas un día después del rechazo, la solicitud fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados con 69 votos a favor. La comisión cuenta, por lo tanto, con 60 días para elaborar un informe sobre el caso Cerimedo.

Por Charlotte Duplantier, pasante de La Neta

Durante el fin de semana, las calles de Santiago se llenaron de corredores o, mejor dicho, de corredoras, con la realización de la segunda edición del Medio Maratón de Santiago. La instancia, exclusiva para mujeres, contó con recorridos de 7 y 21 kilómetros y convocó a más de 6.000 participantes. Una cifra que duplica la registrada en su primera edición, cuando alrededor de 3.000 corredoras se sumaron a la carrera.

¿Por qué una carrera exclusiva para  mujeres?

Francisca Aguirre, directora ejecutiva de Prokart, empresa organizadora de la carrera, explicó a BioBioChile que esta iniciativa se trata de “una carrera única”,  pensada para crear “un espacio seguro, alegre y potente” para las mujeres. Al ofrecer dos distancias, este evento busca diversificar su público y abrir el espacio, no solo a corredoras expertas, sino a todas quienes busquen acercarse a la disciplina.

En el Maratón de Santiago de 2025, donde hombres y mujeres corrieron juntos, las mujeres representaron solo al 21% del total de participantes. Esta brecha en el deporte, no solo se limita al running. Según la Encuesta Nacional de Actividad Física y Deporte en población mayor de 5 años, en 2024, los hombres presentan un índice de actividad física mayor (66%) que las mujeres (57,9%). 

Detrás de esta diferencia hay varios factores que se refuerzan entre sí. Los estereotipos de género han asociado históricamente el deporte y la actividad física con atributos vinculados a la masculinidad. A ello se suma la distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidados,  que también condiciona el tiempo disponible para realizar actividad física.

Carlos Matus, director del Departamento de Ciencias del Deporte y Acondicionamiento Físico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, destacó que los roles familiares asociados a las mujeres siguen estando  fuertemente vinculados  con el cuidado de niños y niñas y a labores domésticas. 

Estas barreras comienzan a manifestarse desde edades tempranas. Según ONU Mujeres, el 70% de las niñas afirma no sentir que el deporte sea para ellas. Además, las experiencias de abuso o de discriminacion influyen en la práctica: solo entre el 40% y el 57% de las niñas afirman tener experiencias positivas relacionadas con el deporte.

La organización de eventos deportivos exclusivos para mujeres busca contribuir a enfrentar los obstáculos y barreras que ellas enfrentan en el deporte, ofreciendo no solo un espacio seguro para su práctica, sino también una vitrina para visibilizar su participación y desempeño. En esta edición del Medio Maratón, la carrera fue transmitida por TVN, brindando una plataforma de alcance nacional y mayor visibilidad a las participantes.

Esta importancia de generar espacios deportivos exclusivamente femeninos también ha sido abordada por la investigación académica. Según un estudio publicado en la Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, este tipo de espacios pueden funcionar como refugios para las mujeres, al ofrecer entornos libres de juicios y presiones estéticas.

Medio Maratón de Santiago: ¿un evento pensado para y por las mujeres? 

La carrera de este fin de semana parece haber sido pensada para las mujeres, como cuenta Camila Muñoz, participante del evento. Deportista desde su infancia y con  experiencia en otras carreras oficiales, no fue el hecho de que la prueba fuera exclusiva para mujeres lo que motivó su participación, sino la posibilidad de “correr con sus amigas, todas juntas”. “Fue una linda experiencia que disfrutamos», agregó. 

Al consultarle sobre la diferencia entre la experiencia de correr en una carrera mixta o en una carrera femenina, Camila ejemplificó a través los elementos que incluía el kit que se entrega antes de la competencia. Según cuenta, incluía elementos como desodorante femenino, accesorios para el cabello e incluso glitter, afirmando que es notorio que esta instancia «estaba mucho más enfocada en las mujeres, con cosas pensadas para nosotras”.  A ello se suma la implementación de un Protocolo de Espacio Seguro, destinado a “prevenir, acompañar y actuar frente a cualquier situación que pueda hacerlas sentir incómoda o insegura”. 

