Desafíos sobre Carabineros y la nueva Constitución

Por Ignacia Gutiérrez(*)

Cada cierto tiempo, somos testigos de nuevos registros sobre el actuar policial en Chile, tras la revuelta social, la pandemia ha vuelto a revelar situaciones de abuso de poder, discriminación y violencia por parte de las instituciones que hoy se encuentran, producto del estado de excepción y la crisis sanitaria a cargo del resguardo y fiscalización de la misma.

A pocas semanas de la instalación de la Convención Constitucional, órgano encargado de la redacción de la nueva carta fundamental, es necesario recordar aquellos temas que sin duda alguna no pueden quedar relegados a una discusión de segundo plano o una discusión que se les encargue a otros órganos, no podemos como ciudadanía restar importancia a los temas sobre fuerzas armadas, de seguridad y orden público.

En específico, sabemos que la crisis institucional de la policía chilena arrastrada hasta el día de hoy ha sido producto de factores como la grave violación a los derechos humanos registrada en el estallido social y que demuestra conexión con la dictadura cívico militar, las prácticas de corrupción al interior de la institución, los deficitarios mecanismos de control al interior de la institución, la deficiente formación de quienes ingresan a la institución policial y luego ejercen labores policiales, la ausencia de control civil, entre otras.

Es por esto, y ante la baja legitimidad que registra la institución de carabineros hoy, con porcentajes reveladores como por ejemplo la caída de las postulaciones a carabineros en un 86%, que la discusión constitucional se presenta como una oportunidad para dar una discusión seria sobre la institución policial en Chile, que fije los marcos para el desenvolvimiento de las policías en nuestro país.

Al día de hoy, en la Constitución vigente, el Art. 101 en su inciso segundo señala que Carabineros de Chile depende del Ministerio del Interior y existe para “dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior”. Si bien en cuanto a texto se supone un tratamiento distinto de fuerzas armadas y de orden público, legalmente no tienen gran diferencia. El aparato policial actual, excesivamente centralizado y militarizado hoy se encuentra protegido de forma constitucional.

La policía altamente militarizada que existe hoy en nuestro país y que se establece a principios del siglo XIX, está lejos de apuntar a la seguridad ciudadana y prevención del delito como se ha planteado en múltiples ocasiones, más bien los orígenes, y la construcción y formación de una policía altamente militarizada se dirigen y han dirigido a la persecución del enemigo interno, que por cierto, es parte de la ciudadanía. Esta característica de policía militarizada y que es protegida constitucionalmente lleva a que la  tónica sea altos niveles de discrecionalidad, autonomía y como se mencionó anteriormente deficitarios mecanismos de control al interior de la institución.

El proceso constituyente debe avanzar en el fortalecimiento de una concepción democrática de la seguridad ciudadana y por cierto de la seguridad humana, donde las policías tienen roles definidos y se sitúan bajo el control civil, y por otra parte donde el Estado y sus aparatos son garantes de los derechos de las personas y no los transgreden. Al mismo tiempo, es probable que una de las grandes preguntas tenga relación con la inclusión de la regulación policial en la misma Constitución. Actualmente, la LOC de Carabineros, contemplada en el Art. 105 debiera salir de la carta magna. Es obvio que en la Constitución se deben fijar principios orientados como los mencionados y evitar una regulación detallada.

Por último, en los tiempos que vivimos, ya no se justifica la continuidad de la policía tal como la conocemos, es imposible conjugar la construcción de un Chile que responda a las demandas ciudadanas, un país moderno, con una policía militarizada que ha participado de los mayores atentados contra la propia ciudadanía, es tiempo de querer y exigir colectivamente una institución profesional, con control civil y que se encuentre al servicio de la ciudadanía.

*Investigadora del Observatorio de Prácticas e Instituciones Policiales(OPIP).

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