Por: Camila Ferreira Ormeño.

Las mujeres chilenas ya entraron al sistema financiero: tienen cuentas bancarias, ahorran, piden préstamos y utilizan créditos. De hecho, actualmente existen más mujeres que hombres con deuda bancaria. Pero ¿cuánto dinero hay detrás de ese acceso? 

Según el Informe de Género en el Sistema Financiero 2026 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), por cada 100 hombres con créditos bancarios existen 103 mujeres deudoras. Sin embargo, la deuda promedio de ellas representa solo el 62% de la que mantienen los hombres. La brecha persiste especialmente en los créditos comerciales. En síntesis, acceder al sistema financiero no significa necesariamente hacerlo en igualdad de condiciones.

Ellas pagan mejor

A diciembre de 2025, la mora bancaria de 90 días o más rondaba el 1,4% entre las mujeres y el 2,2% entre los hombres. La CMF también identificó en ellas menores niveles de endeudamiento, carga financiera, deterioro y renegociación de las deudas. Esto no permite concluir que las instituciones financieras discriminen directamente a las mujeres al otorgar un crédito, ya que los montos dependen de factores como ingresos, capacidad de pago, patrimonio y antecedentes financieros. Pero sí descarta que la brecha pueda explicarse porque ellas paguen peor.

La presidenta de la CMF, Catherine Tornel, explicó que las diferencias actuales ya no se concentran tanto en el acceso al sistema, sino en la “profundidad” con que hombres y mujeres pueden utilizarlo, particularmente en los montos de crédito y ahorro. La diferencia se hace más evidente en los créditos comerciales. Durante 2025 había 188.713 mujeres con este tipo de financiamiento, frente a 270.997 hombres. Además, las colocaciones promedio alcanzaban los $23,2 millones para ellas y $38 millones para ellos.

La desigualdad, entonces, también se expresa en cuánto margen financiero existe para invertir, comprar maquinaria, ampliar un local o hacer crecer un negocio.

¿Se vale emprender con menos?

La brecha financiera se inserta en una desigualdad económica que comienza antes de solicitar un préstamo. La VIII Encuesta de Microemprendimiento del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que durante 2025 los hombres microemprendedores obtuvieron una ganancia mensual promedio de $1.071.852, mientras las mujeres alcanzaron los $473.936: una diferencia de 55,8%. Además, el 59% de las microemprendedoras trabaja en la informalidad, frente al 51% de los hombres. Esto puede generar un círculo difícil de romper: necesitan financiamiento para hacer crecer o formalizar sus negocios, pero sus menores ingresos o dificultades para acreditarlos también pueden limitar su acceso a productos financieros.

Por ello, muchas personas terminan financiando por otras vías. El 60,4% de quienes microemprenden inició su negocio con recursos propios y solo el 12,2% utilizó principalmente un préstamo o crédito. Entre quienes se endeudaron, el 49,7% pidió dinero a familiares o amistades, un 19,1% recurrió a créditos bancarios de consumo y apenas un 8,3% utilizó un crédito comercial.

Emprender mientras se cuida

La desigualdad tampoco termina en el negocio. Según la misma encuesta, el 95,7% de las mujeres microemprendedoras participa en trabajo doméstico o de cuidados no remunerado, frente al 89,4% de los hombres. En el cuidado directo de otras personas participan el 46,6% de ellas y el 31,4% de ellos. El emprendimiento no nace siempre de una oportunidad empresarial. El 60,8% de las mujeres microemprendedoras inició su actividad por necesidad, frente al 41,6% de los hombres. Entre las razones aparecen la falta de un trabajo asalariado, la necesidad de generar ingresos y la búsqueda de flexibilidad para compatibilizar responsabilidades familiares.

Fuera de los grandes centros urbanos se agrega otra dificultad. La Araucanía registró en 2025 la mayor informalidad microemprendedora del país, con 66,1%, seguida por Tarapacá, Atacama y Maule. Para las mujeres rurales, además, acceder al financiamiento puede significar enfrentar largas distancias, actividades económicas pequeñas o estacionales y mayores dificultades para acreditar ingresos.

Fondos que no reemplazan el acceso al crédito

El Estado cuenta con programas para apoyar el emprendimiento femenino. Capital Abeja Emprende de Sercotec entrega en 2026 un subsidio de $3,5 millones a las mujeres seleccionadas para formalizar y poner en marcha sus negocios. FOSIS, en tanto, abrió 28 mil cupos nacionales para programas de emprendimiento dirigidos a personas en situación de mayor vulnerabilidad. Son herramientas relevantes, pero funcionan mediante cupos, requisitos y procesos de selección. Un subsidio estatal tampoco reemplaza la posibilidad de acceder regularmente a financiamiento para hacer crecer un negocio.

En el caso de las mujeres rurales, durante 2026 el Gobierno congeló el ingreso de nuevas beneficiarias al Programa Mujeres Rurales INDAP–PRODEMU y decidió terminar el convenio mediante el cual funcionó durante más de tres décadas. Las participantes actuales continuarán su proceso e INDAP asegura que posteriormente podrán acceder directamente a sus instrumentos. Sin embargo, 755 mujeres que habían manifestado interés en ingresar este año quedaron fuera del convenio.

INDAP argumentó que administrar directamente los recursos permitiría destinarlos con mayor eficiencia a las productoras. PRODEMU, en cambio, advirtió que el programa llegaba a 179 comunas y que su valor no estaba únicamente en el apoyo productivo, sino también en el acompañamiento, la autonomía y la organización de las mujeres. La discusión ocurre mientras ellas siguen demostrando que participan del sistema financiero y presentan buenos indicadores de pago, pero continúan manejando montos significativamente menores.

La inclusión financiera no puede medirse únicamente preguntando cuántas mujeres tienen una cuenta bancaria o acceden a un crédito. También importa saber cuánto financiamiento reciben y si este les permite realmente invertir, crecer y construir autonomía económica.

