Por: Charlotte Duplantier, practicante de La Neta. 

¿Por qué el presidente chileno viajó a la ONU ? 

El presidente chileno viajó a Nueva York, para el inicio de la octogésima primera sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cada año, esta instancia reúne a los jefes de Estado de los países miembros, para que cada uno pronuncie un discurso en el que exponga su visión sobre los desafíos propios de sus naciones, transnacionales y el funcionamiento de la institución. 

Acompañaron al presidente los ministros de Relaciones Exteriores, Francisco Perez Mackenna, de Desarrollo Social, Maria Jesus Wulf, de Medio Ambiente, Francisca Toledo y de Ciencia, Ximena Lincolao . También, como es tradición, integraron la comitiva parlamentarios, entre ellos Guillermo Ramirez (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evopoli), Raul Soto (PPD) y Alvaro Ortiz (DC). 

Para este viaje se programaron diversas actividades: encuentros temáticos para los ministros sobre acción climática, inteligencia artificial, reuniones bilaterales con el Primer Ministro de Canadá, con el Presidente de Ucrania, de Vietnam y Finlandia y el tradicional discurso ante la Asamblea General. 

“Chile está de vuelta”, “un país más seguro y competitivo” : el discurso de Kast 

En un discurso de 18 minutos, el Presidente José Antonio Kast hizo un balance de los primeros meses de su gobierno con un hilo conductor: “la vuelta” de Chile, tras el estallido social de 2019 cuando Chile “se quebró y se instaló en nuestras calles por meses un estallido violento donde reinó el caos y se impuso el desorden”. 

“Nuestro gobierno partió con una convicción : el orden no está contra la libertad, el orden es una de las condiciones de la libertad […] Hoy, Chile es un país más seguro, más competitivo y menos burocrático”, sostuvo. 

La segunda parte de su discurso se centró sobre los desafíos transnacionales, como la integración de la IA y el cambio climático, y sobre el rol de las Naciones Unidas. En este contexto, elevó el tono para criticar la organización que “no ha estado a la altura de los desafíos de nuestros tiempos”. “Las Naciones Unidas tiene un rol que jugar y tiene que hacerlo con el carácter y la energía que hasta hoy no hemos visto”, agregó. 

La polémica adhesión al Escudo de las Américas 

Tras su discurso en la Asamblea General, el presidente asistió a un encuentro del Escudo de las Américas, una coalición de naciones para trabajar sobre seguridad transnacional. Creada por Donald Trump en marzo de 2026, la organización tiene como finalidad la cooperación e intercambio de información sobre el crimen organizado, la migración irregular y la seguridad fronteriza. 

Pocos días antes, Kast había afirmado que Chile asistiría en calidad de observador. Sin embargo, el 22 de septiembre anunció la adhesión del país, conviertendo a Chile en el decimoquinto miembro de la coalición. Desde Cancillería, defendieron la decisión del presidente de sumarse a esta organización, declarando que «este grupo de coordinación genera beneficios operacionales para Chile». 

Sin embargo, la adhesión generó diferentes críticas debido a la exigencia de Donal Trump de que los Estados miembros de la coalición se retiren de la Corte Penal Internacional (CPI), y por las dudas sobre eventuales operaciones militares. El diputado del PPD, Raul Soto, calificó la adhesión de “error” debido a que Chile “tiene compromisos internacionales, es parte del Estatuto de Roma, de la CPI y esta alianza es de carácter político e ideológico”. Agregó que “es un espacio de subordinación y de sometimiento” a los EEUU.  En la misma línea, el senador Vlado Mirosevic (PL) calificó la coalición de “un club de fans de Donal Trump.  

En una conferencia de prensa, Kast respondió a las críticas sobre una supuesta pérdida de soberanía diciendo “aquí no hay un tratado […] aquí hay una coordinación y una adhesión a ciertas líneas de acción en contra del crimen organizado”. Agregó que “no estamos hablando de operaciones militares. […] Resguardamos siempre nuestra soberanía, nuestra institucionalidad”. 

Aunque la adhesión al Escudo de las Américas tiene un alcance definido, aún quedan por precisar los mecanismos concretos, los organismos que participarán, los protocolos y los costos políticos de la adhesión a la organización de Trump. Así, los senadores del Partido Socialista anunciaron que solicitarán al canciller que explique en detalle los términos de la firma para entender qué significará en la práctica para Chile formar parte del Escudo de las Américas. 

Por: Charlotte Duplantier, practicante de La Neta

¿Quién fue Susy Aponte Polo de Tello ? 

Conocida como “La China Polo”, Susy Aponte Polo de Tello era una periodista de 44 años, que investigaba especialmente casos de corrupción en la región de Ancash y en el norte del país. Con el movimiento político Socios por Ancash, aspiraba al gobierno regional de Ancash, órgano encargado de la administración del desarrollo del territorio, cuyas elecciones se realizarán el 4 de octubre. 