Para Camila, este tipo de eventos “puede ayudar a que más mujeres se motiven” a practicar un deporte porque “las ayuda a relajarse un poco”, y a “sentirse acompañadas por este poder femenino”. También destacó la posibilidad de correr una distancia de 7 kilómetros, que combinada con este ambiente femenino, “es super bueno para las que no hacen tanto deporte”. “Quedan con esa energía buena, de arriba, de que lo pasaron bien”, agregó.

Temporada de eventos familiares y aparece la pregunta ¿Vendrás? En principio una pregunta inofensiva, hasta que sumamos esa historia que la llevó a terapia. Las sesiones parecen servir y como se ve mejor piensa ¿Debería ir? Para probar si ahora puede verlo sin tener una crisis… Pero mientras duda el discurso sigue “me imagino que ya lo perdonaste, no puedes seguir separando a la familia por eso que pasó hace tantos años”. Queda atrapada: si va tendrá que sentarse en la mesa con la persona que la agredió sexualmente y no ir ahora se siente como retroceder en la terapia. 

Meses de trabajo personal que ahora tienen un método impuesto de evaluación de eficacia con una exigencia adicional: mostrar el resultado perdonando al agresor. Ahí queda claro como la impunidad y la culpa siguen en el lugar equivocado, la “paz familiar” significa transgredir la historia de las supervivientes, quitándoles el poder de establecer límites. La violencia sigue minimizada y con una frase se refuerza la idea de que la buena víctima silencia su malestar para llevar “la fiesta en paz” y consigue que su historia deje de incomodar a la familia, aunque eso le incomode a ella. 

Lo que se espera de un proceso de terapia feminista es darle a la experiencia un lugar en la historia personal que deje de controlar las decisiones del presente, liberar la culpa ordenando las responsabilidades en quiénes ejercieron la violencia y fortalecer la autonomía para tomar decisiones priorizándose. Desde ese punto resignificar puede ser decidir no volver a espacios que permiten a esa persona y también poder ir, así como no pensar en eso más o seguir hablando desde un lugar que proteja las cosas valiosas que hay en el presente. Lo que sea que respete la decisión libre de la superviviente, porque implica dejar de esperar conductas específicas frente a un agresor para demostrar los resultados de la terapia.

Convertir el perdón en requisito para recuperar la convivencia familiar es responsabilizar de los efectos de la violencia a la superviviente al convertir una decisión personal en una condición para restaurar la normalidad que la violencia rompió y permite la impunidad de los verdaderos responsables de ejercer, tolerar y encubrir estos hechos, eso también es violento. Situaciones así requieren posturas claras y erradicar la violencia de género exige elegir el lugar de las supervivientes, apoyando sus límites al reconocer que hay cosas imperdonables y dándoles la libertad de decidir cómo va a relacionarse con quién la violentó o con las personas que lo supieron y guardaron silencio o protegieron al responsable, respetando sus decisiones incluso cuando no es la forma en la que tu elegirías para abordar la violencia. Resignificar un trauma y compartir un espacio por otras motivaciones es posible sin perdonar.  

Este año la pregunta debe cambiar, en lugar de pedirle que asista, pregúntate ¿Por qué sigues esperando que ella vuelva? ¿Qué te enseñó que una superviviente debe ocuparse de reparar lo que otro destruyó con su violencia? Si la familia no puede estar junta es porque alguien decidió ejercer violencia y esa persona no fue la superviviente.

Sobre Minka

Minka Psicólogas Feministas es una red de profesionales de la salud mental que brinda atención psicológica especializada a mujeres mayores de 18 años, con un enfoque feminista y una perspectiva de género. Nacida durante la pandemia de COVID-19 como respuesta al aumento de la violencia contra las mujeres y a las dificultades de acceso al apoyo psicológico, Minka trabaja por ofrecer espacios terapéuticos seguros, accesibles y libres de revictimización.

Sigue a Minka en Instagram: @minkapsicofem

En agosto Chile fue examinado por Naciones Unidas respecto del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Junto con la información presentada por el Estado, una articulación de organizaciones de la sociedad civil -entre ellas Corporación Humanas- llevó hasta Ginebra, Suiza, un informe alternativo que permitió contrastar la versión oficial con las brechas y experiencias documentadas por organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad en el país.

El proceso se desarrolló en el marco del 35° período de sesiones del Comité de la ONU, realizado entre el 12 y el 27 de agosto de 2026, instancia en la que fueron  revisados los informes periódicos segundo a cuarto combinados presentados por Chile.

¿Quiénes firman el informe?

