El Consejo para la Transparencia acogió el amparo presentado por Corporación Humanas  y ordenó a la Subsecretaría de Redes Asistenciales entregar información sobre objeción de conciencia en hospitales públicos en el marco de la Ley N.º 21.030 de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales.

La resolución, emitida el pasado 7 de mayo de 2026 (ROL C381-26), da respuesta a la acción presentada por la organización el 12 de enero de este año, luego de solicitar antecedentes desagregados por establecimiento de salud respecto del personal objetor de conciencia.

La solicitud requería información desagregada por establecimiento de salud respecto del personal objetor de conciencia, incluyendo médicos/as obstetras, anestesistas, profesionales no médicos y técnicos/as paramédicos vinculados a pabellón.

La decisión del Consejo reafirma el derecho de acceso a la información pública y el deber de los órganos del Estado de transparentar  antecedentes vinculados a la implementación de políticas públicas relacionadas  con derechos fundamentales.

Monitoreo y acceso a derechos

Desde el 2018, Corporación Humanas realiza monitoreos anuales sobre la implementación de la objeción de conciencia en el marco de la Ley IVE, elaborando informes con información desagregada por hospital para identificar barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y monitorear el funcionamiento de la red pública de salud.

Contar con información pública actualizada y desagregada permite identificar obstáculos en el acceso a prestaciones de salud sexual y reproductiva, evaluar el cumplimiento de las obligaciones estatales y contribuir a garantizar una atención oportuna y libre de barreras para mujeres, niñas y personas gestantes.

Asimismo, el acceso a la información estatal  constituye una herramienta clave  esencial para la transparencia, la rendición de cuentas y el control democrático de las políticas públicas, especialmente cuando se trata de derechos sexuales y reproductivos.

Desde Corporación Humanas señalaron que continuarán impulsando acciones orientadas a fortalecer el acceso a la información y el monitoreo de la implementación de la Ley N.º 21.030, como parte   de  las garantías necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos.

Por primera vez, el 13 de mayo se conmemora el Día de la ESI, una fecha que busca visibilizar problemáticas que han estado presentes durante años en nuestra sociedad y generar conciencia sobre la importancia de la educación sexual integral.

Muchas veces se reduce a las personas a un ámbito biológico y reproductivo, ignorando las demás dimensiones de la sexualidad, como el aspecto social, emocional y psicológico, y dejando de lado, de cierto modo, la complejidad del ser humano.

La educación sexual integral surge como una respuesta a distintos problemas presentes en la sociedad, como los embarazos adolescentes, la violencia de género y las infecciones de transmisión sexual.

Es necesaria, ya que no todos reciben el mismo tipo de educación en sus hogares. Y no se trata de “hablar de sexo” o “adoctrinar a los estudiantes”, sino de proteger nuestra integridad, fomentar el respeto y entender la vida en relación con otros. Los organismos internacionales han impulsado la ESI como un derecho, no como una opción.

Durante el último tiempo se le ha criticado mucho, se ha dicho que es una mentira de cierto sector político, que no sirve de nada y, en especial, que es una forma de adoctrinar. Sin embargo, la ESI es necesaria para construir una sociedad más saludable y responsable. No se trata de imponer opiniones, sino de entregar herramientas que permitan actuar frente a la desinformación y dar alternativas a quienes no han tenido acceso a este tipo de educación.

La educación sexual se adapta a las distintas etapas de las y los estudiantes. En los niveles más tempranos se les enseña a reconocer sus emociones, cuáles son sus límites y el cuidado de su propio cuerpo, mientras que en básica y media se abordan temas como el consentimiento, los cambios del cuerpo durante la adolescencia, la prevención de ETS y los métodos anticonceptivos, entre otros. También promueve las relaciones sanas, el autodescubrimiento y visibiliza diferentes realidades e identidades, como las diversidades sexuales y de género.

Aunque se quiera evitar el tema, esto no hará que desaparezca. Las infecciones de transmisión sexual, la violencia en las relaciones y los embarazos adolescentes seguirán existiendo, pero no se enseñará cómo prevenirlos. Se cierra la puerta a que muchos puedan encontrar respuestas a preguntas que, de todas formas, van a surgir.