Se dio a conocer gracias a sus revelaciones y denuncias de corrupción a través de su plataforma China Polo Dominical, de la cual era directora. Este portal informativo, que difunde reportajes sobre corrupción, crimen organizado, minería ilegal, extorsiones y actuaciones de policías y fiscales, se define, en su sitio web, como “un programa periodístico de investigación independiente […] con estilo directo y sin censura, [que transmite] contenido que expone verdades que otros medios evitan”. Horas antes de su muerte, había anunciado la difusión de un reportaje sobre el candidato de Alianza para el Progreso a la alcaldía de Huaraz.

Su asesinato en plena calle 

Mientras caminaba por las calles rumbo al Mercado de Caraz, acompañada por su equipo de campana, recibió disparos en la cabeza y en la espalda. Cinco otras personas resultaron heridas en el ataque. 

Horas después, la policía detuvo al ciudadano venezolano Luis Iván Obispo Díaz, junto a otras dos personas, por el presunto delito de sicariato. Tomas Galvez, el fiscal de la nación, explicó que “ya se tiene detenido al sicario, se ha detenido también a un supuesto financista (…), y también a otra persona que estaba transportando previamente al sicario”.

Sin embargo, Lourdes Sacin, colega de la periodista, reveló que ya se sabía que su vida estaba en peligro. “‘La China’ sabía que la querían matar, lo sabía, todos lo sabíamos”, remarcó. De hecho, nueve días antes del crimen, Susy Aponte Polo había revelado, en un video publicado en China Polo Dominical, las amenazas de muerte de las que era victima. Aseguró haber recibido llamadas desde tres cárceles que le advertían de un plan para asesinarla y atribuyó esas amenazas al jefe de Investigación Criminal, Victor Revoredo Farfan. “Este señor ha ordenado un atentado contra mi persona. Ya puse la denuncia en las entidades correspondientes”, sostuvo.

Hasta ahora, las autoridades no han establece que alguno de los mencionados tenga responsabilidad en su asesinato. 

La libertad de prensa bajo amenaza 

El asesinato de la periodista se produce en un contexto de creciente violencia contra la prensa peruana. Unas semanas antes de este crimen, otros periodistas de medios digitales peruanos también habían sido víctimas de amenazas, como Kenny Yucra, director del medio digital La Lupa, o los periodistas de La Noticia Clave, quienes habían sido blanco de disparos mientras se encontraban en las oficinas de su medio.

Posterior al asesinato de la candidata, el Colegio de Periodistas de Lima expresó su preocupación por las condiciones de seguridad en las que el gremio debe desarrollar las labores de investigación y difusión de información. En esta misma linea, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú denunció que entre enero y mayo 2026 se registraron 140 ataques contra periodistas y medios, desde discursos estigmatizantes y amenazas hasta agresiones físicas y dos tentativas de homicidio. 

Así, el asesinato de Aponte Pollo pone de manifiesto los peligros a los que se enfrentan los profesionales de la información en Perú y revela que la libertad de prensa no está protegida.

Por Jane Vignancour, practicante de La Neta

En 2025, 44 mujeres fueron asesinadas en Chile en el contexto de femicidios. Esta cifra representa solo una parte de la violencia femicida registrada durante el año. Según el informe anual del Circuito Intersectorial de Femicidio (CIF), en total se registraron 446 hechos: 330 femicidios frustrados, 70 tentativas y dos suicidios femicidas. En promedio, esto significa un hecho de violencia femicida cada 19,6 horas.

Llama la atención que estos femicidios ocurren principalmente en el marco de relaciones cercanas. En 2025, casi la totalidad de los casos fueron clasificados como femicidios íntimos. En la mayoría de los casos, la víctima conocía a su agresor. Así, la violencia femicida ocurre muchas veces dentro de relaciones cercanas y en espacios privados. De hecho, cerca de 8 de cada 10 hechos de violencia femicida ocurrieron en una vivienda vinculada a la víctima o al agresor, ya fuera un domicilio compartido, la casa de la víctima o la del agresor.

Pero en muchos de estos casos no existía una denuncia previa. Según el informe, el 68,2 % de las víctimas de femicidios consumados nunca había presentado una denuncia. Esto no significa que nunca hubieran vivido situaciones de violencia. Más bien, muestra que estas situaciones no siempre llegan a las instituciones antes de que la violencia se vuelva más grave.

Los datos también muestran que casi 8 de cada 10 agresores no tenían condenas anteriores, mientras que el 21,7 % sí tenía antecedentes. La ausencia de condenas anteriores es todavía más marcada en los femicidios consumados. En cambio, los agresores con antecedentes judiciales se concentran sobre todo en los femicidios frustrados, seguidos por las tentativas. 

La pregunta de la prevención se vuelve entonces central. En 2025, solo una minoría de las situaciones registradas contaba con medidas de protección o cautelares activas. Judith Marín, ministra de la Mujer y la Equidad de Género, explica que “el Informe CIF 2025 nos entrega una radiografía de la violencia de género en Chile. Y hay un dato que nos preocupa especialmente: en muchos de los femicidios frustrados existían denuncias previas y, aun así, solo en el 12 % se decretaron medidas cautelares”.