Lo suscriben Corporación Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile (CIMUNIDIS), Corporación Opción, Corporación Humanas, el Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Fundación 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas, Litigación Estructural para América del Sur (LEASUR), Movimiento Acción Migrante (MAM Chile), el Observatorio de Violencia Institucional en Chile (OVIC), Organizando Trans Diversidades (OTD) y Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GI-ESCR).

La información fue aportada principalmente por CIMUNIDIS, Corporación Humanas y Corporación Opción, y está organizada según los artículos de la Convención, tomando como referencia  las observaciones que el Comité formuló a Chile en 2016 y  los avances y pendientes desde entonces.

¿Por qué importa este proceso?

Porque el examen no se construye únicamente a partir de la información presentada  por  el Estado. La participación de la sociedad civil permite que el Comité incorpore otras miradas y antecedentes sobre las brechas que enfrentan  las personas con discapacidad, y formule recomendaciones más ajustadas a la realidad del país.

El informe no se queda en el diagnóstico: propone recomendaciones concretas para las próximas Observaciones Finales del Comité a Chile, entre ellas fortalecer las normas antidiscriminación, incorporar transversalmente a las mujeres con discapacidad en las políticas públicas, avanzar en la reforma de la capacidad jurídica y ampliar los apoyos para un acceso efectivo a la justicia.

Mujeres y discapacidad: una brecha que se cruza con el género

Uno de los focos centrales del informe es cómo las desigualdades de género profundizan las brechas  que enfrentan las personas con discapacidad. En Chile, el 17,6% de la población adulta tiene algún grado de discapacidad, pero la cifra sube a 21,9% entre las mujeres, frente a 13,1% en los hombres.

Ya en 2016 el Comité había advertido que las políticas de género y discapacidad del Estado no consideraban suficientemente las necesidades específicas de las mujeres. El informe reconoce como avance la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, pero señala que sigue pendiente una política que incorpore transversalmente género y discapacidad, con mecanismos permanentes de participación de las organizaciones de mujeres y personas con discapacidad.

La desigualdad también se refleja en el trabajo: un 60,3% de las mujeres con discapacidad está laboralmente inactiva, frente a un 48,9% de los hombres. También se expresa  en los cuidados, donde el 73,9% de quienes cuidan a personas con discapacidad son mujeres, lo que evidencia la carga desigual del trabajo de cuidado.

“Cuando hablamos de los derechos de las personas con discapacidad, necesitamos mirar específicamente qué está pasando con las mujeres y las niñas. Las barreras que enfrentan no se explican sólo por la discapacidad: se cruzan con desigualdades de género que impactan su autonomía, el acceso a la justicia, la posibilidad de decidir sobre sus cuerpos y las violencias que viven. Esa fue una de las preocupaciones que quisimos poner con fuerza ante el Comité”, señala Fabiola Gutiérrez, coordinadora de Comunicación y Narrativas de Corporación Humanas, quien participó en Ginebra en el proceso de revisión de Chile.

Violencia, justicia y el derecho a decidir

La violencia de género hacia mujeres y niñas con discapacidad es otra de las alertas del documento. Si bien existen  antecedentes que dan cuenta de esta realidad, todavía no existe información suficiente para dimensionar el problema ni analizarlo de forma desagregada.

En el acceso a la justicia, el Ministerio Público cuenta con intérpretes de Lengua de Señas Chilena y el Poder Judicial con traducción en línea, pero el informe cuestiona si estos apoyos son suficientes para garantizar un acceso real y efectivo.

La autonomía personal atraviesa buena parte del informe, que llama a eliminar las normas que aún permiten sustituir la voluntad de personas con discapacidad y avanzar hacia sistemas de apoyo que respeten su capacidad jurídica en igualdad de condiciones.

Esto se extiende a los derechos sexuales y reproductivos: entre 2003 y 2015 se aprobaron 44 esterilizaciones a mujeres con discapacidad mental, y solo ocho de ellas tenían capacidad reconocida para consentir el procedimiento. El informe también abordael acceso de mujeres y nuiñas con discapacidad al aborto en las tres causales y destaca como avance la aplicación, desde abril de 2026, de la primera Encuesta Nacional sobre Violencia Ginecológica y Obstétrica hacia Mujeres con Discapacidad (GENDISC).

