El marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos es inequívoco: desde la Declaración Universal de 1948 hasta la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana, pasando por los Principios de Yogyakarta de 2006 y la emblemática sentencia del caso Atala Riffo vs. Chile de 2012, el corpus jurídico internacional ha ido construyendo, con consistencia, una arquitectura de protección para las personas LGBTIQ+. Se trata del reconocimiento de una protección reforzada destinada a asegurar que las personas LGBTIQ+ puedan ejercer, en condiciones de igualdad, los mismos derechos y libertades que corresponden a toda persona y que, frente a la discriminación histórica y estructural que han vivido los Estados estén obligados a remover las barreras que imponen el pleno goce efectivo de sus derechos.

En Chile, la trayectoria legislativa refleja ese camino. La Ley Zamudio, el Acuerdo de Unión Civil, la Ley de Identidad de Género y, finalmente, el Matrimonio Igualitario, son hitos que no surgieron de la generosidad de ningún gobierno, sino de décadas de movilización social y litigio estratégico. Sin embargo, los avances normativos no se sostienen solos. Requieren implementación efectiva, presupuesto, voluntad institucional y, sobre todo, un compromiso del Estado que vaya más allá de la ley escrita.

Ahí es donde el contexto político importa. Algunas decisiones recientes de política exterior del gobierno de José Antonio Kast -como no adherir a la declaración del Grupo Núcleo LGBTIQ+ de la OEA o adoptar posiciones más restrictivas sobre el lenguaje de género en foros internacionales- no modifican por sí solas el ordenamiento jurídico chileno. Pero sí envían señales. Y las señales, en política de derechos humanos, tienen consecuencias.

La experiencia comparada es elocuente: los retrocesos en materia de derechos no suelen comenzar con derogaciones masivas de leyes. Comienzan debilitando instituciones, cuestionando estándares internacionales, promoviendo discursos que relativizan la igualdad y normalizando la discriminación como posición legítima de política pública. Por eso distinguir entre una modificación legal y una señal política no es un ejercicio retórico, es una herramienta de análisis imprescindible.

Quienes preguntan si el Día del Orgullo sigue siendo necesario no tienen que mirar lejos. En decenas de países las relaciones entre personas del mismo sexo siguen siendo delito. En varios Estados, las organizaciones LGBTIQ+ enfrentan restricciones a la libertad de asociación y expresión. Las personas trans siguen siendo, en muchas partes del mundo, blanco de violencia sistemática que los Estados no previenen ni sancionan. El Orgullo, visto desde el derecho, no es una bandera de partido: es un termómetro del Estado de Derecho.

Los derechos humanos, enseña la historia, nunca son irreversibles. El desafío no es solo que existan en el papel, sino que todas las personas puedan ejercerlos en condiciones de igualdad y sin discriminación. Ese es el sentido del Orgullo: recordarnos que la igualdad no se hereda. Se construye, se defiende y, cuando hace falta, se recupera.

Por Jennifer Alfaro, Coordinadora de Estudios y Litigio Estratégico de Corporación Humanas.

Por Redacción La Neta 

¿Qué hechos podrían estar afectando la calidad de la democracia en Chile? ¿Cómo impactan determinadas decisiones públicas en la garantía de derechos, la igualdad y la participación?

Con estas preguntas como punto de partida, Corporación Humanas inició la Auditoría a la Democracia, una herramienta de monitoreo que busca identificar y analizar medidas, discursos y decisiones institucionales que puedan afectar estándares democráticos y de derechos humanos, con especial atención a sus efectos sobre mujeres y diversidades sexo-genéricas.
El primer informe, que abarca el período comprendido entre el 11 de marzo y el 30 de abril de 2026, identifica diez alertas democráticas. Entre ellas se encuentran el recorte presupuestario del 3% aplicado a los ministerios —incluido el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género—, la desvinculación de la directora del SernamEG mientras enfrentaba un tratamiento por cáncer de mama, la suspensión de proyectos estadísticos sobre género y diversidad en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la decisión de no adherir a una declaración de la OEA en favor de los derechos de las personas LGBTIQ+.
El monitoreo también analiza hechos ocurridos durante abril, como las declaraciones de la senadora Vanessa Kaiser cuestionando la existencia del Ministerio de la Mujer, la derogación de circulares educativas que incorporaban perspectiva de género e inclusión en establecimientos educacionales, así como episodios de violencia política contra autoridades públicas mujeres.