En esta línea, la ministra insistió en la necesidad de “llegar antes” y de facilitar el acceso a Carabineros, la PDI y los servicios de acompañamiento, para que las mujeres puedan denunciar con mayor facilidad. Aún hoy, más de una de cada dos mujeres no se atreve a hacerlo.

Esta cuestión cobra aún más importancia si se considera que el número de femicidios frustrados ha aumentado con fuerza durante la última década. Pasaron de 103 casos en 2014 a 330 en 2025. Sin embargo, según el CIF, este aumento puede explicarse, entre otras cosas, por una mejor detección y registro de los casos por parte de las instituciones, pero también por una mayor disposición a denunciarlos.

El informe también muestra el impacto que tienen los femicidios en las víctimas indirectas. La violencia femicida no afecta solamente a las mujeres asesinadas o agredidas, sino también a sus hijos e hijas. En 2025 se identificaron 523 víctimas indirectas, de las cuales más de 8 de cada 10 eran menores de edad. Ese mismo año, 67 niños, niñas y adolescentes recibieron una pensión de reparación en el marco de la Ley 21.565, destinada a los hijos e hijas de víctimas de femicidio consumado y suicidio femicida.

El desafío para el Gobierno es, por lo tanto, dar una respuesta más rápida a las mujeres y reforzar las políticas de prevención, para poder intervenir antes de que la violencia se vuelva irreversible.

Por: Charlotte Duplantier y Jane Vignancour, practicantes de La Neta

El 11 de septiembre de 1973, la junta militar liderada por el general Augusto Pinochet derroca al gobierno de Salvador Allende por un golpe de Estado. El país entra en un contexto de dictadura y represión: cerca de 38.000 personas son torturadas y más de 3.200 son asesinadas o desaparecidas.

Entre los crímenes cometidos durante  la dictadura, la violencia político sexual fue utilizada como una forma de tortura, castigo y disciplinamiento.deci Las mujeres fueron perseguidas por su militancia, participación  política o vínculos con organizaciones y personas opositoras a la dictadura,  pero además su género desempeñó un papel central en las violencias ejercidas contra ellas. La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura recogió los testimonios de 3.399 mujeres; casi todas declararon haber sufrido este tipo de violencia y 316 señalaron haber sido violadas. Sin embargo, estas cifras no alcanzan a dimensionar la magnitud de estas agresiones históricamente silenciadas y subregistradas.

Bajo La Moneda, un centro clandestino de detención y de tortura 

53 años después, mujeres sobrevivientes, familiares de víctimas y asociaciones se organizan para mantener viva la memoria a través de sus experiencias.

Ana María Campillo, fundadora del colectivo Plaza de la Constitución, fue detenida a los 20 años en 1974 y trasladada   al Cuartel N.º 1 de Carabineros, conocido como “El Hoyo”. Ubicado bajo el Palacio de La Moneda, el recinto funcionó como centro de detención y tortura entre 1973 y 1974, principalmente contra militantes del Partido Socialista.

Junto a otras personas detenidas, llegó hasta este recinto en el marco de la persecución contra integrantes del Partido Socialista y la búsqueda  de su dirección clandestina. “No sabíamos dónde estaban porque nos trasladaban vendados y esposados”, recuerda. “Allí estuvimos secuestrados, interrogados, torturados. A los compañeros se les aplicó corriente en los genitales y nosotras vivimos violencia sexual de parte de los secuestradores. Por supuesto, fue un momento durísimo”, contó con emoción. 

Se estima que cerca de 30 personas estuvieron recluidas, fueron interrogadas y sometidas a torturas en este recinto antes de ser trasladadas a otros centros de detención. En los casos en que no se informaba de su traslado, sus familias y cercanos desconocían su paradero. Con el paso del tiempo, se supo que algunas de estas personas habían sido ejecutadas.

Recordar Venda Sexy 

Venda Sexy, conocida también como “La Discotéque”, fue otro de los recintos utilizados como centro de detención, tortura y violencia político-sexual durante la dictadura. Hoy, el lugar es gestionado por el colectivo Irán 3037como sitio de memoria. Pamela y Amaro, integrantes del colectivo, acompañaron a La Neta en una visita al recinto y relataron las acciones de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que allí tuvieron lugar entre 1974 y 1975.

En el primer piso de la casa se encontraban, por un lado, la habitación de las mujeres, donde llegaron a estar detenidas hasta 20 mujeres, y por otro, la de los hombres, donde llegaron a permanecer hasta 40 detenidos. En el segundo piso, estaban  las dos salas de tortura donde, a diferencia de las habitaciones, “no habia diferenciación de género”.

En el subterráneo, la agente de Carabineros y de la DINA Ingrid Olderock, utilizó su perro adiestrado para infligir violencia político-sexual contra las y los detenidos. Pamela explica que esta violencia también era un medio para difundir el miedo en toda la sociedad chilena: “Imagínate que las personas salgan y puedan contar lo que viven en un centro de detención. El miedo, el horror, el terror se empiezan a instalar en las comunidades”.