Niñez, educación y salud

Aunque la ley chilena reconoce el derecho de niños, niñas y adolescentes con discapacidad a la igualdad y la inclusión, el documento advierte que esas garantías no siempre se traducen en la práctica.

En educación, persisten déficits de accesibilidad y de apoyos especializados, además de un sistema donde coexisten escuelas especiales y establecimientos regulares. En salud, un 42,1% de niños, niñas y adolescentes con discapacidad ha tenido dificultades para acceder a atención, y un 35,1% reporta problemas con la prestación recibida.

El documento aborda además  otros ámbitos,  como la institucionalización infantil, la rehabilitación, la accesibilidad al transporte y la información, la inclusión laboral, el derecho al voto, la participación deportiva y la necesidad de fortalecer los mecanismos que vigilan el cumplimiento de la Convención en Chile.

La pregunta de fondo

Detrás de cada cifra hay una misma pregunta: hasta qué punto los derechos que reconoce la ley chilena pueden ejercerse efectivamente y en igualdad de condiciones. La participación de Corporación Humanas y de las demás organizaciones de la sociedad civil en Ginebra buscó  poner ante el Comité las desigualdades que se profundizan  cuando la discapacidad se cruza con el género, la edad y otras formas de discriminación.

Tras el examen de Chile ante Naciones Unidas, el desafío vuelve ahora al país: avanzar desde el reconocimiento formal de estos derechos hacia garantías que permitan ejercerlos efectivamente y en igualdad de condiciones.

El Foro Madrid, encuentro internacional de la ultraderecha organizado por la Fundación Disenso, think tank vinculado al partido español Vox, llega a Chile. La instancia, que se presenta como una alianza internacional “contra el socialismo”, busca constituirse como “una alternativa democrática al Foro de São Paulo, al Grupo de Puebla y a la Internacional Progresista” y reunir a líderes y representantes de la extrema derecha.

El encuentro está programado para los días 3 y 4 de septiembre en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo. La fecha coincide con el cuarto aniversario del plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022, jornada reivindicada por la derecha chilena tras el triunfo de la opción Rechazo.

Uno de los principales puntos de atención será la eventual participación del Presidente José Antonio Kast. La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, defendió su asistencia y sostuvo que “el Presidente Kast es uno de los fundadores del Foro Madrid, ha participado en muchas ocasiones, por lo que también tiene todo el derecho de poder seguir haciéndolo”.

Desde la oposición, el diputado del Frente Amplio Gonzalo Winter cuestionó la instancia y la calificó como “una cumbre de gobernantes que desprecian la democracia”.

La realización del Foro Madrid también ha generado diferencias al interior del oficialismo. Mientras algunas figuras del sector, como el diputado Francisco Orrego (RN), ya han confirmado su asistencia, Evópoli se desmarcó de la instancia mediante un comunicado en el que anunció que no participará del encuentro.

En Renovación Nacional (RN), la secretaria general de la colectividad, Katherine Martorell, confirmó a Bío Bío que el partido tampoco participará institucionalmente del evento. No obstante, precisó que «la eventual participación de algunos de nuestros parlamentarios obedece a una decisión individual y autónoma».

Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), el vicepresidente del partido, Eduardo Cretton, también fue crítico del encuentro. “Hace años que el Foro Madrid viene empujando con fuerza la idea de la batalla cultural y finalmente termina desviándonos de los objetivos que realmente importan, que es mejorar la calidad de vida de los chilenos que más sufren”, sostuvo.

El trabajo sexual ha evolucionado de la mano de diversos cambios socioculturales, desde las olas feministas hasta las crisis de los modelos socioeconómicos, siendo capaz de sostenerse en el tiempo. Frente a ello, cabe cuestionarse cómo ha logrado reinventarse a pesar de los últimos y crecientes cuestionamientos a la estructura patriarcal dentro de la cual opera y de la que forma parte.

Para ello, resulta necesario caracterizar sus raíces, que surgen no desde la libertad, sino más bien movilizadas por la necesidad, en un contexto en que las trabajadoras sexuales eran sometidas física y económicamente por la dominación masculina y, socialmente, por el estigma asociado a sus labores. Así, se generaba una de las primeras y más grandes contradicciones de esta práctica: ser buscadas y deseadas por quienes mismo las marginaban.