Más allá de la contingencia

Aunque cada una de estas situaciones tiene características particulares, la Auditoría identifica un patrón común: el debilitamiento o cuestionamiento de mecanismos institucionales orientados a garantizar igualdad, participación y protección de derechos. Desde esta perspectiva, las alertas no sólo permiten observar hechos aislados, sino también comprender tendencias que podrían afectar la calidad democrática en el mediano y largo plazo.

La iniciativa se inspira en experiencias internacionales de monitoreo democrático y propone una lectura que incorpora las dimensiones electoral, liberal, participativa, deliberativa e igualitaria de la democracia, sumando además una mirada feminista sobre los efectos diferenciados que determinadas decisiones tienen en la vida de mujeres y diversidades.

En tiempos de alta polarización y aceleración informativa, detenerse a observar los procesos resulta fundamental para fortalecer el debate público y resguardar los estándares democráticos.

? Revisa el primer informe de la Auditoría a la Democracia y conoce en detalle las alertas identificadas durante marzo y abril de 2026.

Durante años, https://www.howtouseabortionpill.org/ fue conocido como un recurso clave para personas que buscaban información sobre aborto autogestionado. Ahora, la plataforma inicia una nueva etapa: convertirse en un centro de aprendizaje y recursos para quienes brindan atención, orientación y acompañamiento en aborto con medicamentos.

La transformación ocurre en un contexto donde miles de profesionales de la salud alrededor del mundo continúan enfrentando barreras para acceder a formación actualizada y basada en evidencia sobre aborto seguro. En muchos países, el estigma, las restricciones legales, la falta de capacitación institucional y el acceso limitado a recursos clínicos dejan a proveedores sin herramientas suficientes para responder a las necesidades de sus pacientes.

Frente a esta realidad, https://www.howtouseabortionpill.org/ busca convertirse en un espacio accesible de formación continua y apoyo práctico para profesionales de la salud, consejeras, farmacéuticas, activistas y organizaciones que trabajan por el acceso al aborto seguro.

Un crecimiento impulsado por las necesidades de los proveedores

La nueva dirección de la plataforma surge también a partir del impacto que sus programas de capacitación virtual ya han tenido en distintos países.

Durante 2025, el curso en línea sobre aborto con medicamentos desarrollado junto a IPPF otorgó 3,936 certificados a proveedores y profesionales de la salud, alcanzando principalmente a participantes en México, Uganda, Mozambique e India.

El programa logró una tasa de finalización de 79.3%, un resultado especialmente significativo para un curso virtual y autoguiado, reflejando tanto la relevancia del contenido como la necesidad urgente de este tipo de formación.

Además, las evaluaciones posteriores al curso mostraron una respuesta altamente positiva entre participantes:

• El 100% de las personas encuestadas afirmó que el curso cumplió sus expectativas y que lo recomendaría a otras personas.
• La mayoría de participantes fueron profesionales de primera línea, incluyendo médicas/os, enfermeras/os y parteras.
• Los testimonios destacaron la claridad del contenido, la utilidad práctica de las herramientas y el aumento de confianza para brindar atención segura y basada en evidencia.

Muchas personas participantes también señalaron que el curso les permitió sentirse más preparadas para acompañar pacientes, responder preguntas difíciles y ofrecer atención con mayor seguridad clínica y empatía.