Para Amaro, la violencia político sexual tuvo una dimensión disciplinadora que buscaba castigar a mujeres que participaban políticamente y reforzar un orden  patriarcal que pretendía devolverlas al espacio doméstico. Dertrás de estas prácticas estaba  la idea de que “las mujeres no pueden participar en organizaciones políticas” y deben “regresar al lugar de la casa”. “Se consideró los cuerpos de las mujeres o de los hombres como objeto a conquistar”, agregó.  

Hacer memoria también es una disputa 

Los dos colectivos, Plaza de la Constitución e Irán 3037 trabajan para mantener viva la memoria con visitas, talleres y encuentros. 

Para Ana Maria Campillo, la labor de la memoria no es “solo recordar el hecho, sino actualizarlo, tener una perspectiva también de futuro sobre esto” para difundir “una conciencia democrática”. En la misma línea, según Amaro, los sitios de memoria representan un encuentro con “el pasado, pero también con el presente y el futuro” y “un refugio para soñar una transformación del país”. 

Dar visibilidad a las violencias sexuales también resulta fundamental porque, como explica Ana María, “cuando alguien inicia eso, atrae a otras mujeres que fueron abusadas y que no han denunciado”. “Hay una fuerza atractiva”, sostiene.

Las voces de las mujeres han particularmente importantes para crear y recuperar espacios de memoria como Venda Sexy. El colectivo Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes contribuyó a  la recuperación del sitio y a dejar  huellas de memoria en el exterior de la casa, Además, los testimonios, denuncias y acciones judiciales impulsadas por  mujeres sobrevivientes han sido fundamentales para el reconocimiento de la violencia político sexual como una forma específicamente ejercida durante la dictadura. 

Sin embargo, sostener la memoria de estas violencias enfrenta barreras concretas. Venda Sexy, al igual que otros sitios, no cuenta con financiamiento estatal permanente y funciona gracias a fondos concursables que dependen de proyectos y de la postulación, lo cual limita las actividades del colectivo. 

Bajo La Moneda, Ana Maria y su colectivo Plaza de la Constitución también ha  decidido reducir el número de visitas, modificar su formato de la visita y reducir los recorridos acompañados siempre por un carabinero, una situación que les produce sensación de “estar vigilados”.

A pesar de estas barreras, las mujeres sobrevivientes y los colectivos continúan sosteniendo estos espacios y haciendo  de la memoria una práctica del presente. Una tarea que, 53 años después del golpe de Estado, busca mantener visibles las violencias ejercidas durante la dictadura y contribuir a que nunca vuelvan a repetirse.

Por: Renata Paredes Saldaña, practicante de La Neta.

El resultado ocurre en un país donde el pasado nazi continúa teniendo un peso particular en la vida política y social. AfD, fundada en 2013, ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, especialmente en los territorios de la antigua Alemania Oriental, donde los partidos tradicionales han tenido históricamente una implantación más débil.

La votación de Sajonia-Anhalt no solo modifica el escenario político de este estado federado. También vuelve a abrir una discusión a nivel nacional sobre el avance de una fuerza que ha sido objeto de cuestionamientos por sus posiciones sobre migración, nacionalismo y familia, y sobre los límites que el sistema político alemán debería establecer frente a ella.

¿Qué pasó en Sajonia-Anhalt y por qué preocupa a Alemania?

Las elecciones regionales se realizaron el 6 de septiembre de 2026 para elegir a los integrantes del Parlamento de Sajonia-Anhalt, uno de los 16 estados federados de Alemania. AfD obtuvo el 43,8% de los sufragios, prácticamente duplicando su resultado de 2021 y quedando a solo tres escaños de la mayoría absoluta.

La magnitud del resultado también se explica por el retroceso de los partidos tradicionales. La Unión Demócrata Cristiana (CDU), hasta ahora gobernante en el estado y partido del canciller Friedrich Merz, obtuvo un 17,2 %, perdiendo más de la mitad de sus apoyos. El Partido Socialdemócrata (SPD), Los Verdes y La Izquierda alcanzaron cerca del 9 % cada uno.

Sajonia-Anhalt se encuentra en el territorio de la antigua RDA, donde los partidos tradicionales han tenido históricamente una presencia más débil. Para el académico y exembajador de Chile en Alemania Carlos Huneeus, el resultado debe entenderse dentro de las transformaciones políticas, económicas y sociales que han atravesado estos territorios.

La preocupación a nivel nacional se relaciona también con la posibilidad de que Alternativa para Alemania llegue a encabezar un gobierno regional. Hasta ahora, ningún partido de extrema derecha había llegado al poder en ninguno de los 16 estados federados alemanes desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, aún no está claro si AfD podrá formar gobierno en Sajonia-Anhalt, ya que quedó a tres escaños de la mayoría absoluta.

¿Qué defiende AfD y quiénes son sus principales rostros?

Uno de los principales ejes de AfD es el endurecimiento de la política migratoria. Entre sus propuestas se encuentran las deportaciones masivas, la creación de centros de detención y una política de «remigración» orientada a limitar la permanencia de personas extranjeras en Alemania.

El partido también defiende un modelo tradicional de sociedad, en el que la familia compuesta por un hombre y una mujer ocupa un lugar central, y se ha mostrado crítico de la aprobación del matrimonio igualitario en Alemania.