Ante esto, se observa una constante: los hombres consumen el trabajo sexual, pero repudian a la mujer que lo ejerce, ¿cómo lo hacen? Por medio de la despersonalización de las mujeres. El cuerpo pasa a ser un objeto dispuesto para el uso y goce masculino, mientras que la mujer en sí no se concibe como un ser completo y complejo. Bajo esta lógica, el valor de la trabajadora sexual no es más que aquel que tiene en el mercado.

Ahora bien, con el paso de los años, la globalización y digitalización han llevado al trabajo sexual a masificarse a través de los medios, adaptándose a su formato y requerimientos. Este proceso lo ha vuelto más accesible, haciendo transitar a las mujeres desde las sombras hacia la palestra por medio de un discurso de empoderamiento y liberación sexual. Aunque esta narrativa puede mitigar la deshonra asociada al oficio —dejando de reducir a la mujer a un mero cuerpo—, al brindarle una voz como figura pública, resulta necesario tensionar la clase de discurso que se transmite y de dónde proviene.

Parte de este cuestionamiento surge de una creciente naturalización y promoción de la industria sexual, una que históricamente ha violentado y sometido a las mujeres y que ahora se plantea como emancipadora y revolucionaria. Esto no solo estimula la disociación entre el ser y el cuerpo, banalizando este último y relegando su valor a una moneda de cambio, sino que además abstrae lo humano del sexo y lo reduce a un servicio. 

Esta transición resulta particularmente preocupante, dado que, mediante el rebranding del patriarcado, se convoca a las jóvenes como reclutas sin autonomía sobre sus cuerpos más allá de la rentabilidad de su sexo. Parte de la normalización de las nuevas formas de proxenetismo se evidencia a partir del uso de eufemismos como “creadora de contenido”, con lo que se intenta resignificar o disimular el trabajo sexual en línea, abstrayéndolo de su posición como engranaje dentro del sistema patriarcal y sopesando la responsabilidad del consumidor y de quien provee el contenido como partícipes activos de este.

Con esto no se intenta delegar la culpa a las mujeres ni retroceder a discursos conservadores y moralistas, estrategia que exime al hombre de toda responsabilidad como principal consumidor y sometedor en la pirámide social. Lo que se busca, en realidad, es repensar de forma crítica cómo hablar de trabajo sexual sin humillar y censurar a las trabajadoras, pero tampoco ocultar que el mercado de los cuerpos femeninos encuentra sus cimientos dentro del patriarcado y las dinámicas de explotación que este produce. 

Porque este intento de blanquear la industria resulta contraproducente en la lucha por la emancipación de las mujeres como colectivo y adopta las lógicas individualistas y neoliberales de autoemprendimiento de los cuerpos. La creadora de contenido se posiciona como individuo-emprendedora y, si bien puede ampararse bajo el paraguas de la emancipación femenina que defiende el colectivo feminista, este modelo prioriza una lógica de éxito personal que dificulta la articulación colectiva y desvincula a la trabajadora de la realidad  de sus colegas que ejercen en la calle, negando la continuidad de un mismo mercado, incluso en cuestiones tan básicas como el modo en que se diferencian a través de su denominación.

Al glorificar las ganancias del trabajo sexual en línea como ente separado de la prostitución, se crea una brecha entre este y los efectos directos sobre las otras ramas más precarizadas e invisibilizadas. Dicha separación termina borrando la violencia intrínseca que implica la sumisión del sexo al consumo masculino mediante su mercantilización. De este modo, el control sobre sí mismas no es más que el control para monetizarse y, al naturalizar la sexualización de la mujer, se pueden legitimar desigualdades bajo la idea de que, si yo acepto mi cosificación, esta deja de ser vulnerante.

Resulta incluso más alarmante cuando esta funciona como una vía más atractiva para las jóvenes, usando como referentes los lujos y facilidades que ostentan una minoría excepcional, pero idealizable desde las redes sociales. Tal como advierten recientes estudios sobre el impacto de estas plataformas en las nuevas generaciones, se presenta como una herramienta que desincentiva a las chicas de estudiar y trabajar, planteando esto como una alternativa viable de independencia económica, aún cuando su sustento depende del deseo y financiamiento masculino.

En definitiva, las personas no solo padecen la historia, también la hacen. Por ello, urge cuestionar nuestro rol como agentes productoras y reproductoras de estructuras que nos someten. Hoy dar este mensaje, lejos de contribuir a nuestra libertad, puede terminar truncando aquella que por tantos años fue el motor de nuestra lucha, transando nuestros derechos en la medida que sea posible sacar provecho económico de ellos.