En el universo online sentirse, pensarse y narrarse varón es una realidad tan palpitante como polarizada. Por un lado, están quienes imaginan formas de ser menos violentas y rígidas; por otro, quienes se han replegado en la machósfera, recurriendo a la violencia misógina para perpetuar la dominación. La machósfera es el conjunto de discursos y prácticas difundidos en blogs, YouTube, Instagram, TikTok y chats, que alojan movimientos masculinistas y antifeministas.

Este fenómeno transnacional ha proliferado bajo la cuarta ola feminista, que instaló una interpelación inédita hacia las masculinidades, en lo que el Instituto de Masculinidades y Cambio Social llamó «la fractura del bloque hegemónico», abriendo un escenario de disputa por cómo se debe ser hombre hoy. Estas subculturas digitales son parte de la reacción antifeminista que busca librar «la batalla cultural contra la ideología de género».

De esta manera, abierta la supuesta “crisis de la masculinidad”, la socióloga española Beatriz Ranea (2021) plantea que la masculinidad hegemónica se ha ido resquebrajando. Y si bien por esas grietas puede entrar la luz, también puede hacerlo la sombra: primero voces sueltas -—influencers machosféricos—- que convirtieron el malestar masculino en modelo de negocio; después, un programa vía YouTube «La Cofradía», que le dio casa y bandera a esa reacción, a nivel macro, alineado con la ultraderecha chilena.

La Cofradía, panel de streaming vinculado al Partido Nacional Libertario, entró en la palestra recientemente por los comentarios de Ítalo Omegna —de «humor negro», según él— sobre abuso sexual infantil contra infancias autistas. Este espacio es vitrina de los mandatos más rígidos de la masculinidad: la burla a la otredad y la humillación como muestra de virilidad. Para muestra, cuando el sociólogo Andrés Kogan, recientemente, escudriñó a La Cofradía en Le Monde Diplomatique, la respuesta fue denostarlo: «maricón», «fleto», «no ponerla nunca», de manual.

A todas luces, estamos ante un germen machosférico chilensis, analizable bajo la homosocialidad masculina, concepto acuñado por Eve Sedgwick (1985) que ahonda sobre los profundos lazos de camaradería entre varones, blindados por una negación hiperbólica de la homosexualidad, donde el distanciamiento homofóbico opera como mecanismo regulador. Reírse no es un gesto espontáneo sino una contraseña —reír te hace pertenecer, dudar te vuelve posible blanco—. Por eso la burla escala: en la Cofradía y preocupantemente en muchos espacios masculinizados, la crueldad es la moneda con que se paga la pertenencia.

Así Omegna, recientemente desvinculado como asesor del diputado libertario Hans Marowski, es apenas un nombre, lo relevante es la estructura que lo produce y reproduce. Rita Segato la llama «fratría» (2003): una hermandad masculina cuyo valor supremo no es la vida, sino la lealtad. «Si no se obedece, se es expulsado», explicó en una entrevista reciente en 2025. Ni la familia escapa a la burla, el líder del grupo, Emiliano Fernández, preguntó si María Gracia Omegna —hermana de Ítalo y reconocida actriz— estaba casada, y ante la negativa lanzó una broma sexual, Ítalo no lo frenó, incluso insinuó la posibilidad de «negociarla», riendo junto al resto. Cambiar de protagonista no cambiaría el libreto. Sobre la misma tónica, días después, Fernández declaró que el femicidio no existe, pese a los 50 casos que la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres registró solo en 2024.

La fisura de la masculinidad está abierta, intermediada por la arquitectura algorítmica, precisamente por el alcance que esta otorga a los contenidos extremistas, propiciando que se masifique este tipo de discursos. Disputarla no depende solo de interpelar al próximo Omegna, sino de ocupar ese territorio, digital y cotidiano, con más brío que el odio, buscando desenmarañar la telaraña digital de la masculinidad.

TikTok e Instagram se han llenado de jóvenes creadoras de contenido que promueven el desapego emocional hacia los hombres y cuestionan las relaciones “50 y 50”. Su propuesta invita a las mujeres a dejar de centrar su vida en ellos y a relacionarse desde el beneficio propio. Pero, ¿esta tendencia representa una verdadera emancipación o reproduce nuevas formas de dependencia masculina?

La machosfera o manosphere, el espacio digital en el que diversos hombres comparten experiencias y discursos sobre la masculinidad desde perspectivas frecuentemente misóginas, ha ganado una importante visibilidad gracias a figuras polémicas y masivamente seguidas, como Andrew Tate o Justin Waller. Paralelamente, ha comenzado a emerger un nuevo fenómeno, esta vez liderado por mujeres: la femosfera. A través de redes sociales, creadoras de contenido centradas en consejos sobre relaciones de pareja promueven un retorno a dinámicas más tradicionales, alentando a las mujeres a evitar el sexo casual y a vincularse con hombres que estén dispuestos a “resolver” y asumir el rol de proveedores económicos.

¿Pero, es esto una forma de reclamar una «deuda histórica» o una nueva manera, maquillada, de promover los roles de género tradicionales? Las relaciones amorosas entendidas como una transacción económica y la mujer relegada al papel de «conquistada», en el que no puede tomar la iniciativa, alertan a especialistas en estudios de género, quienes han estudiado el fenómeno 

La académica Jilly Kay, de la Universidad de Loughborough, advirtió en una entrevista con The Guardian que este tipo de grupos, si bien pueden incorporar elementos del discurso feminista, no son necesariamente progresistas. Asimismo, señaló que, a lo largo de la historia, algunos grupos tradicionalmente feministas han establecido alianzas con sectores no feministas que comparten ciertas visiones, destacando especialmente la convergencia entre fundamentalistas cristianos, figuras de extrema derecha y algunas feministas críticas del género.