Al mismo tiempo, la retroalimentación reveló una creciente demanda por más herramientas prácticas, estudios de caso y contenido adaptado a contextos locales, necesidades que la nueva plataforma busca responder de manera más amplia.

“La necesidad de formación no está desapareciendo; está creciendo”, señala el equipo detrás de la plataforma. “Queremos que este sitio sea un espacio donde proveedores puedan regresar constantemente para aprender, encontrar recursos y sentirse acompañados en su práctica”.

Más que un sitio web: una plataforma de aprendizaje y recursos

La nueva versión de https://www.howtouseabortionpill.org/  reúne en un mismo espacio cursos virtuales, materiales clínicos y herramientas educativas diseñadas para fortalecer la atención integral del aborto con medicamentos.

Entre los recursos disponibles se incluyen:

• Cursos especializados para proveedores
• Protocolos clínicos y guías descargables
• Herramientas para consejería y acompañamiento
• Materiales educativos para pacientes
• Recursos digitales y contenido práctico para compartir en distintos contextos

Además, próximamente se incorporarán nuevos cursos, incluyendo contenidos enfocados en aborto con medicamentos en contextos humanitarios.

El sitio también continuará desarrollando contenido editorial y educativo a través de su blog, con el objetivo de fortalecer el intercambio de conocimientos y apoyar el aprendizaje continuo.

Explora la nueva plataforma en: https://www.howtouseabortionpill.org/

Convertir espacios esenciales de protección social en mecanismos de vigilancia migratoria erosiona principios básicos del Estado de Derecho. La salud y la educación no pueden condicionarse al estatus migratorio de las personas. Cuando acudir a un consultorio, matricular a un hijo o asistir a un jardín infantil puede transformarse en una vía de identificación y expulsión, lo que se genera es miedo, desprotección y clandestinidad.

Este tipo de medidas no resuelve la crisis migratoria, sino que empuja a las personas fuera de los sistemas institucionales, dificultando el acceso a vacunas, controles de salud, educación y redes de protección, con especial impacto en mujeres, niños, niñas y adolescentes. Estos espacios deberían ser seguros para todos y todas.

Una política migratoria democrática requiere instituciones eficaces y regularización, no medidas que transformen derechos sociales básicos en herramientas de control y persecución.

Firman: Paula Salvo Del Canto, directora Corporación Humanas;  Michel-Ange Joseph, presidenta Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas Y Sociales (CIJYS); Catalina Bosch Carcuro y Vanessa González Peña, directoras Organización Migrantas ; María Elena Vásquez, directora Corporación Colectivo sin Fronteras y Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo Movimiento Acción Migrante

El Consejo para la Transparencia acogió el amparo presentado por Corporación Humanas  y ordenó a la Subsecretaría de Redes Asistenciales entregar información sobre objeción de conciencia en hospitales públicos en el marco de la Ley N.º 21.030 de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales.

La resolución, emitida el pasado 7 de mayo de 2026 (ROL C381-26), da respuesta a la acción presentada por la organización el 12 de enero de este año, luego de solicitar antecedentes desagregados por establecimiento de salud respecto del personal objetor de conciencia.

La solicitud requería información desagregada por establecimiento de salud respecto del personal objetor de conciencia, incluyendo médicos/as obstetras, anestesistas, profesionales no médicos y técnicos/as paramédicos vinculados a pabellón.

La decisión del Consejo reafirma el derecho de acceso a la información pública y el deber de los órganos del Estado de transparentar  antecedentes vinculados a la implementación de políticas públicas relacionadas  con derechos fundamentales.

Monitoreo y acceso a derechos

Desde el 2018, Corporación Humanas realiza monitoreos anuales sobre la implementación de la objeción de conciencia en el marco de la Ley IVE, elaborando informes con información desagregada por hospital para identificar barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y monitorear el funcionamiento de la red pública de salud.