Por: Charlotte Duplantier

El 15 de agosto de 2021, los talibanes tomaron el poder en Kabul, tras la huida del presidente Ashraf Ghani. La toma de la capital ocurrió mientras las tropas estadounidenses completaban su retirada  del país, que concluyó a fines de ese mismo mes. 

Cinco años después, el pasado 15 de agosto, los talibanes celebraron en las calles de Kabul su regreso al poder, una fecha  que presentaron como “la liberación del país”. Sin embargo, para muchas y muchos, y sobre todo para las mujeres, ese día no supuso en absoluto una liberación, sino el inicio de su progresiva  exclusión de la vida pública. En estos cinco años,  los talibanes han impuesto una estricta interpretación de la sharia, la ley islámica, mediante numerosos decretos que restringen  los derechos y libertades de las mujeres, un sistema que expertos de Naciones Unidas han calificado de “apartheid de género”. 

Actualmente, las mujeres enfrentan severas restricciones a su libertad de movimiento, incluida la exigencia de estar  acompañadas de un hombre,  un “mahram”, para determinados desplazamientos. Tampoco tienen derecho de acceder a gimnasios, parques o salones de belleza, y las niñas  tienen prohibido continuar su educación secundaria, afectando a más de  2,4 millones de jovenes estudiantes. Según ONU Mujeres, debido a estas normas, la mitad de las mujeres afganas salen de casa una a dos veces al mes. 

Encerradas, con las ventanas tapiadas por obligación de los talibanes y prohibidas de cantar o leer en voz alta en las calles, las mujeres han desaparecido totalmente del espacio público. Pero la violencia continúa dentro de sus casas, como lo ha revelado Zan Times. Este medio, gestionado por periodistas afganas en el exilio y residentes en el país, llevó a cabo una investigación que documentó 231 casos de feminicidios, la mayoría de los cuales se han calificado como suicidios por los talibanes.

Frente a las violencias, las posibilidades de las mujeres de presentar una denuncia son muy limitadas. Desde febrero de 2026, el nuevo Código Penal permite al marido  “castigar” a su esposa siempre que no le provoque lesiones visibles. Si la violencia deja marcas , como hematomas o fracturas, el marido puede ser condenado sólo a 15 días de prisión. Para iniciar este proceso judicial, además, la mujer debe presentarse ante un juez acompañada de su tutor masculino, que incluso puede ser el propio marido. 

El nuevo marco legal también eliminó las protecciones de edad mínima para el  matrimonio de las niñas. Una vez alcanzada la pubertad, pueden solicitar su anulación, aunque su silencio puede ser interpretado como consentimiento. Fereshta Abbasi, investigadora para Human Rights Watch, calificó, en en el medio nacional La Tercera, esta situación  como “la peor crisis de derechos de las mujeres del mundo”. 

Este contexto de violencia,  reclusión y falta de apoyo, tiene consecuencias en el bienestar emocional de las mujeres. Según ONU Mujeres, un 70% de las afganas describe su salud mental como “mala” o “muy mala”, mientras que un  8% afirma conocer al menos a otra mujer que ha intentado suicidarse. 

Cinco años después, ¿qué futuro tienen las mujeres afganas?

A cinco años del regreso de los talibanes, distintos  Estados,  organizaciones de la sociedad civil y personas expertas de Naciones Unidas han vuelto a condenar la situación de las mujeres en Afganistán. Han pedido  “reforzar los mecanismos internacionales de rendición de cuentas”, junto con apoyar a la Corte Penal Internacional y el nuevo Mecanismo Independiente de Investigación sobre Afganistán. 

Sin embargo, más allá de estas declaraciones,  siguen faltando acciones concretas. En junio de 2026 la Unión Europea (UE) sostuvo  un encuentro con talibanes. La conversación, calificada como “técnica” por la UE, se centró en el retorno de personas migrantes afganas al país. Esta contracción alimenta el sentimiento de abandono entre las mujeres afganas, como señaló la periodista Zahra Joya, en una entrevista con Agence France-Presse (AFP) “Tenemos la sensación de que el mundo nos ha abandonado”. También, denunció la falta de ayuda declarando que “las mujeres afganas luchan solas […] no disponen de ningún medio para defenderse”. 