Entre sus principales figuras se encuentra Alice Weidel, líder del partido y una de sus representantes más visibles. Aunque dentro de AfD ha sido considerada una figura relativamente moderada frente a otros sectores, también ha defendido posiciones restrictivas respecto de la inmigración y ha promovido la idea de una «repatriación a gran escala de extranjeros».

Otro de sus rostros es Björn Höcke, representante del ala más dura del partido. Höcke ha sido condenado en dos ocasiones por utilizar públicamente la expresión «Alles für Deutschland», una consigna vinculada a las tropas de asalto nazis (SA), cuyo uso está penalizado en Alemania.

Las reacciones: preocupación y disputa política en Alemania

El resultado provocó una rápida respuesta dentro de la política alemana. El canciller Friedrich Merz se enfrentó en el Bundestag con Alice Weidel y calificó a la tienda de la parlamentaria como una «fuerza destructiva». También cuestionó su política migratoria y sostuvo que su propuesta de «remigración» afectaría a millones de personas.

La posibilidad de que AfD pueda llegar a gobernar también reactivó el debate sobre una eventual prohibición del partido. Hendrick Wüst, ministro-presidente de Renania del Norte-Westfalia y dirigente de la CDU, propuso crear un grupo de trabajo para analizar si existen fundamentos para iniciar un procedimiento de prohibición. Al mismo tiempo, advirtió que una medida de este tipo debe ser estudiada cuidadosamente y que solo debería considerarse como último recurso para proteger la Constitución.

Desde Baviera, el ministro-presidente Markus Söder manifestó sus reparos ante la propuesta y advirtió sobre el riesgo de convertir al conglomerado de ultraderecha en una suerte de «mártir» político.

El resultado también recibió respaldo desde fuera de Alemania. El presidente estadounidense Donald Trump celebró el desempeño de AfD y vinculó su avance con sus críticas a las políticas migratorias del gobierno alemán.

De Alemania a Chile: las conexiones de la ultraderecha

Ex-Ante investigó los vínculos entre Alternativa para Alemania (AfD) y la ultraderecha chilena, siguiendo la trayectoria de uno de sus principales nexos: Sven von Storch, empresario y dirigente político nacido en Osorno en 1970, quien emigró a Alemania a fines de los años 80 y participó, junto a su esposa Beatrix von Storch, en la fundación de AfD en 2013.

Beatrix von Storch fue eurodiputada entre 2014 y 2017, es diputada federal desde 2017 y ocupa la vicepresidencia de la bancada de AfD en el Bundestag desde 2015.

Sven von Storch también ha mantenido vínculos con la derecha chilena. Años atrás apoyó a José Antonio Kast y fue considerado un nexo entre el dirigente chileno y Jair Bolsonaro. Sin embargo, en noviembre de 2023 rompió públicamente con Kast tras el triunfo del Partido Republicano en las elecciones del Consejo Constitucional.

El vínculo continuó posteriormente con Johannes Kaiser. En octubre de 2025, pocas semanas antes de la primera vuelta presidencial, von Storch publicó un video en X respaldando su candidatura: «Yo creo en Johannes Kaiser».

Consultado por Ex-Ante, Kaiser señaló que su relación con von Storch correspondía a un respaldo recibido durante la campaña y no a su participación en el comando. Al mismo tiempo, afirmó: «Comparto muchas cosas con la Alternativa para Alemania».

El resultado de Sajonia-Anhalt vuelve así a poner en discusión el avance de la extrema derecha más allá de las fronteras alemanas. Las conexiones entre sus principales referentes, sus discursos y sus redes políticas muestran que el crecimiento de estas fuerzas ocurre dentro de un escenario internacional en el que ideas y alianzas circulan entre distintos países.

El proyecto de Sala Cuna Universal, correspondiente al Boletín 14.782-13, comenzó su tramitación en el Congreso el 4 de enero de 2022 como un mensaje presidencial. Se trata de una iniciativa que ha sido discutida durante distintos gobiernos y que busca modificar el actual sistema de acceso a sala cuna, eliminando el requisito establecido en el artículo 203 del Código del Trabajo, que obliga a las empresas con 20 o más trabajadoras a otorgar este beneficio.

Tras su discusión en el Senado, la iniciativa fue aprobada con modificaciones y pasó a segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados. Aunque existe un amplio consenso respecto de la necesidad de eliminar este requisito y avanzar hacia un sistema que incorpore la corresponsabilidad en los cuidados, la forma en que se implementará y financiará el beneficio continúa siendo uno de los principales puntos de debate.

¿Qué propone el proyecto?

El proyecto modifica los artículos 203 y 204 del Código del Trabajo y crea una nueva Ley sobre el Fondo de Sala Cuna, que será administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Servicio de Tesorerías.

La iniciativa extiende progresivamente el derecho a sala cuna a las personas trabajadoras, tanto hombres como mujeres, dejando atrás la lógica que vincula este beneficio exclusivamente a las trabajadoras. En caso de que ambos padres trabajen, serán ellos quienes acuerden quién ejercerá el beneficio. Además, se contemplan reglas especiales para situaciones de violencia intrafamiliar o abandono.