Seguirán existiendo distintas formas de relacionarse, tanto sexual como afectivamente, y personas que no se sientan conformes con su sexo asignado al nacer. Porque no hablar sobre sexualidad no es una solución, no elimina los problemas solo los invisibiliza

La educación es la base del futuro y la herencia que transmitiremos a las futuras generaciones. Por más que algunos estén en desacuerdo con la ESI, no es la educación la que pone en riesgo a los jóvenes, sino la falta de ella. Es importante hablar de las diferencias de las personas para así poder apreciarlas y protegerlas. Es nuestra decisión y responsabilidad si queremos seguir evitando estos temas y quedarnos 50 años atrás.

Por Ignacia Vinet, estudiante de tercero medio del Colegio San Antonio de Villa Alemana y voluntaria de la ONG Intransigentes.

*Las opiniones vertidas en las columnas son de responsabilidad de su autor o autora y no del medio La Neta

Por Mistral Ensignia Fries.

El Servicio Electoral de Chile (Servel) tiene la obligación legal de actualizar la distribución de escaños tras cada Censo. En ese marco, el pasado 18 de abril publicó una nueva distribución que afectaría a varios distritos.

El ajuste se basa en un criterio proporcional y técnico: los distritos con mayor población tienen más representantes, con un mínimo de tres y un máximo de ocho escaños. En ese marco, la Región Metropolitana es la principal zona  donde se concentran los cambios, particularmente en los distritos 8, 9, 10, 11, 12 y 14. También se registran alzas en otras regiones del norte y centro del país: Antofagasta aumenta un escaño en el distrito 3, Coquimbo llega a 8 diputaciones en el distrito 5 y Biobío aumenta a 6 representantes en el distrito 21. 

Por otro lado hay regiones como Atacama, O’Higgins, Maule o la Araucanía que pierden escaños, lo que refleja cambios en la distribución de la población a nivel nacional y un traspaso de representación en territorios. 

Es importante tener en claro que el número total de diputados y diputadas se mantiene en 155. Sin embargo, la redistribución del Servel modifica el peso electoral de las distintas zonas y regiones del país y podría influir en la competitividad de los distritos, la definición de candidaturas y la conformación de pactos para las próximas elecciones. 

Impacto en el escenario electoral

El nuevo mapa electoral entrará a correr para las próximas elecciones parlamentarias en 2029, por lo que no impactará los procesos electorales en curso. 

La redistribución que hace el Servel redefine el poder territorial, pero no aborda otros temas pendientes en materia electoral, como la desigualdad de género en la representación política.

También puedes leer: Dos Distritos Sin Diputadas: ¿Cómo Quedó La Distribución Del Congreso En Cuanto A Hombres Y Mujeres?

*Por Sasha Ortega

La instalación del nuevo gobierno en Chile no solo implica nuevas autoridades, sino también la configuración de un nuevo escenario político. Con la llegada de José Antonio Kast a la presidencia,  la conformación de su gabinete y la instalación del nuevo Congreso, se redefinen prioridades, equilibrios y posibilidades de avance en materia de derechos de las mujeres en Chile.

En este contexto, la presentación realizada ante la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados el pasado 25 de marzo marca una hoja de ruta inicial. Esta agenda de género en Chile prioriza la inserción y permanencia laboral de las mujeres, el fortalecimiento de políticas de conciliación y corresponsabilidad, y el abordaje integral de la violencia de género, incluyendo su expresión en entornos digitales.

Estas definiciones no solo orientan el trabajo legislativo, sino que también dan cuenta de un intento por articular políticas públicas interministeriales con enfoque de género desde el arranque del nuevo gobierno.  

Agenda de género en Chile: ejes prioritarios del Ministerio de la Mujer

En el marco de la presentación realizada por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, ante la Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputadas y Diputados, se definieron tres ejes prioritarios que orientan la acción pública hacia una mayor equidad.

El primero se centra en el empleo femenino, promoviendo la inserción y permanencia laboral mediante mejores condiciones y más oportunidades. 

El segundo eje apunta a  entregar apoyos concretos para compatibilizar trabajo, vida personal y cuidados, junto con fomentar una cultura de corresponsabilidad. 