En definitiva, cinco años después del regreso de los talibanes, las mujeres afganas siguen siendo excluidas de la vida pública y privadas de derechos fundamentales. Mientras la condena internacional no se traduzca en acciones concretas y mecanismos efectivos de protección y rendición de cuentas, esta situación amenaza con prolongarse.

Durante años he visto cómo los cuidados pueden transformar la vida de una persona. Mi mamá es cuidadora de mi abuela, una mujer de 94 años que lentamente ha perdido su chispa. No logro rememorar una vida donde esta no necesitará cuidados; lo que sí recuerdo es a mi mamá año a año, pese al amor y compromiso, más cansada, cargando con el peso de observar la transformación de un ser querido, y cómo su propio tiempo se iba reduciendo hasta desaparecer. El observar esto me genera una serie de emociones: tristeza, pena e impotencia; sin embargo, lo que más me inquieta es que mi realidad y la de mi mamá distan de ser una experiencia única. 

Cuando hablamos de cuidados, solemos pensar en una madre que cuida hijos pequeños. Sin embargo, el rápido envejecimiento poblacional que está experimentando Chile ha transformado esa realidad: la demanda de cuidados aumenta y se diversifica; el 22,2% de personas mayores de 60 años se encuentra en situación de dependencia. La realidad es que esta necesidad continúa creciendo, y los cuidados siguen recayendo en las mujeres de las familias. El 76% de las personas cuidadoras de la población mayor son mujeres; estas se concentran entre los segmentos etarios de 45 a 59 años y 60 años o más, y suelen tener relación de parentesco con la persona dependiente  . Estos datos muestran que la realidad presentada no es aislada, y responde a desigualdades estructurales más grandes. Es importante visibilizar a estas mujeres y ponerlas en el centro de las discusiones.

Al hablar de dependencia, el centro suele estar en las personas que reciben los cuidados, y rara vez nos detenemos a pensar sobre las personas que los proporcionan en el día a día. Detrás de cada persona que necesita apoyo, hay otra que reorganiza su vida entera y realiza sacrificios que eventualmente afectan su cuerpo y bienestar emocional. Este deterioro no es inevitable, es el resultado de cómo repartimos las responsabilidades de los cuidados.

Así, durante años esta carga ha sido absorbida principalmente por las familias, y dentro de ellas, por las mujeres. Al mirar a mi mamá hoy en día, ya no veo solo a una hija cuidando a su madre; veo una realidad que comparten miles de mujeres en Chile, cuyo bienestar y autonomía continúa siendo limitado frente a la desigual distribución de los cuidados. Sin embargo, los cuidados son un asunto público, y cuando el Estado no interviene de manera suficiente, las mujeres asumen los costos económicos, físicos y emocionales de su ausencia.

Bajo este contexto, en febrero de 2026 entró en vigencia la Ley n.º 21.805, Chile Cuida,  que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, y que reconoce que los cuidados no pueden continuar recayendo únicamente en las familias. No obstante, el desafío no termina en la creación de la institucionalidad. El Estado debe ser capaz de ofrecer políticas que respondan a la diversidad territorial y que garanticen apoyos oportunos a las personas cuidadoras. Al mismo tiempo, es necesario impulsar un cambio cultural profundo; ninguna ley por sí sola logrará corregir la feminización de los cuidados. La corresponsabilidad debe ser asumida tanto por el Estado como por las familias, especialmente por los hombres. Solo así podremos construir una sociedad donde cuidar no implique sacrificar la propia vida.

La adopción, entendida correctamente, constituye una institución destinada a proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en una familia cuando ello no sea posible dentro de su entorno familiar de origen. Sin embargo,  bajo  ningún motivo puede ser un mecanismo mediante el cual se legitime una separación producida mediante engaño, coerción, falsificación documental, ocultamiento de información o abuso de una situación de vulnerabilidad, como ocurrió durante décadas en Chile, con especial intensidad durante la dictadura cívico-militar.

Cuando hablamos de adopciones irregulares no nos referimos simplemente a errores administrativos que ocurrieron en el pasado. Hablamos de niños y niñas separados de sus familias, de madres a quienes se les arrebató su capacidad de decidir sobre sus hijos e hijas y de un Estado que, durante décadas no ha sido capaz de investigar adecuadamente, siendo insuficiente en materias tan fundamentales como la verdad, la justicia, la reparación y la restitución de vínculos familiares. 