Estas influencers comparten con sus seguidoras la idea de que los hombres son “intrínsecamente malos y peligrosos” y que, por lo tanto, las mujeres deben relacionarse con ellos desde la conveniencia y el beneficio propio. Por otra parte, promueven la importancia de cultivar la “energía femenina” a  través de prácticas de autocuidado centradas principalmente en la apariencia física para alcanzar su “mejor versión”. Bajo esta lógica, los hombres de “alto valor”, entendidos como aquellos capaces de proveer económicamente, llegarán eventualmente a sus vidas. 

Lo cierto es que, al igual que el fenómeno de las tradwives, la femosfera pareciera responder a la lógica de que existe un problema de fondo: las mujeres no quieren enfrentarse a un «doble turno», asumiendo simultáneamente las exigencias de una carrera profesional y las labores domésticas y de crianza, muchas veces en soledad y sin redes de apoyo. Sin embargo, la pregunta que permanece abierta es si estas nuevas narrativas representan una verdadera búsqueda de alternativas frente a las desigualdades de género o si, por el contrario, terminan reproduciendo viejas estructuras bajo un nuevo lenguaje. 

Hay aprendizajes que las mujeres incorporamos desde muy pequeñas sin que nadie los cuestione, como volver acompañadas, compartir la ubicación cuando regresamos de noche, desconfiar de ciertas situaciones, cambiar de recorrido si algo nos parece extraño y mantenernos siempre alertas. Son conductas que repetimos casi de manera automática porque crecimos escuchando que nuestra seguridad dependía también de esas precauciones. Lo inquietante es que ese esfuerzo permanente por enseñarnos a prevenir rara vez encuentra un equivalente cuando la conversación se dirige hacia quienes ejercen la violencia.

El proyecto de ley «Escucha su corazón» volvió a instalar un debate que divide opiniones. Habrá quienes consideren que representa una medida de protección de la vida y quienes sostengan que incorpora una presión innecesaria sobre mujeres que enfrentan circunstancias dolorosas. Ambas posiciones forman parte de una discusión democrática. Sin embargo, mientras esa controversia ocupa el centro de la agenda, otra realidad continúa desarrollándose con una normalidad que debería incomodarnos mucho más.

En Chile, una de las tres causales que permiten la interrupción voluntaria del embarazo corresponde a los casos de violación. Esa sola circunstancia basta para recordar que antes de cualquier procedimiento médico existió un delito, una víctima y un agresor. Sin embargo, cuando la discusión pública se instala, la atención parece desplazarse hacia lo que sucede después, dejando en segundo plano aquello que hizo posible llegar hasta ese escenario.

Seguimos enfrentando investigaciones que se prolongan durante años, víctimas que abandonan los procesos por agotamiento o desconfianza y sistemas de protección que reaccionan cuando el daño ya está hecho. La violencia sexual continúa siendo una de las formas más invisibilizadas de violencia, pese a que sus efectos atraviesan la vida de quienes la sufren mucho después del proceso judicial.

La prevención sigue ocupando un lugar secundario. Hablamos poco de educación afectiva, consentimiento, relaciones basadas en el respeto y políticas públicas capaces de intervenir antes de que una agresión ocurra. Tampoco existe la determinación para mejorar la persecución penal, reducir la impunidad o fortalecer el acompañamiento de las víctimas. Pareciera más sencillo debatir sobre las decisiones que una mujer debe adoptar después de una agresión que asumir la responsabilidad colectiva de evitarla.

Durante décadas hemos construido un discurso que deposita buena parte de la prevención sobre las mujeres. Cambiamos nuestras rutinas, adaptamos nuestros horarios y desarrollamos estrategias para sentirnos un poco más seguras. Mientras tanto, la conversación dirigida a quienes ejercen la violencia sigue siendo insuficiente.

Proteger la vida también significa impedir que una niña, una mujer o cualquier persona sea víctima de abuso sexual. Significa poder denunciar sin temor a sufrir revictimización y contar con un sistema que responda con eficacia frente a quien cometió el delito.

El debate sobre «Escucha su corazón» continuará porque toca convicciones profundas. Lo preocupante sería que, una vez más, concentráramos toda nuestra atención en las consecuencias y dejáramos intactas las condiciones que permiten que miles de mujeres y niñas sigan enfrentando violencia sexual cada año. Ninguna sociedad puede conformarse con administrar el daño cuando todavía tiene una enorme deuda: impedir que ese daño ocurra.

Por: Renata Paredes, Practicante de La Neta

La visita comienza antes de cruzar la puerta del sitio de memoria. Para acceder al subsuelo de la Plaza de la Constitución, el grupo debe pasar por los controles de seguridad del Palacio de La Moneda y, una vez dentro, permanece acompañado en todo momento por personal policial. Solo entonces se ingresa a un espacio que durante décadas permaneció oculto y que hoy resguarda una de las historias menos conocidas de la represión en Chile.

Bajo el principal centro del poder político del país funcionó, entre 1973 y 1974, el Cuartel N.º 1 de Carabineros, conocido como «El Hoyo», un centro clandestino de detención, tortura y violencia político-sexual. Este jueves, el recorrido fue guiado por mujeres sobrevivientes del recinto, quienes compartieron con las y los asistentes sus vivencias y la importancia de preservar estos espacios para la memoria colectiva.

Las visitas son organizadas por el Colectivo Plaza de la Constitución y se realizan dos veces al mes. Para Patricia Herrera, presidenta de la organización, abrir este lugar a la ciudadanía es una forma de impedir que su historia permanezca invisibilizada.

«Para nosotras son muy importantes las visitas porque significan la visibilización del sitio, que es desconocido para la gran mayoría de las personas. A pesar de estar en pleno centro de Santiago, justamente por encontrarse bajo La Moneda su acceso se dificulta debido a los protocolos», explica.

El recorrido permite conocer las dependencias donde permanecieron personas detenidas, incomunicadas y sometidas a torturas durante los primeros meses de la dictadura. Sin embargo, son los testimonios de las sobrevivientes los que resignifican el espacio. Sus relatos reconstruyen lo ocurrido entre esos muros y dan cuenta de las secuelas que aún persisten, especialmente para las mujeres que fueron víctimas de violencia político-sexual en el recinto.