El tercero,  pone foco en la seguridad y el derecho a una vida libre de violencia, fortaleciendo la prevención, persecución y reparación, así como la coordinación institucional para garantizar respuestas más oportunas y efectivas. 

Brechas estructurales que enfrentan las mujeres

Tal como han señalado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), persisten barreras estructurales  para el acceso  y permanencia de las mujeres  en el mercado laboral, como la desigual distribución de los cuidados, las brechas salariales y la discriminación a lo largo del ciclo  de la vida.

A esto se suma que, según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, las mujeres continúan dedicando significativamente más horas al trabajo no remunerado que los hombres. 

En este escenario, la agenda que comienza a delinearse busca hacerse cargo de estas desigualdades  , con medidas orientadas a redistribuir los  cuidados y avanzar hacia una vida más segura y libre de violencia. 

¿Cómo afectará el recorte del 3%?

En paralelo a la definición de estos ejes, el ajuste fiscal anunciado por el gobierno -que contempla un recorte del 3%- abre una interrogante clave: ¿con qué recursos se sostendrán estas prioridades?

La reducción del gasto público podría tensionar la implementación de políticas orientadas a la equidad de género, especialmente aquellas que requieren inversión sostenida, como los sistemas de cuidados, la prevención de la violencia y el fortalecimiento institucional.

En ese escenario, el desafío no será solo definir una agenda, sino garantizar su viabilidad. Porque sin recursos, la agenda de género en Chile corre el riesgo de quedar en el plano declarativo, sin capacidad real de transformar las condiciones de vida de las mujeres.

Por Sasha Ortega

Cada año, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW)  se convierte en el principal escenario internacional donde los Estados negocian compromisos sobre igualdad de género y derechos de las mujeres. Este es el mayor encuentro anual de las Naciones Unidas y, en su edición 70, el tema prioritario fue “Garantizar y reforzar el acceso a la justicia para todas las mujeres y niñas”.

En este último encuentro, conocido como CSW70 (2026), se volvieron  a poner sobre la mesa debates clave: desde la autonomía de las mujeres hasta el impacto de las crisis globales en la profundización de las desigualdades de género. Pero más allá de la diplomacia, la CSW también es un terreno de disputa donde distintos actores -incluidos los sectores conservadores- buscan incidir en el lenguaje, los compromisos y los límites de los derechos reconocidos. 

Desde Corporación Humanas, su directora Paula Salvo señaló que “de alguna manera lo que una debiera esperar de estas instancias es que sean  capaces de abordar  temas que a nivel mundial son fundamentales, como la paz y el rol que tienen las mujeres en una agenda de mujeres, paz y seguridad”. 

Esto se da en un contexto marcado por los conflictos armados a nivel mundial y por la necesidad de reforzar  una idea clave de Naciones Unidas  y que las mujeres no son solo víctimas en  estos escenarios. Si bien sus derechos se ven vulnerados de manera diferenciada, también  cumplen un rol fundamental en la construcción de paz y la resolución de conflictos. 

Incidencia feminista 

La CSW es también un espacio donde la sociedad civil juega un rol clave. Participan organizaciones feministas, ONG con estatus consultivo, entidades de Naciones Unidas y redes juveniles como el Caucus Juvenil de Género, que inciden antes, durante y después del periodo de sesiones. 

Estas organizaciones no solo participan en  espacios formales, sino que articulan estrategias colectivas -como  declaraciones conjuntas, monitoreo de negociaciones y acciones de presión pública- para evitar retrocesos en los derechos ya conquistados, fortalecer estándares internacionales y exigir a los Estados que traduzcan los compromisos en políticas públicas concretas. 

En la justicia se juega la igualdad de género

El acceso a la justicia no es solo un concepto: es el espacio donde, en la práctica, se garantiza o vulnera el ejercicio de derechos. Sin embargo, para muchas mujeres y niñas, los sistemas de justicia  siguen siendo inaccesibles o revictimizantes.  

Lo que viene

En ese sentido, la CSW no solo refleja el estado actual de los derechos de las mujeres a nivel global, sino que también anticipa las tensiones que marcarán la agenda en los próximos años. 