No basta con afirmar o reconocer que los hechos ocurrieron hace décadas, la distancia temporal no elimina ni limita la responsabilidad estatal cuando existen antecedentes que permiten investigar, esclarecer los hechos y garantizar mecanismos de reparación. 

Mientras otros Estados, como Noruega, se encuentran revisando críticamente su participación en procesos de adopción internacional y documentando las irregularidades ocurridas, el Estado chileno se encuentra debilitando las instituciones encargadas de esclarecer su propio pasado respecto de las vulneraciones de derechos humanos, cuestión que para este gobierno no se considera una prioridad.

Esto se puede ver claramente, mediante la Resolución Exenta N°207, de 22 de junio de 2026, donde la Secretaría de Derechos Humanos dejó sin efecto la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares (UBAFI), que apenas cuatro meses antes había sido creada para abordar las adopciones ilegales, forzadas o irregulares, teniendo como fin, investigar y entregar apoyo a las víctimas, quienes nuevamente fueron desplazadas. Demostrando una vez más que el Estado todavía no ha desarrollado una respuesta institucional adecuada frente a esta vulneración histórica de derechos humanos.

Las adopciones irregulares constituyen una de esas situaciones en que el derecho debe mirar más allá de los expedientes y comprender las historias humanas que existen detrás de ellos. Se afectaron derechos fundamentales no solo de aquellos niños y niñas que fueron separados de sus familias, sino también los de todas esas mujeres que fueron vulneradas y privadas de su capacidad de decisión reproductiva y de su derecho a ejercer su maternidad, mujeres que, hasta el día de hoy siguen buscando a un hijo o hija con la esperanza de algún día reencontrarse con ellos o incluso, obtener finalmente la tranquilidad vacía de saber dónde yacen sus cuerpos.

Las adopciones irregulares pueden haber modificado legalmente la filiación, pero la vulneración del derecho a la identidad no desaparece por el mero transcurso del tiempo, y mientras existan personas que todavía buscan a sus madres, hijos, hermanos o familias de origen, la obligación del Estado de buscar la verdad y justicia estará pendiente. Esta deuda histórica no puede darse por cerrada y el Estado no puede permitirse mirar hacia otro lado.

La salida sucesiva de Trinidad Steinert, Mara Sedini y, recientemente, Natalia Duco, ha reducido significativamente la presencia femenina en el equipo ministerial, dejando apenas a ocho mujeres a cargo de carteras. Este cambio en la configuración del gabinete no solo altera el equilibrio numérico, sino que también plantea dudas sobre la prioridad que la actual administración otorga a la paridad en los puestos de toma de decisiones de mayor jerarquía.

Uno de los puntos más críticos de esta reestructuración ha sido el destino de la vocería de Gobierno tras la salida de Mara Sedini. En lugar de nombrar a una nueva sucesora, el presidente determinó que el Ministro del Interior, Alvarado, asuma dichas funciones. Con esto, Alvarado concentra ahora dos de las áreas más sensibles para la agenda pública: la seguridad nacional y la comunicación oficial, una acumulación de poder que ha sido vista con recelo por diversos sectores.

Desde la oposición, la exvocera Camila Vallejo manifestó un duro rechazo a esta decisión durante su participación en el programa Animales políticos, conducido por Cristóbal Bellolio y Daniel Matamala. Vallejo calificó el hecho de que ministros hombres ya titulares absorbieran las vacantes como un «ninguneo» hacia el liderazgo femenino, insistiendo en que dentro de las filas de Chile Vamos existen múltiples mujeres con las competencias necesarias para asumir tales desafíos.

En contraste, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, ofreció una visión institucional durante su gira por la región de Los Lagos. En conversación con Radio Bío Bío en Puerto Montt, Marín aseguró que las remociones no responden a una cuestión de género, sino que son el resultado natural de la evaluación de desempeño que el Mandatario realiza constantemente sobre su equipo, desvinculando los cambios de cualquier criterio discriminatorio.

A pesar de las explicaciones oficiales, el escenario actual deja interrogantes abiertas sobre el futuro de la composición del gabinete. La decisión de reemplazar liderazgos femeninos por hombres que ya encabezan otras carteras alimenta el debate sobre si existe una razón de fondo ligada al género o si se trata de una estrategia de repliegue político que, en la práctica, termina invisibilizando la capacidad de las mujeres en la alta política nacional.