Contar con información pública actualizada y desagregada permite identificar obstáculos en el acceso a prestaciones de salud sexual y reproductiva, evaluar el cumplimiento de las obligaciones estatales y contribuir a garantizar una atención oportuna y libre de barreras para mujeres, niñas y personas gestantes.

Asimismo, el acceso a la información estatal  constituye una herramienta clave  esencial para la transparencia, la rendición de cuentas y el control democrático de las políticas públicas, especialmente cuando se trata de derechos sexuales y reproductivos.

Desde Corporación Humanas señalaron que continuarán impulsando acciones orientadas a fortalecer el acceso a la información y el monitoreo de la implementación de la Ley N.º 21.030, como parte   de  las garantías necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos.

Por primera vez, el 13 de mayo se conmemora el Día de la ESI, una fecha que busca visibilizar problemáticas que han estado presentes durante años en nuestra sociedad y generar conciencia sobre la importancia de la educación sexual integral.

Muchas veces se reduce a las personas a un ámbito biológico y reproductivo, ignorando las demás dimensiones de la sexualidad, como el aspecto social, emocional y psicológico, y dejando de lado, de cierto modo, la complejidad del ser humano.

La educación sexual integral surge como una respuesta a distintos problemas presentes en la sociedad, como los embarazos adolescentes, la violencia de género y las infecciones de transmisión sexual.

Es necesaria, ya que no todos reciben el mismo tipo de educación en sus hogares. Y no se trata de “hablar de sexo” o “adoctrinar a los estudiantes”, sino de proteger nuestra integridad, fomentar el respeto y entender la vida en relación con otros. Los organismos internacionales han impulsado la ESI como un derecho, no como una opción.

Durante el último tiempo se le ha criticado mucho, se ha dicho que es una mentira de cierto sector político, que no sirve de nada y, en especial, que es una forma de adoctrinar. Sin embargo, la ESI es necesaria para construir una sociedad más saludable y responsable. No se trata de imponer opiniones, sino de entregar herramientas que permitan actuar frente a la desinformación y dar alternativas a quienes no han tenido acceso a este tipo de educación.

La educación sexual se adapta a las distintas etapas de las y los estudiantes. En los niveles más tempranos se les enseña a reconocer sus emociones, cuáles son sus límites y el cuidado de su propio cuerpo, mientras que en básica y media se abordan temas como el consentimiento, los cambios del cuerpo durante la adolescencia, la prevención de ETS y los métodos anticonceptivos, entre otros. También promueve las relaciones sanas, el autodescubrimiento y visibiliza diferentes realidades e identidades, como las diversidades sexuales y de género.

Aunque se quiera evitar el tema, esto no hará que desaparezca. Las infecciones de transmisión sexual, la violencia en las relaciones y los embarazos adolescentes seguirán existiendo, pero no se enseñará cómo prevenirlos. Se cierra la puerta a que muchos puedan encontrar respuestas a preguntas que, de todas formas, van a surgir.

Seguirán existiendo distintas formas de relacionarse, tanto sexual como afectivamente, y personas que no se sientan conformes con su sexo asignado al nacer. Porque no hablar sobre sexualidad no es una solución, no elimina los problemas solo los invisibiliza

La educación es la base del futuro y la herencia que transmitiremos a las futuras generaciones. Por más que algunos estén en desacuerdo con la ESI, no es la educación la que pone en riesgo a los jóvenes, sino la falta de ella. Es importante hablar de las diferencias de las personas para así poder apreciarlas y protegerlas. Es nuestra decisión y responsabilidad si queremos seguir evitando estos temas y quedarnos 50 años atrás.

Por Ignacia Vinet, estudiante de tercero medio del Colegio San Antonio de Villa Alemana y voluntaria de la ONG Intransigentes.

*Las opiniones vertidas en las columnas son de responsabilidad de su autor o autora y no del medio La Neta

Por Mistral Ensignia Fries.