Para financiar la sala cuna, el proyecto contemplaba la creación de un fondo financiado mediante una cotización patronal de 0,35% de las remuneraciones imponibles. La propuesta del Ejecutivo consideraba que estos recursos provinieran de una redistribución de las cotizaciones destinadas actualmente al Seguro de Cesantía.

El acceso al beneficio se implementaría de manera gradual durante 48 meses. El primer año correspondería a madres trabajadoras dependientes; el segundo, a trabajadoras de casa particular; el tercero incorporaría a los padres; y el cuarto año contemplaría la universalidad laboral y al sector público. Además, el proyecto establece que el empleador no deberá cubrir la diferencia entre el aporte del Fondo y el valor real de la sala cuna, por lo que ese monto deberá ser asumido por la persona trabajadora.

Pero hay un punto en disputa: ¿cómo se financia?

Hay un punto que generó un fuerte debate durante la discusión en el Senado: el financiamiento del beneficio. La propuesta del Ejecutivo establecía que el Fondo de Sala Cuna se financiara mediante una cotización patronal de 0,35%. Para ello, se redistribuirían las cotizaciones actualmente destinadas al Seguro de Cesantía: un 0,2% de la cuenta individual de cesantía y un 0,15% del Fondo de Cesantía Solidario.

La fórmula obtuvo 25 votos a favor y 22 en contra. Al tratarse de una norma de quórum calificado, requería 26 votos para ser aprobada. Aunque el senador Sebastián Keitel se encontraba con permiso constitucional, este no había sido ingresado formalmente al momento de la votación, por lo que su ausencia no permitió reducir el quórum a 25 votos. Así, el artículo referido al financiamiento terminó siendo rechazado por falta de un voto para su aprobación.

El rechazo no significa que se haya descartado la creación del Fondo ni la necesidad de financiar el beneficio. Lo que quedó fuera fue específicamente esta fórmula, cuestionada por reducir los recursos destinados a la protección de las y los trabajadores frente al desempleo. De esta manera, uno de los principales desafíos que tendrá la discusión en la Cámara será definir una nueva fórmula de financiamiento que permita avanzar en la Sala Cuna sin disminuir la protección asociada al Seguro de Cesantía.

Por Charlotte Duplantier, practicante de La Neta

¿Por qué producir una encuesta sobre educación sexual ? 

APROFA, una organización especializada en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, presentó el pasado miércoles 2 de septiembre, los resultados de “Hablemos claro: Juventudes y Sexualidad”, una encuesta realizada a jóvenes entre 14 y 29 años para conocer cómo se informan, conversan y aprenden sobre sexualidad.

El hito de lanzamiento, realizado en el auditorio Salvador Allende de la Universidad Academia de Humanismo Crstiano, reunió a distintas organizaciones de la sociedad civil, para socializar los resultados de este estudio. Además, contó con un panel de conversación integrado por Deby Salazar Bustos, activista feminista y voluntaria de Intransigentes; Byron Bustamante Palma, psicólogo y Coordinador de Prácticas Profesionales de la Escuela de Psicología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano; y Miguel Cares Rayo, sociólogo, investigador y docente.

Sobre la importancia de esta instancia, desde APROFA señalaron que “Las juventudes están buscando respuestas y la evidencia permite conocer dónde y cómo acceden a información sobre sexualidad. El desafío es responder a esa necesidad y garantizar el acceso a información adecuada, oportuna y basada en evidencia, que permita a las personas jóvenes tomar decisiones informadas y ejercer sus Derechos Sexuales y Reproductivos”

¿Qué nos enseña la encuesta ?

 A través de un cuestionario, los jóvenes respondieron a una serie de preguntas. La primera es cómo se informan sobre sexualidad. El 92% de los jóvenes habla con sus amistades, 72 % con sus parejas, 54 % con profesionales de la salud, 44 % con su familia y un 20% con el uso de herramienta de Inteligencia Artificial, es decir 1 de cada 5 jóvenes chilenos. Este último dato abre cuestionamiento sobre el rol que la IA está adquiriendo para resolver dudas sobre sexualidad, en un contexto en que su uso va en aumento. Además, al basarse en datos humanos, la IA podría reproducir sesgos de género. Asi, su uso para temas de educacion sexual podria influenciar en la manera en que los jóvenes construyen sus representaciones sobre las relaciones sexuales. Frente a este escenario, APROFA plantea la necesidad de integrar la inteligencia artificial dentro de la ESI. 

La segunda parte de la encuesta se centra en los conocimientos y las necesidades de los jóvenes en materia de sexualidad. Mientras que el 79 % declaran tener conocimientos sobre consentimiento y el 73 % sobre métodos anticonceptivos, 4 temáticas, que son métodos de barrera, gestión menstrual, reproducción y placer, no superan el 50% de percepción de conocimiento. Esta brecha de conocimientos entre métodos anticonceptivos (73 %) y de barrera (49 %) demuestra un conocimiento desigual y fragmentado sobre este tema. 