Paula Salvo, directora de Corporación Humanas,agregó que: “cuando hablamos de acceso a la justicia, hablamos de la posibilidad de que las mujeres puedan tener una vida libre de violencia, y por lo tanto, de que los sistemas judiciales, administrativos y las políticas públicas sean capaces de incorporar la violencia contra las mujeres como un eje central”.  

De cara a la CSW71, uno de los principales desafíos será avanzar desde los compromisos hacia su implementación efectiva, en un contexto internacional donde los derechos de las mujeres continúan siendo objeto de disputa política.         

*Por Sasha Ortega

En un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones desde la década de 1990, la relación entre las mujeres y los medios de comunicación en Chile se construye entre matices: un consumo intenso de información, uso simultáneo de distintas plataformas y niveles de confianza moderados.

Así lo muestra el informe “Mujeres y confianza en medios”, elaborado a partir del Estudio sobre Confianza en la televisión 2025 del Consejo Nacional de Televisión (CNTV). El documento analiza cómo las mujeres consumen información, en qué medios confían y qué diferencias existen con los hombres. 

Un hallazgo central es que la televisión abierta sigue siendo la principal fuente informativa para las mujeres. Un 54% declara utilizarlas para informarse sobre actualidad, ligeramente por sobre los hombres, que alcanzan el 50%. Estos datos pueden también dar cuenta de una realidad invisibilizada: en contextos  de dobles jornadas -trabajo remunerado y doméstico- muchas mujeres consumen información de manera simultánea a otras tareas, lo que convive con el uso cada vez más diversificado de fuentes informativas.

Pero el consumo informativo ya no ocurre en un solo espacio. Las mujeres también destacan por un uso mayor de redes sociales para informarse, con un 49%, nueve puntos por encima de los hombres. Desde el Colegio de Periodistas de Chile, su presidenta, Rocío Alorda, señaló que: “Es importante que en plataformas digitales se eviten contenidos sexistas y misóginos. Las plataformas no han observado que tienen una audiencia femenina que consume contenido y que, por respeto y seguridad hacia ellas, estos contenidos deberían estar libres de  violencia. Es un ámbito en el que se debe avanzar más”. 

Mujeres en el ecosistema informativo de Chile

Combinan televisión y plataformas digitales, contrastan información y evalúan de forma diferenciada los distintos medios. En ese sentido, la confianza no se configura como una brecha estructural entre hombres y mujeres, sino como una serie de matices en la forma en que cada grupo construye su relación con la información.

En este  contexto, Alorda advierte que: “Aún hay muchas brechas en las coberturas en Chile respecto a contenidos con enfoque de género. Nuestros medios nacionales aún siguen al debe en esta materia y no logran superar obstáculos básicos como incorporar mujeres expertas en paneles o considerarlas como fuentes informativas”.

En este escenario, fortalecer un periodismo que integre perspectivas diversas y visibilice la voz de las mujeres aparece como una condición clave, para consolidar relaciones de mayor confianza entre las audiencias femeninas y el ecosistema informativo en Chile, reconociendo el rol activo que hoy tienen las mujeres en la construcción y circulación de información.

Por redacción 

La Décimoquinta Encuesta Percepciones de las Mujeres sobre sus Condiciones de Vida y el País (2025) revela que la violencia, la inseguridad y la discriminación continúan marcando de manera estructural la vida de las mujeres en Chile.

El estudio, aplicado a 1.301 mujeres mayores de 18 años residentes en el país, muestra que un 85% considera que el nivel de discriminación hacia las mujeres es alto o medio, siendo el trabajo el principal ámbito donde esta se expresa.

Según los resultados, estas percepciones atraviesan edades, territorios y posiciones políticas, lo que evidencia la persistencia de desigualdades en el acceso, permanencia y condiciones laborales de las mujeres.

* Revisa este episodio en el que profundizamos sobre las percepciones de las mujeres sobre su condición de vida

Democracia valorada, pero con una evaluación crítica

La encuesta también muestra tensiones en la percepción del sistema político.

Aunque un 62% de las mujeres considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, solo un 12% se declara muy satisfecha con su funcionamiento.

Para Paula Salvo, directora de Corporación Humanas, estos resultados reflejan una evaluación crítica basada en la experiencia cotidiana.