La existencia de «El Hoyo» fue reconocida oficialmente por el Estado en el Informe Rettig y el Informe Valech. Posteriormente, investigaciones judiciales y peritajes realizados por la Policía de Investigaciones permitieron identificar los espacios específicos donde se cometieron torturas y agresiones sexuales contra las personas detenidas.

El recinto comenzó a operar tras el golpe de Estado bajo el Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR), en coordinación con la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Desde allí, las personas detenidas eran interrogadas y torturadas antes de ser trasladadas a otros centros represivos, como Londres 38 o Cuatro Álamos. Se estima que cerca de 30 personas estuvieron recluidas en este lugar entre 1973 y 1974, en un espacio donde la persecución se concentró especialmente en militantes del Partido Socialista y donde las mujeres fueron sometidas a graves formas de violencia sexual.

La declaración del Cuartel N.º 1 como Sitio de Memoria fue anunciada en septiembre de 2016 por la entonces presidenta Michelle Bachelet, como parte de las medidas de reparación simbólica destinadas a fortalecer las garantías de no repetición. Hoy, el Colectivo Plaza de la Constitución mantiene abiertas sus puertas a través de dos recorridos mensuales, que son difundidos a través de su Instagram @colectivoplazadelaconstitucion. 

La dirigenta extendió además una invitación a participar de estos recorridos y a contribuir a la difusión del sitio.

«Las invitamos a participar de este recorrdio, a acompañarnos y a difundir, porque la memoria es de todos y todas. No podemos permitir que la memoria se pierda, porque hoy la memoria es resistencia«.

Sobre el Colectivo Plaza de la Constitución

El Colectivo Plaza de la Constitución es una organización de memoria y derechos humanos en Santiago de Chile, fundada por sobrevivientes como Ana María Campillo y Patricia Herrera. Su objetivo principal es rescatar del olvido los crímenes cometidos en el ex centro de detención clandestino, tortura y violencia política sexual conocido como Cuartel N°1, ubicado en los subterráneos bajo la Plaza de la Constitución y el Palacio de La Moneda durante la dictadura militar.

Tatiana Hernández Comandini, Socióloga, Observatorio de Género y Equidad

Isidora García Concepción, Antropóloga

Durante tres meses —entre mayo y julio de 2026— mujeres de organizaciones sociales, feministas, sindicales, rurales, indígenas, de la pesca artesanal, migrantes y de la diversidad sexual se reunieron para conversar sobre algo que rara vez se pregunta con seriedad: qué le hace la política, en la vida concreta y cotidiana, a quienes la sostienen. Lo que emergió de esos talleres —realizados por el Observatorio Género y Equidad y el MEMCH— no es una queja abstracta contra un gobierno, sino un mapa detallado de cómo el retroceso de las políticas públicas se convierte, para las mujeres, en menos salud, menos tiempo, menos seguridad y más miedo.

La democracia y el Estado como condición de vida digna

Un hilo atraviesa todos los territorios consultados, desde el altiplano de Parinacota hasta el maritorio habitado por las mujeres dedicadas a la pesca artesanal, pasando por Santiago, Tirúa y Villarrica: las mujeres no valoran la democracia como un ideal lejano, sino como la única vía que conocen para que el Estado sostenga sus condiciones materiales y su capacidad organizativa. Incluso quienes han resuelto su bienestar al margen de las instituciones —con huertas, trueque, redes comunitarias— saben que ese margen de autonomía no alcanza para quienes llevan décadas esperando que se garanticen derechos básicos. La experiencia les ha enseñado que sin un Estado presente, la desigualdad territorial y social simplemente se profundiza.

Por eso la actual administración —con su retiro de subsidios, el cuestionamiento a la Pensión Garantizada Universal, el debilitamiento del acceso a medicamentos y el fin de programas de apoyo a personas mayores y a la agricultura familiar campesina, entre otros— no se vive como un ajuste técnico, sino como el desmantelamiento de la única red que muchas mujeres tienen para sostener la vida.

Un mapa emocional del malestar

En los talleres aparecen, una y otra vez, cinco emociones: rabia, agobio, desilusión, miedo y dolor. Rabia frente a un proyecto político que perciben como una revancha contra los avances sociales conquistados con años de trabajo colectivo y esfuerzo por visibilizar a las mujeres como personas con derechos humanos. Agobio frente al encarecimiento de lo esencial y la sobrecarga de cuidados que antes, al menos en parte, asumía el Estado a través del reconocimiento expresado en la instalación de una política nacional también en riesgo. Desilusión por la oportunidad perdida de ampliar derechos en el proceso constituyente. Miedo, alimentado por la memoria de la dictadura y por el recrudecimiento de un odio machista que —dicen las propias mujeres— «salió del clóset». Y dolor, al constatar que las luchas que costaron tanto no han encontrado justicia y que el proyecto de sociedad por el que se trabajó se aleja reforzado por más impunidad.

Pero también aparece, aunque de forma más tenue, la esperanza: la convicción de que la unidad, la organización y la movilización siguen siendo una fuente de fuerza colectiva.

Las opresiones no llegan solas

Lo más urgente que revelan estos talleres es que el retroceso no golpea igual a todas. Se agudiza allí donde las desigualdades ya venían entrecruzadas. Las mujeres indígenas que habitan territorios codiciados por la economía extractivista —en el altiplano, en la precordillera, en Tirúa— enfrentan además el avance de una agenda que amenaza con debilitar la Ley Indígena y la Ley Lafkenche, abriendo la puerta a la venta o el arriendo de tierras que son, para ellas, fuente de agua, de alimento y de sentido comunitario. A esa amenaza se suma la dispersión geográfica: cuando el transporte público se encarece o se reduce, son las mujeres mayores rurales quienes deben caminar largas distancias para acceder a una atención de salud que ya era escasa.