El Servicio Electoral de Chile (Servel) tiene la obligación legal de actualizar la distribución de escaños tras cada Censo. En ese marco, el pasado 18 de abril publicó una nueva distribución que afectaría a varios distritos.

El ajuste se basa en un criterio proporcional y técnico: los distritos con mayor población tienen más representantes, con un mínimo de tres y un máximo de ocho escaños. En ese marco, la Región Metropolitana es la principal zona  donde se concentran los cambios, particularmente en los distritos 8, 9, 10, 11, 12 y 14. También se registran alzas en otras regiones del norte y centro del país: Antofagasta aumenta un escaño en el distrito 3, Coquimbo llega a 8 diputaciones en el distrito 5 y Biobío aumenta a 6 representantes en el distrito 21. 

Por otro lado hay regiones como Atacama, O’Higgins, Maule o la Araucanía que pierden escaños, lo que refleja cambios en la distribución de la población a nivel nacional y un traspaso de representación en territorios. 

Es importante tener en claro que el número total de diputados y diputadas se mantiene en 155. Sin embargo, la redistribución del Servel modifica el peso electoral de las distintas zonas y regiones del país y podría influir en la competitividad de los distritos, la definición de candidaturas y la conformación de pactos para las próximas elecciones. 

Impacto en el escenario electoral

El nuevo mapa electoral entrará a correr para las próximas elecciones parlamentarias en 2029, por lo que no impactará los procesos electorales en curso. 

La redistribución que hace el Servel redefine el poder territorial, pero no aborda otros temas pendientes en materia electoral, como la desigualdad de género en la representación política.

También puedes leer: Dos Distritos Sin Diputadas: ¿Cómo Quedó La Distribución Del Congreso En Cuanto A Hombres Y Mujeres?

*Por Sasha Ortega

La instalación del nuevo gobierno en Chile no solo implica nuevas autoridades, sino también la configuración de un nuevo escenario político. Con la llegada de José Antonio Kast a la presidencia,  la conformación de su gabinete y la instalación del nuevo Congreso, se redefinen prioridades, equilibrios y posibilidades de avance en materia de derechos de las mujeres en Chile.

En este contexto, la presentación realizada ante la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados el pasado 25 de marzo marca una hoja de ruta inicial. Esta agenda de género en Chile prioriza la inserción y permanencia laboral de las mujeres, el fortalecimiento de políticas de conciliación y corresponsabilidad, y el abordaje integral de la violencia de género, incluyendo su expresión en entornos digitales.

Estas definiciones no solo orientan el trabajo legislativo, sino que también dan cuenta de un intento por articular políticas públicas interministeriales con enfoque de género desde el arranque del nuevo gobierno.  

Agenda de género en Chile: ejes prioritarios del Ministerio de la Mujer

En el marco de la presentación realizada por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, ante la Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputadas y Diputados, se definieron tres ejes prioritarios que orientan la acción pública hacia una mayor equidad.

El primero se centra en el empleo femenino, promoviendo la inserción y permanencia laboral mediante mejores condiciones y más oportunidades. 

El segundo eje apunta a  entregar apoyos concretos para compatibilizar trabajo, vida personal y cuidados, junto con fomentar una cultura de corresponsabilidad. 

El tercero,  pone foco en la seguridad y el derecho a una vida libre de violencia, fortaleciendo la prevención, persecución y reparación, así como la coordinación institucional para garantizar respuestas más oportunas y efectivas. 

Brechas estructurales que enfrentan las mujeres

Tal como han señalado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), persisten barreras estructurales  para el acceso  y permanencia de las mujeres  en el mercado laboral, como la desigual distribución de los cuidados, las brechas salariales y la discriminación a lo largo del ciclo  de la vida.

A esto se suma que, según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, las mujeres continúan dedicando significativamente más horas al trabajo no remunerado que los hombres. 

En este escenario, la agenda que comienza a delinearse busca hacerse cargo de estas desigualdades  , con medidas orientadas a redistribuir los  cuidados y avanzar hacia una vida más segura y libre de violencia. 