“Las mujeres no están rechazando la democracia, sino evaluándola desde su experiencia concreta. Cuando la democracia no garantiza seguridad, igualdad ni derechos, se vuelve una promesa que no se cumple en la vida cotidiana”.

Inseguridad y violencia en la vida diaria

La encuesta también evidencia la fuerte percepción de inseguridad que enfrentan las mujeres en distintos espacios.

Un 77% declara haberse sentido insegura en la calle, un 69% en el transporte público y un 67% en plazas o parques.

Además, 63% considera que las redes sociales se han transformado en espacios de acoso y hostigamiento, una percepción que se intensifica entre mujeres jóvenes.

Estos datos muestran cómo el miedo y la violencia restringen la movilidad, la participación social y el ejercicio de derechos.

Cambios culturales y apoyo a derechos

Los resultados también reflejan transformaciones culturales relevantes.

Un 58% de las mujeres se identifica de alguna forma con el feminismo, lo que da cuenta de cambios sociales que atraviesan generaciones y grupos sociales.

En materia de derechos sexuales y reproductivos, un 48% se manifiesta de acuerdo con permitir el aborto hasta la semana 14 sin causales, reflejando tensiones presentes en el debate público, pero también demandas persistentes por autonomía y reconocimiento de derechos.

Interés político y expectativas de representación

El estudio también muestra que 45% de las mujeres declara estar interesada o muy interesada en la política, mientras que 75% está de acuerdo con que la mitad de los cargos de decisión en el país sean ocupados por mujeres.

Las prioridades legislativas mencionadas por las encuestadas incluyen el levantamiento del secreto bancario para combatir la corrupción y el narcotráfico, la condonación del CAE, la ley de violencia digital, la ley de eutanasia y reformas vinculadas a cuidados y participación política.

Según Teresa Valdés, coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, los resultados muestran que las desigualdades que viven las mujeres siguen siendo estructurales, pero conviven con expectativas democráticas cada vez más exigentes.

* Por Sasha Ortega

En esta fecha —que no es celebración, sino memoria, reivindicación y lucha por los derechos— las movilizaciones tomarán diversas plazas y espacios públicos durante marzo de 2026. La jornada del 8 de marzo reinstala en el debate público temas estructurales como la igualdad de género, la erradicación de la violencia machista y el reconocimiento de las mujeres en la historia y la vida social del país.

En un escenario marcado por el inicio de un nuevo ciclo político, las organizaciones feministas han señalado la importancia de mantener la vigilancia frente a posibles retrocesos y de asegurar la continuidad de las políticas públicas en materia de derechos de las mujeres.

Marchas y movilizaciones: el pulso de la calle

La Coordinadora Feminista 8M convocó a marchar el domingo 8 de marzo a las 10:00 horas en Plaza Dignidad, en Santiago. En Valparaíso, el llamado es a la huelga general feminista a las 11:00 horas en Plaza Sotomayor, mientras que en Osorno la movilización se realizará en la Plaza de Armas de Osorno bajo la consigna “Sin retrocesos, con más fuerza: Mujeres trabajadoras organizadas”.

Además de Santiago, en ciudades como Valparaíso, Concepción, Temuco y Punta Arenas se han calendarizado convocatorias para el mismo 8 de marzo, como parte de una jornada descentralizada en todo el país.

Agenda cultural y territorial: marzo como mes de mujeres

Lejos de limitarse al 8 de marzo, diversas actividades artísticas, patrimoniales y educativas se extenderán durante todo el mes, impulsadas por instituciones públicas, universidades y colectivos sociales.

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos convocó para el 6 de marzo a la jornada “Las mujeres tenemos memoria”, un espacio con conversatorios, música, performance y talleres que busca relevar la historia y las luchas de las mujeres en la antesala del Día de la Mujer Trabajadora. En la actividad participarán diversas organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellas Corporación Humanas.

La Organización Udema Histórica realizará el lanzamiento del “Archivo UDEMA: Género y Derechos Humanos en Atacama” el sábado 7 de marzo, en el Museo Regional de Atacama. Se trata de una iniciativa que busca rescatar y poner en valor la memoria histórica de la Unión de Mujeres de Atacama.