Para las mujeres migrantes, en particular aquellas en situación irregular, la precarización adquiere otro rostro: el temor constante a la fiscalización y la expulsión, la imposibilidad de iniciar actividades económicas propias por no contar con documentos, una salud mental erosionada por la ansiedad y la incertidumbre normativa. Cuando además se es mujer trans y migrante, ese miedo se multiplica: no hay institución que garantice resguardo y el hostigamiento se vive en varios frentes a la vez.

Las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, por su parte, describen un ambiente en que las narrativas conservadoras —antes contenidas— hoy se expresan sin disimulo. El miedo a tomarse la mano o besarse en la calle, la sensación de estar desapareciendo de los discursos públicos, la precarización de los propios espacios de activismo: todo esto compone una fragilidad específica, que no se explica solo por ser mujeres, sino por la forma en que el género se entrelaza con la orientación sexual, la identidad de género, la pertenencia indígena y, en muchos casos, con la condición migrante.

Esta mirada interseccional es clave: no existe «la mujer» afectada de manera uniforme por este gobierno. Existen mujeres rurales, indígenas, migrantes, trans, lesbianas, sindicalizadas, viejas, adolescentes y niñas cuyas opresiones se acumulan y se potencian entre sí, y para quienes cada recorte de política pública no es un dato abstracto, sino una amenaza concreta a su autonomía, su seguridad y, en algunos casos, su supervivencia.

La respuesta: organizarse para sostener la vida

Frente a este panorama, la respuesta que las propias mujeres construyen no es la parálisis, sino la organización. Ollas comunes, compras colectivas, trueque, huertas compartidas; espacios de escucha con dos reglas simples —no juzgar y guardar confidencialidad—; la voluntad de tejer alianzas entre territorios y con otros movimientos sociales; y, sobre todo, la decisión de canalizar la rabia en energía organizativa en lugar de dejar que se vuelva destructiva. Muchas evocan la memoria de la organización popular de los años ochenta, cuando la necesidad material y el autoritarismo empujaron a las mujeres a inventar redes de apoyo que hoy vuelven a activar.

Ese gesto —preguntarle a la otra cómo está y qué necesita— es, quizás, la política más elemental y más potente que estos talleres nos dejan: la certeza de que sostener la vida, en tiempos de retroceso, es también un acto colectivo de resistencia.

Llega a consulta una mujer llamada Emilia.

Cuenta que hace años fue a terapia porque sufría episodios de violencia con su pareja. Le sirvió; pudo ser escuchada, pudo llorar, pudo expresarse. Pero esta vez vuelve porque sigue sintiendo el cuerpo en alerta. Desconfía de los demás; reacciona de forma abrupta ante ciertos sonidos y no logra conectar sexo afectivamente con otras personas. Queda claro que algo no se resolvió. No porque la terapia anterior haya sido mala, sino porque hablar de lo que pasó no es lo mismo que trabajar las consecuencias traumáticas que la violencia de género puede dejar en la forma de habitar el mundo.

Casos como el de Emilia llegan con frecuencia a nuestra consulta. Y su historia no es excepcional. Los femicidios en Chile superan los 40 casos al año desde hace más de una década. A julio de 2026 ya se registran 19 femicidios consumados y 157 frustrados. Pero esas cifras representan solo la expresión más extrema de una violencia mucho más extendida, cuyas secuelas suelen persistir incluso cuando la agresión ha terminado. Hoy sabemos que la violencia de género no deja únicamente recuerdos dolorosos: también puede alterar la manera en que el sistema nervioso responde al entorno, manteniendo al cuerpo en un estado permanente de alerta.

Frente a esa realidad, surge una pregunta que en Minka nos parece central: ¿qué sígnica, en lo concreto, la reparación psicológica de una mujer en el contexto de una consulta terapéutica?

El derecho a la salud mental suele entenderse como un derecho de acceso: que exista una atención disponible, que una profesional pueda recibirte. Y eso importa. Pero no es suficiente. Ser escuchada no es lo mismo que trabajar en la propia reparación. La calidad de la atención también forma parte del derecho a la salud, y en muchos casos, ejercer plenamente ese derecho requiere una profesional con conocimientos específicos sobre las consecuencias psicológicas de la violencia de género.

En el caso de Emilia, no solo necesita calidez, ni empatía. Necesita que la terapeuta comprenda cómo opera el poder en una relación violenta; cómo el cuerpo aprende a anticipar el peligro en espacios donde debería sentirse seguro; cómo ciertos síntomas son respuestas que adquieren sentido en un contexto de desigualdad. Sin esa lectura, resulta mucho más difícil comprender por qué el miedo persiste, por qué algunos vínculos vuelven a reproducir patrones de violencia o por qué el cuerpo continúa reaccionando cuando, aparentemente, todo ya terminó.

Esa perspectiva puede ser necesaria en muchos espacios terapéuticos, no solo en el nuestro. Por eso, el equipo de Minka reúne especialidades diversas y enfoques distintos, pero comparte una misma mirada de género para comprender las experiencias de las mujeres que consultan. Como psicólogas, creemos que la especialización no es un valor agregado: es una condición mínima para que la reparación sea posible y los efectos de la psicoterapia perduren en el tiempo. Reducir nuestro trabajo a la disponibilidad de una hora de consulta es pasar por alto lo necesario para proteger, de manera efectiva, el derecho de las mujeres a una atención de calidad.

Si creemos que el derecho a la reparación psicológica se cumple únicamente cuando alguien escucha a una mujer, estamos haciendo solo la mitad del trabajo. Esa escucha debe estar sostenida por una mirada de género y por un saber técnico capaz de comprender y transformar las huellas que la violencia y la desigualdad dejan en la vida de quienes las han experimentado.

Nuestra apuesta es alta, pero justa. Que Emilia sea atendida bajo el ala del feminismo significa ofrecerle un espacio donde su experiencia no sea minimizada ni individualizada, sino comprendida en toda su complejidad. Porque reparar no consiste solo en sobrevivir a la violencia; también implica recuperar la posibilidad de vivir sin que el miedo siga organizando la propia vida. Y esa también es una forma de justicia.