¿Cómo afectará el recorte del 3%?

En paralelo a la definición de estos ejes, el ajuste fiscal anunciado por el gobierno -que contempla un recorte del 3%- abre una interrogante clave: ¿con qué recursos se sostendrán estas prioridades?

La reducción del gasto público podría tensionar la implementación de políticas orientadas a la equidad de género, especialmente aquellas que requieren inversión sostenida, como los sistemas de cuidados, la prevención de la violencia y el fortalecimiento institucional.

En ese escenario, el desafío no será solo definir una agenda, sino garantizar su viabilidad. Porque sin recursos, la agenda de género en Chile corre el riesgo de quedar en el plano declarativo, sin capacidad real de transformar las condiciones de vida de las mujeres.

Por Sasha Ortega

Cada año, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW)  se convierte en el principal escenario internacional donde los Estados negocian compromisos sobre igualdad de género y derechos de las mujeres. Este es el mayor encuentro anual de las Naciones Unidas y, en su edición 70, el tema prioritario fue “Garantizar y reforzar el acceso a la justicia para todas las mujeres y niñas”.

En este último encuentro, conocido como CSW70 (2026), se volvieron  a poner sobre la mesa debates clave: desde la autonomía de las mujeres hasta el impacto de las crisis globales en la profundización de las desigualdades de género. Pero más allá de la diplomacia, la CSW también es un terreno de disputa donde distintos actores -incluidos los sectores conservadores- buscan incidir en el lenguaje, los compromisos y los límites de los derechos reconocidos. 

Desde Corporación Humanas, su directora Paula Salvo señaló que “de alguna manera lo que una debiera esperar de estas instancias es que sean  capaces de abordar  temas que a nivel mundial son fundamentales, como la paz y el rol que tienen las mujeres en una agenda de mujeres, paz y seguridad”. 

Esto se da en un contexto marcado por los conflictos armados a nivel mundial y por la necesidad de reforzar  una idea clave de Naciones Unidas  y que las mujeres no son solo víctimas en  estos escenarios. Si bien sus derechos se ven vulnerados de manera diferenciada, también  cumplen un rol fundamental en la construcción de paz y la resolución de conflictos. 

Incidencia feminista 

La CSW es también un espacio donde la sociedad civil juega un rol clave. Participan organizaciones feministas, ONG con estatus consultivo, entidades de Naciones Unidas y redes juveniles como el Caucus Juvenil de Género, que inciden antes, durante y después del periodo de sesiones. 

Estas organizaciones no solo participan en  espacios formales, sino que articulan estrategias colectivas -como  declaraciones conjuntas, monitoreo de negociaciones y acciones de presión pública- para evitar retrocesos en los derechos ya conquistados, fortalecer estándares internacionales y exigir a los Estados que traduzcan los compromisos en políticas públicas concretas. 

En la justicia se juega la igualdad de género

El acceso a la justicia no es solo un concepto: es el espacio donde, en la práctica, se garantiza o vulnera el ejercicio de derechos. Sin embargo, para muchas mujeres y niñas, los sistemas de justicia  siguen siendo inaccesibles o revictimizantes.  

Lo que viene

En ese sentido, la CSW no solo refleja el estado actual de los derechos de las mujeres a nivel global, sino que también anticipa las tensiones que marcarán la agenda en los próximos años. 

Paula Salvo, directora de Corporación Humanas,agregó que: “cuando hablamos de acceso a la justicia, hablamos de la posibilidad de que las mujeres puedan tener una vida libre de violencia, y por lo tanto, de que los sistemas judiciales, administrativos y las políticas públicas sean capaces de incorporar la violencia contra las mujeres como un eje central”.  

De cara a la CSW71, uno de los principales desafíos será avanzar desde los compromisos hacia su implementación efectiva, en un contexto internacional donde los derechos de las mujeres continúan siendo objeto de disputa política.