Más allá de la jornada: los desafíos en 2026

Si bien las actividades oficiales y comunitarias buscan visibilizar logros y perspectivas, las organizaciones de mujeres y feministas subrayan que el 8M sigue siendo un espacio para reflexionar sobre los desafíos pendientes: desde la violencia machista estructural y las brechas en derechos socioeconómicos, hasta la participación política y la justicia reproductiva.

En este nuevo ciclo gubernamental, el movimiento feminista insiste en que la fecha también es un momento de vigilancia democrática frente a posibles retrocesos en derechos.

El 8 de marzo vuelve a articular historia, cultura y movilización en torno a una demanda persistente: igualdad real y garantías efectivas de derechos para todas las mujeres.

*Por Sasha Ortega

Estamos a solo semanas de una nueva conformación de la Cámara de Diputadas y Diputados y de la mitad del Senado, luego de las elecciones de noviembre de 2025. En esta nota, revisamos algunos proyectos de ley pendientes y que deberán ser tramitados por el próximo parlamento. 

Proyectos vinculados a la violencia digital, el postnatal parental y el régimen de sociedad conyugal evidencian cómo la demora legislativa tiene consecuencias concretas, especialmente para mujeres, niñas, niños y familias.

Violencia digital 

Uno de los proyectos más urgentes es el que busca prevenir y sancionar la violencia digital (Boletín 13928-07), una forma de agresión que se ha intensificado con el uso masivo de las redes sociales y las plataformas digitales, afectando de manera desproporcionada a mujeres y niñas. La falta de una normativa específica deja a las víctimas sin los mecanismos de protección, reparación y sanción, normalizando prácticas de acoso, hostigamiento y vulneración de derechos en entornos digitales. 

Este proyecto, ingresado en 2020 como Moción a la Cámara de Diputadas y Diputados ya se encuentra en segundo trámite constitucional y ha recibido apoyo transversal de las bancadas. En específico, se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. 

La aprobación de esta ley permitiría reconocer la  violencia digital como una expresión de desigualdad estructural, fortalecer las políticas de prevención y avanzar hacia espacios digitales más seguros para mujeres, niñas y adolescentes.

Postnatal parental de un año

En el ámbito de los cuidados, el proyecto que extiende el  postnatal parental (Boletín 17049-13) plantea una reforma sustantiva al esquema vigente, que actualmente otorga a los padres solo cinco días de permiso obligatorio, reforzando la concentración del cuidado en las mujeres. La iniciativa propone avanzar hacia un postnatal de hasta un año para las madres, junto con la ampliación del permiso paternal a 30 días, promoviendo una mayor corresponsabilidad en la crianza. 

Esta moción fue ingresada en mayo de 2024 a la Cámara de Diputadas y Diputados. Pasó por la Comisión de Economía, la de Trabajo y Seguridad Social y la de Hacienda. Desde noviembre de 2025 está pendiente a su votación general en la Sala para pasar al Senado.

El debate legislativo ha permitido identificar áreas de perfeccionamiento para evitar efectos no deseados en el mercado laboral. Expertas han advertido que, para no profundizar la brecha de contratación femenina, es clave transitar hacia un modelo de corresponsabilidad real, incorporando permisos exclusivos y no transferibles para los padres. 

De aprobarse con estos criterios, esta medida podría mejorar el bienestar de niñas y niños en sus primeros meses de vida, contribuir a reducir las brechas laborales y salariales de género, y fortalecer la estabilidad económica y emocional de  las familias.

Régimen de Sociedad Conyugal 

También se mantiene en tramitación la modificación al régimen de sociedad conyugal (Boletín 7727-18), proyecto que cuenta con respaldo en la Sala del Senado y que acumula más de 14 años de discusión legislativa. 

La propuesta legislativa reemplaza la figura del marido como administrador exclusivo de los bienes por un modelo de igualdad de derechos entre cónyuges -en matrimonios de distinto y mismo sexo- y deroga disposiciones del Código Civil que establecen un patrimonio reservado para la mujer casada. 

Esta reforma permitiría que ambos cónyuges administren  los bienes sociales y que los inmuebles adquiridos mediante subsidios habitacionales sean considerados bienes familiares con protección jurídica específica, fortaleciendo la autonomía patrimonial de las mujeres y la seguridad económica de las familias. 