Sobre Minka

Minka Psicólogas Feministas es una red de profesionales de la salud mental que brinda atención psicológica especializada a mujeres mayores de 18 años, con un enfoque feminista y una perspectiva de género. Nacida durante la pandemia de COVID-19 como respuesta al aumento de la violencia contra las mujeres y a las dificultades de acceso al apoyo psicológico, Minka trabaja por ofrecer espacios terapéuticos seguros, accesibles y libres de revictimización.

Sigue a Minka en Instagram: @minkapsicofem

Por Camila Ferreira, periodista 

Cada tres días, en promedio, la prensa fue víctima de algún tipo de agresión en Chile. Así lo informó el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) -organización sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión y la protección a la prensa- que analizó las vulneraciones contra la prensa entre 2022 y 2025.

Las cifras son contundentes: en cuatro años se documentaron 424 vulneraciones contra el ejercicio del periodismo y 485 víctimas o entidades afectadas, además del aumento en un 69,4% en el número de incidentes, pasando de 85 casos a 144 en 2025. 

Pese a que los ataques físicos siguen siendo los más reportados, con 119 registros, disminuyeron de 40 hechos registrados en 2024 a 17 durante 2025. Sin embargo, esto no implica necesariamente un entorno más seguro para el ejercicio periodístico. En cuanto a los discursos estigmatizantes, alcanzaron 46 registros y las agresiones verbales llegaron al máximo histórico de 45 casos, un aumento que coincide con los escenarios de alta polarización pública y electoral, especialmente durante las elecciones presidenciales de 2025.

Violencia digital

El mayor número de afectaciones, con 270 víctimas (55,67%) se concentró en reporteras, conductoras y analistas y, aunque los hombres concentraron más casos en términos absolutos, las agresiones contra mujeres periodistas muestran mayores niveles de reiteración, exposición y hostilidad digital.

En cuanto a los ataque cometidos, se registraron 125 por actores estatales, 46 por autoridades públicas y 45 por Carabineros. Respecto a ataques cometidos por  agresores no estatales, se acumularon 261, siendo 113 perpetrados por usuarios de plataformas digitales. También se documentaron 45 situaciones de hostigamiento judicial a lo largo del periodo y los incidentes de violencia facilitada por el uso de tecnología digital aumentó de 5 registros en 2022 a 17 en 2025, demostrando una transformación progresiva y sofisticación en las formas de violencia. 

Al respecto, el Presidente del ODC, Javier García, aseguró que “Ya no se trata únicamente de impedir físicamente una cobertura, también se desarrollan dinámicas de hostigamiento y descrédito sostenidas en el tiempo que buscan desgastar e intimidar a periodistas para promover la autocensura, siendo los medios locales e independientes los más vulnerables a estas prácticas”.

Es importante mencionar que el organismo advierte que las cifras corresponden a situaciones que pudieron ser detectadas y verificadas, provocando que la capacidad de seguimiento sea más limitada en regiones y zonas rurales, por lo que la dimensión de la violencia contra la prensa fuera de Santiago todavía podría estar subrepresentada. 

Para la periodista, locutora y corresponsal de prensa, Nayadet Oyarzún, uno de los principales problemas que ha debido enfrentar es el exceso de centralismo, ya que generalmente se piensa que en regiones se trabaja igual que en Santiago:“Grabando con la ética y el respeto que corresponde, se acercó a atacarme un grupo de funcionarios municipales cuando grabamos un «tren de olas». A veces la gente no te deja trabajar, una sabe que no debe grabar niños, pero cuando ocurre una contingencia y grabas el momento, la gente no puede oponerse”, aseveró.

Respecto al sentido del monitoreo, García apunta a la visibilización de un vacío estructural:: “El monitoreo es clave… ya que sin datos, no es posible trabajar en políticas públicas eficaces ni en protección real a la prensa”.

En un contexto de creciente polarización política, el informe plantea que estos datos reafirman la necesidad de fortalecer las garantías para el ejercicio del periodismo.La libertad de prensa no es un asunto técnico: es una condición necesaria para la democracia. 

Revisa el Informe de Vulneraciones contra la Prensa 2022-2025 del ODC aquí

Hubo un tiempo en que las mujeres aprendimos que había cosas que era mejor no contar.

No porque no hubieran ocurrido. Sino porque contarlas implicaba volver a atravesarlas. Significaba responder preguntas que nunca se hacían a los agresores, justificar decisiones tomadas bajo el miedo, soportar la sospecha de quienes preferían dudar de una víctima antes que cuestionar una estructura que durante siglos había normalizado la violencia contra las mujeres.

Durante demasiado tiempo la violencia sexual no solo habitó los cuerpos de las mujeres. También habitó las palabras con las que decidimos contarla. Porque quien controla el relato también disputa la memoria. Habitó también el silencio. El de las familias que pedían olvidar, el de las amistades que miraban hacia otro lado, el de instituciones que desconfiaban antes de escuchar y el de un periodismo que, demasiadas veces, puso el foco en la vida de las víctimas antes que en la responsabilidad de quienes ejercían la violencia.

Por eso, cuando las mujeres comenzaron a hablar, no solo empezaron a compartir experiencias. Comenzaron a disputar el relato.

Cristina Fallarás entendió muy pronto que lo que estaba ocurriendo iba mucho más allá de un caso judicial. Con #Cuéntalo ayudó a construir un archivo colectivo de la violencia narrada por las propias mujeres. Primero fue Ahora contamos nosotras (2019), nacido de aquella irrupción masiva de testimonios. Más tarde, No publiques mi nombre (2024) volvió sobre una pregunta igual de incómoda: cuánto sigue costando hablar cuando la violencia sexual continúa atravesando tantos espacios de la vida cotidiana. Entre ambos libros no solo hay cinco años. Hay una transformación en la manera en que las mujeres recuperaron el derecho a contar su propia historia.