En relación con el placer, solo el 45 % de las juventudes considera tener conocimientos al respecto. Sin embargo, este resultado presenta una importante brecha de género: mientras el 60 % de los hombres señala tener conocimientos sobre el placer, esta cifra disminuye al 40 % entre las mujeres. Esta diferencia plantea preguntas sobre la forma en que se está educando a las juventudes en torno al placer y podría estar relacionada con procesos de socialización diferenciados según el género.

Finalmente, la encuesta cuestiona el acceso a la atención a la salud sexual y reproductiva : sólo el 55% declara asistir anualmente a un centro de salud. Pero, las brechas de acceso a la salud son mayores desde la mirada de género : el 50% de los hombres nunca ha asistido a un centro de salud, contra solo el 14% de las mujeres. 

Además, cuando se analiza los datos según la orientación sexual, las brechas son muy importantes. Los gays y las lesbianas son los grupos que reportan recibir menos atención en salud sexual y reproductiva, lo que se podría relacionar con experiencias de discriminacion y una atención históricamente marcada por una mirada heteronormativa de la salud sexual y reproductiva.

Por Charlotte Duplantier, practicante de La Neta

El Foro de Madrid, un encuentro organizado por la Fundación Disenso, think tank vinculado al partido español Vox, tuvo lugar la semana pasada en el Centro de Eventos Casa piedra San Carlos de Apoquindo, los días 3 y 4 de septiembre. Según la organización, el objetivo es crear “una alianza internacional en la que caben todas aquellas personas que […] comparten la defensa de la Libertad, la Democracia y el Estado de Derecho” y “contrarrestar las estrategias de influencia geopolítica del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla”. 

¿Cómo se desarrolló el evento ? 

Durante estos días, ante más de 1 500 participantes y delegaciones procedentes de 25 países, se llevaron a cabo discursos de presidentes, mesas y debates sobre temas como la seguridad, la economía, las relaciones con Estados Unidos y los valores occidentales, y se proyectaron diversos videos producidos por la Fundación Disenso.

El discurso de Javier Milei, presidente de Argentina, inauguró el evento, durante el cual calificó a la izquierda de “cáncer” y a sus partidarios de “zurdos mugrosos”. También, se refirió al periodo de la dictadura : “Tras el derrocamiento del comunista Allende, Chile entró en un período de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años”. Estas declaraciones provocaron reacciones por parte de la oposición, como el senador Juan Luis Castro del Partido Socialista, quien las consideró “una falta de respecto a la historia democrática y también a millones de chilenos”. En sectores más afines al oficialismo, el senador independiente Matias Walker escribió en X “tanto el gobierno como todos los demócratas debemos rechazar el grosero discurso de Javier Milei en nuestro territorio”.  

Milei no fue el único en atacar la izquierda. Sarah B.Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de la administración Trump, se refirió al Estallido Social de 2019, explicando que “extremistas de izquierda quemaron estaciones de metro y negocios mientras intentaba chantajear al país para imponer una nueva Constitución que habría restringido libertades”. 

Además, las relaciones exteriores y el posicionamiento de Chile a nivel mundial fueron temas muy presentes en los debates. Durante el conversatorio “El nuevo papel de Estados Unidos en Iberoamérica”, Brandon Judd, embajador de Estados Unidos en Chile, destacó la aplicación de la “doctrina Donroe” en Chile, término que combina el nombre de Donal Trump con la histórica Doctrina Monroe y que consiste en influenciar e interferir en América latina bajo el argumento de proteger sus intereses estratégicos. “Cada embajador está empoderado para implementar la doctrina Donroe como considere se ajuste a cada país. Lo genial sobre esto es que cuando tienes una administración como la de José Antonio Kast se vuelve muy fácil”, aseguró. 

Ante estas declaraciones, el diputado Gonzalo Winter (Frente Amplio) sostuvo que “sus palabras sinceran algo aún más grave: la subordinación que está teniendo el gobierno de José Antonio Kast frente a Estados Unidos“. 

Con un discurso de casi 30 minutos, Kast cerró el evento haciendo un repaso de su llegada a la Moneda, en una intervención marcada, según La Tercera, por un “tono republicano”. Frente a la “batalla cultural” que Milei había reivindicado horas antes, precisó que su “adversario es mucho más grande que la izquierda, su adversario son las urgencias sociales”. Agregó que “los chilenos no lo eligieron para derrotar a la izquierda”, sino para enfrentar el crimen organizado, la pobreza, la corrupción y el desempleo. 

Sin embargo, el Foro dejó huella en la opinión pública : mientras el evento se desarrollaba la oposición organizaba el encuentro «Democracia Siempre» en defensa de los derechos humanos y la democracia y organizaciones estudiantiles se movilizaban en las calles de Santiago. 

La violencia digital contra las mujeres que participan en política dejó hace tiempo de ser un problema individual. Los ataques, amenazas y campañas de hostigamiento en redes sociales buscan limitar su participación en el espacio público, afectan el ejercicio de sus derechos políticos y generan consecuencias que trascienden a las víctimas. Cuando una mujer decide dejar de participar, reducir su exposición o autocensurarse para evitar nuevas agresiones, la democracia también pierde.