La aprobación de estos proyectos no solo supone avances normativos, sino también mejoras concretas en la calidad de vida de la ciudadanía. Mantenerlos postergados perpetúa brechas, inseguridades y desigualdades que afectan el ejercicio pleno de derechos. Avanzar en su tramitación representa una oportunidad para fortalecer la democracia y responder a demandas sociales largamente postergadas.

* Por Sasha Ortega

Este martes 20 de enero, José Antonio Kast presentó su primer gabinete ministerial, compuesto por 24 ministros y ministras, con una mayoría de figuras independientes. Marca así el inicio de un nuevo periodo político que será observado con atención, especialmente por su impacto en la agenda de derechos humanos, derechos de las mujeres e igualdad de género.

La composición del equipo, además de  las trayectorias y posturas públicas de algunas de las futuras autoridades, ha profundizado interrogantes respecto del compromiso efectivo del próximo gobierno con la igualdad sustantiva  y la institucionalidad de género.

Si bien la presencia de mujeres en el gabinete constituye un avance en términos de representación, diversas voces han advertido que la igualdad no se mide únicamente en términos numéricos, sino también en señales políticas claras, prioridades programáticas y respaldo a las instituciones creadas para garantizar derechos.

En este contexto, genera especial preocupación que algunas autoridades designadas hayan planteado públicamente la fusión o eventual eliminación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

La designación de la nueva ministra de la Mujer y la Equidad de Género instala un conjunto de expectativas y exigencias propias del cargo, que trascienden las trayectorias partidarias o convicciones personales. Quien encabece esta cartera tendrá la responsabilidad de garantizar la continuidad y fortalecimiento de políticas públicas orientadas a la igualdad sustantiva, el enfoque de derechos humanos y el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile.

El desafío central estará en asegurar que la conducción del Ministerio contribuya a resguardar su rol estratégico dentro del Estado, promoviendo la transversalización de la perspectiva de género y el acceso efectivo de mujeres, niñas y personas gestantes a derechos consagrados por la ley.

Ministerio de la Mujer y su rol en la protección de derechos

Desde el mundo feminista y académico se advierte que relativizar la existencia del Ministerio no es una discusión neutra ni meramente administrativa. Se trata de una institucionalidad que ha permitido transversalizar la perspectiva de género en el Estado y avanzar en políticas públicas como la Ley Integral contra la Violencia, el Sistema Nacional de Cuidados, el fortalecimiento de la atención a víctimas de violencia intrafamiliar, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales, entre otras normativas fundamentales para la autonomía y protección de las mujeres. 

Desde Corporación Humanas, su directora Paula Salvo del Canto señaló que: “En el contexto político actual, marcado por la reemergencia de discursos que cuestionan los enfoques de género y relativizan las políticas de igualdad el mayor riesgo no siempre es un retroceso explícito, sino el debilitamiento por omisión: falta de priorización, implementación parcial y reasignaciones presupuestarias que erosionan políticas clave”. 

Una de las principales preocupaciones expresadas por organizaciones de la sociedad civil es que la igualdad sustantiva no sea abordada como una prioridad de Estado, lo que podría traducirse en una reducción del alcance de políticas públicas, debilitamiento institucional o retrocesos por omisión, más que mediante decisiones explícitas.

El escenario político que abre el 8M y el próximo gobierno

El hecho de que el nuevo gobierno asuma el 11 de marzo, pocos días después de una nueva conmemoración del 8M, sitúa el inicio del mandato en un momento de alta densidad política y simbólica. El 8M no es solo una fecha de movilización, sino un hito del feminismo democrático, donde convergen participación ciudadana, deliberación pública y exigencia de derechos. 

En ese escenario, el movimiento feminista se posiciona no como un actor sectorial, sino como una fuerza histórica que ha impulsado transformaciones profundas y ha contribuido a ampliar la democracia hacia estándares de paridad e igualdad.

Se abre también una oportunidad para que el próximo gobierno entregue señales claras, con una disposición efectiva al diálogo con la sociedad civil y compromisos concretos que reconozcan el rol histórico del movimiento de mujeres y feministas en la ampliación y garantía de derechos para toda la ciudadanía.