Y fue en medio de ese cambio de época cuando ocurrió el caso de La Manada.

Como ha escrito la periodista Isabel Valdés al cumplirse una década del caso, La Manada modificó la conversación pública sobre la violencia sexual. No resolvió las desigualdades ni acabó con la impunidad, pero hizo que cuestiones como el consentimiento dejaran de ocupar un lugar marginal para instalarse en el centro del debate.

Hace diez años, aquella violación grupal durante los Sanfermines no solo conmocionó a España. Interpeló al mundo. No porque fuera el primer caso de violencia sexual ni el más brutal, sino porque dejó al descubierto algo que millones de mujeres reconocieron de inmediato: la violencia no terminaba con la agresión. Continuaba en los tribunales, en los titulares, en las conversaciones cotidianas, en cada intento por explicar por qué una mujer no había gritado lo suficiente, no había escapado a tiempo o no había denunciado antes.

La respuesta social fue inédita. Las calles se llenaron de personas que comprendieron que la pregunta nunca debió ser qué hizo ella, sino por qué seguimos buscando explicaciones para quienes ejercen la violencia. Aquella movilización también interpeló a los tribunales y a los medios de comunicación.

Las palabras nunca son inocentes. Cambiar la manera en que nombramos la violencia también transforma la forma en que una sociedad decide verla.

Porque aquello que no tiene nombre suele parecer excepcional, anecdótico o inevitable. Nombrar permite reconocer patrones, identificar responsabilidades y comprender que la violencia no es una suma de casos aislados, sino una expresión de relaciones de poder profundamente arraigadas.

Sin embargo, diez años después, quizás la pregunta más incómoda no sea cuánto hemos avanzado, sino cuánto ha aprendido también la propia violencia.

Porque las violencias mutan.

Por mucho tiempo pensamos la violencia sexual desde escenarios concretos: una calle, una fiesta, una universidad, un lugar de trabajo, un hogar. Hoy sabemos que esa separación resulta insuficiente. Lo que durante décadas ocurrió en el espacio físico encontró en el entorno digital nuevas formas de reproducirse, organizarse y amplificarse. No hablamos de violencias distintas. Hablamos de un mismo continuo de violencia que utiliza otras herramientas para perseguir el mismo objetivo: disciplinar la participación de las mujeres en el espacio público.

Los canales de Telegram donde se comparten imágenes íntimas sin consentimiento. Las campañas coordinadas de hostigamiento contra periodistas y defensoras de derechos humanos. La creación de contenido sexual mediante inteligencia artificial. La difusión masiva de fotografías para humillar, disciplinar o expulsar a mujeres del espacio público. No son fenómenos nuevos ni hechos aislados. Son comunidades organizadas que reproducen, ahora mediante otras herramientas, las mismas lógicas de complicidad y disciplinamiento que durante décadas conocimos fuera de las pantallas.

Durante mucho tiempo hablamos de violencia online como si ocurriera en un universo distinto. Hoy sabemos que esa frontera nunca existió. La violencia que antes se sostenía en el silencio de una oficina, de un colegio, de una universidad o de un grupo de amigos también encontró en las plataformas digitales un espacio para amplificarse, organizarse y multiplicarse.

Las plataformas son nuevas. Las lógicas que buscan controlar, humillar y disciplinar a las mujeres siguen siendo las mismas.

Y junto con las formas de violencia también se reorganizaron las resistencias a los avances conquistados. Los discursos sobre las falsas denuncias vuelven una y otra vez. Las estrategias para desacreditar a quienes denuncian reaparecen con nuevos lenguajes. La sospecha continúa siendo una herramienta eficaz para devolver a las mujeres al lugar del silencio.

La violencia rara vez es únicamente obra del agresor. Quizás por eso resultan tan vigentes las palabras de la antropóloga Ana Burgos cuando afirma que muchos hombres siguen callando cuando el denunciado es un amigo. Porque la violencia sexual nunca ha sido únicamente un problema de agresores. También necesita comunidades que relativicen, instituciones que demoren, plataformas que obtengan beneficios de la circulación del odio y personas dispuestas a no incomodar a los suyos.

Hace años Rita Segato advertía que la violencia sexual funciona también como un mensaje disciplinador dirigido al conjunto de las mujeres. Quizás por eso cada agresión pública produce un efecto que trasciende a la víctima: redefine los límites de lo que una sociedad considera tolerable.

Cuando Gisèle Pelicot decidió renunciar al anonimato durante el juicio que expuso décadas de violencia sexual sistemática, desplazó la vergüenza hacia quienes durante tanto tiempo habían logrado esconderla. Su decisión no sólo interpela a los agresores. También obligó a mirar las redes de silencio, complicidad e indiferencia que permiten que estas violencias persistan durante años.

Quizás ese sea el principal legado de esta década. Hubo un tiempo en que las mujeres aprendieron que había cosas que era mejor no contar. Hoy el desafío es otro: preguntarnos si realmente estamos escuchando mejor, si somos capaces de reconocer las nuevas formas que adopta la violencia antes de que vuelvan a parecernos normales y si quienes contamos estas historias -el periodismo, las instituciones y la sociedad en su conjunto- estaremos a la altura de esa responsabilidad. Porque las violencias cambian de forma. El silencio también.

Por: Camila Ferreira

Compuesta por las comunas de Angol, Collipulli, Curacautín, Ercilla, Lonquimay, Los Sauces, Lumaco, Purén, Renaico, Traiguén y Victoria; el 27,9% de su población vive en sectores rurales, más del doble que el promedio nacional (13,3%). Para las mujeres, eso puede traducirse en mayores distancias para llegar a un hospital, a un tribunal de familia, a una sala cuna o a una oportunidad laboral.

La educación tampoco escapa de esa lógica. El promedio ponderado de escolaridad en Malleco es de aproximadamente nueve años. Es más, ninguna de las once comunas de la provincia alcanza el promedio nacional de 10,4. Esto no solo incide en el tipo de empleo al que una mujer puede acceder, sino también determina su capacidad de conocer y ejercer sus derechos. 