Aunque este fenómeno ha ganado visibilidad durante los últimos años, los avances normativos en América Latina siguen siendo desiguales. Países como México y Argentina han incorporado explícitamente esta forma de  violencia  en sus marcos normativos, mientras que en otros países de la región persisten vacíos para abordar integralmente esta manifestación y proteger a las mujeres que  participan en política.

En Chile se han registrado iniciativas normativas para contrarrestar este fenómeno, pero aún son insuficientes. La Ley N.º 21.675, promulgada en 2024, reconoce la violencia política contra las mujeres como aquella que busca menoscabar,  obstaculizar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus  derechos políticos y de su participación. A ello se suma la discusión legislativa sobre violencia digital, que busca avanzar en su reconocimiento y sanción. 

 A nivel regional,  la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres basada en Género, adoptada en 2025 por el Comité de Expertas del MESECVI en 2025, constituye un referente para fortalecer las legislaciones nacionales y avanzar hacia estándares comunes de protección. 

Otro avance reciente en Chile es la puesta en marcha del Observatorio de Violencia Digital contra la Mujer en Política del SERVEL, creado para monitorear este fenómeno y generar información que contribuya a su prevención. Sin embargo, el Observatorio no tramita ni recibe denuncias individuales, por lo que persiste el desafío de contar  con  mecanismos efectivos de protección, acompañamiento y reparación para quienes enfrentan estas agresiones.

 La falta de protección institucional también se refleja en la experiencia de las propias candidatas. De acuerdo con el Primer Estudio sobre Violencia Política Digital de Género realizado por la Universidad de Santiago para el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, quienes enfrentan violencia política digital encuentran apoyo principalmente en sus familias (61%) y amistades (59%), mientras que solo un 10% declara haber recibido respaldo de su partido político.

Estas cifras muestran que el apoyo a la violencia continúa descansando, en gran medida, en las redes personales de las propias víctimas. El escaso acompañamiento institucional contribuye a normalizar estas agresiones como parte del costo de participar en política y dificulta el acceso a mecanismos eficaces de prevención, denuncia y reparación.

La violencia digital no solo daña a quienes la sufren. También reduce la diversidad de voces presentes en el debate público, limita la representación política de las mujeres y debilita la calidad de la democracia. Garantizar que puedan participar en igualdad de condiciones requiere algo más que nuevas leyes: exige instituciones, partidos políticos y plataformas digitales que asuman responsabilidades concretas  en la prevención, protección y reparación.  Participar en política no puede significar enfrentar la violencia en solitario.

Por Renata Paredes y Charlotte Duplantier, practicantes de La Neta

La Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU) atraviesa una compleja situación financiera que pone en duda la continuidad de sus programas. La institución, creada en 1990 y dedicada durante 35 años a promover la autonomía de las mujeres, trabaja actualmente con alrededor de 50 mil beneficiarias al año y tiene presencia en las 16 regiones y 56 provincias del país.

Los problemas financieros se arrastran desde los últimos años y se han visto asociados a dificultades en la ejecución y rendición de convenios, compromisos financieros y restricciones presupuestarias. Entre los antecedentes se encuentran líneas de crédito por $1.000 millones gestionadas durante 2024 y cuestionamientos sobre el manejo de recursos de distintos convenios financiados con fondos públicos. Estos antecedentes forman parte de acciones judiciales y las eventuales responsabilidades deberán ser determinadas por las instituciones correspondientes.

Las cifras sobre el déficit varían según la fuente. El Ministerio de la Mujer señala que recibió la institución, el 11 de marzo de 2026, con un déficit cercano a los $2.500 millones, cifra que, según la cartera, se habría reducido a aproximadamente $1.300 millones durante los primeros cinco meses de la actual administración. Fuentes internas, en cambio, han señalado que la deuda llegó a superar los $2.600 millones.

A esto se sumó una reducción de más de $800 millones en los recursos asignados a PRODEMU para 2026, además de un recorte del 3% aplicado a instituciones públicas. En junio, Indap también puso término al convenio que sostenía el Programa Mujeres Rurales, una iniciativa desarrollada durante cerca de 34 años y que constituía una de las principales líneas de trabajo de la fundación.

El escenario ha abierto dudas sobre el futuro de la institución. Según antecedentes publicados por BíoBíoChile, PRODEMU tendría recursos para financiar sus remuneraciones solo hasta octubre y algunas fuentes proyectan un eventual cierre en diciembre de 2026. Sin embargo, el Ministerio de la Mujer no ha confirmado oficialmente esta posibilidad y asegura que su prioridad es reducir el déficit y evitar que las mujeres que participan en sus programas vean interrumpidos sus procesos.

De concretarse un cierre o una interrupción significativa de sus programas, el impacto alcanzaría a miles de mujeres que participan de iniciativas destinadas a fortalecer su autonomía económica y mejorar sus condiciones de vida, especialmente en sectores de mayor vulnerabilidad socioeconómica y en zonas rurales.