Derecho que el sistema público objeta

Según datos del Registro Social de Hogares, el 92,4% de las personas de Malleco pertenece a Fonasa, frente al 86,5% nacional, lo que indica es que la mayor parte de la población depende del sistema público de salud y se ve afectada por las listas de espera, su escasez de especialistas y su distribución territorial deficiente sin una alternativa real en el sistema privado.

Aquello también afecta el derecho de las mujeres sobre una garantía legal, que cuenta con una barrera más alta que en otras partes del país: la Ley 21.030, que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales

Según el Informe de Objeción de Conciencia en Chile 2025 de Corporación Humanas, el Servicio de Salud Araucanía Norte tiene la tasa más alta de objeción de conciencia del país. De 17 obstetras contratados, 14 objetan en la causal de embarazo por violación, 9 en la causal de inviabilidad fetal letal y 4 en riesgo vital de la mujer.

Al comparar esas cifras con el promedio nacional, la diferencia es significativa:

Fuente: Informe de Objeción de Conciencia en Chile 2025 de Corporación Humanas

El peso del cuidado

La proporción de personas con discapacidad nuevamente tiene una proporción más alta que el promedio del país. El 14,7% de su población de cinco años o más presenta alguna discapacidad, frente al 11,1% nacional, aproximadamente un tercio más que la media.

En Chile, alrededor del 85% de las personas registradas como cuidadoras son mujeres. Y en la provincia, aproximadamente el 50,9% de los hogares tiene jefatura femenina, frente al 49,9% nacional. En ese contexto, las mujeres no solo enfrentan sus propias condiciones de precariedad, sino que además sostienen de manera no remunerada y con escasas redes de apoyo el cuidado de familiares con discapacidad, en un territorio donde los servicios especializados son más escasos y más lejanos que en el resto del país.

Trabajar más para ganar menos

En 2025, el ingreso laboral promedio de las mujeres de la Araucanía fue de $665.002 mensuales, mientras que a nivel nacional fue de $832.566. Una diferencia en promedio de $167.564 menos al mes.

Pero la brecha no termina ahí. Según la Encuesta Suplementaria (ESI) de Ingresos 2025, dentro de la propia región existe una desigualdad por género, puesto que el ingreso laboral promedio de las mujeres de la Araucanía fue un 15,6% inferior al de los hombres de la región. La diferencia aumenta en la población entre 55 y 64 años de edad, con una brecha de 40,7% en desmedro de las mujeres.

Según la Encuesta Nacional de Empleo del INE, durante el trimestre marzo–mayo de 2026 la tasa de desocupación de las mujeres de la Araucanía alcanzó el 10,3%, frente al 7,4% de los hombres, mientras su participación laboral fue de solo 49,5%, comparada con el 64,7% masculino. Aunque el empleo femenino aumentó 4,5% en doce meses, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por las asalariadas informales. El INE informó una desocupación femenina de 10% para la provincia de Cautín, pero no publicó una estimación equivalente para Malleco.

Femicidio: la violencia que no necesita conflicto armado para matar

Cuando se habla de violencia en la Araucanía, rara vez se habla del tipo de violencia que mata más mujeres en la región: la que ocurre puertas adentro, en manos de quienes las conocen.

En 2025 se registraron en la Araucanía cuatro femicidios consumados, 49 femicidios frustrados y cinco femicidios tentados. Las tasas por cada 100.000 mujeres hacen visible la gravedad del problema cuando se comparan con el promedio nacional:

Fuente: Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.

La Araucanía tiene una tasa de femicidios frustrados que casi triplica el promedio nacional. Ese número —el más alto y el más revelador— habla de una violencia que existe, que llega a su punto crítico con frecuencia, y que en muchos casos no logra ser letal solo porque algo la detiene en el último momento. No porque no lo intentara.

En una provincia donde las distancias son más largas, las redes de apoyo más escasas y los dispositivos de atención en violencia de género más difíciles de alcanzar, las mujeres que escapan de una situación de violencia lo hacen con menos recursos y en condiciones más desfavorables.

Lo que la seguridad oculta

La cobertura mediática sobre la Araucanía Norte ha estado dominada, especialmente desde el inicio del actual gobierno, por el lenguaje del conflicto, la militarización y la amenaza al orden público. Ese encuadre no es neutral: desplaza sistemáticamente otras lecturas posibles sobre el mismo territorio.

Cuando la «macrozona sur» ocupa los titulares, raramente aparecen en ellos las mujeres que sostienen los hogares más pobres y rurales de la zona. Las que cuidan a familiares con discapacidad sin remuneración ni apoyo. Las que ganan un 20% menos que sus pares en el resto del país. Las que enfrentan una tasa de femicidios que casi triplica el promedio nacional. Las que buscan ejercer un derecho garantizado por ley y se topan con un sistema que se lo niega en proporción récord.

Nombrar esa realidad no es ignorar el conflicto territorial: es negarse a que el conflicto borre a las mujeres del relato.

Porque ellas están ahí. Son el 51,8% de Malleco. Sostienen más de la mitad de sus hogares. Y merecen más que aparecer como telón de fondo de una narrativa que no las ve.

La intersección que los datos a veces omiten

El 26,1% de la población de Malleco se identifica como perteneciente a un pueblo indígena u originario, la mayoría del pueblo mapuche. Eso es el doble del promedio nacional, que llega a un 11,4%. 

Para las mujeres mapuche de la provincia, las desigualdades señaladas en este reportaje se cruzan con otras: la discriminación étnico-racial en el acceso a servicios de salud, las barreras lingüísticas y culturales en el sistema de justicia, la criminalización de las comunidades en el contexto del conflicto territorial, y la invisibilización de sus propias formas de organización y resistencia dentro de un relato nacional que los reduce a víctimas o a amenaza.