Convencionales vs Gobierno: las tensiones que deja la licitación en seguridad y circuito cerrado de TV en la CC

Tensiones entre el Gobierno y los constituyentes dejó un reciente reportaje de Ciper, donde se ahondaba en las licitaciones  y procesos de contratación para dar inicio al trabajo de los convencionales. Estas fueron comandadas por parte de la Secretaría Administrativa de la convención, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia(Segpres), ente encargado de contratar los bienes y servicios del proceso.

De acuerdo a lo informado por el medio, los datos de Mercado Público dan cuenta de que ya se han abierto 12 licitaciones, donde cinco de ellas ya fueron adjudicadas.

Una de ellas corresponde al servicio de vigilancia y guardias, que fue dado a INCAR Seguridad. La empresa es dirigida por Luis González Pérez, un ex carabinero que integró el Grupo Guardia Presidencial en los últimos años de la dictadura militar de Augusto Pinochet y que trabajó también en el período de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. El costo de dicho servicio ascendería a  $488 millones, doce millones menos que el presupuesto asignado a «participación ciudadana y difusión» definido para la convención.

Según lo informado por Ciper, la empresa licitada tiene varias denuncias laborales expuestas en los registros de la Dirección del Trabajo. Se indica que en los últimos cinco años “INCAR acumula 197 sanciones por incumplimientos laborales, tales como no pago de remuneraciones, no otorgar descansos durante la jornada de trabajo, no pagar asignaciones, reducir el salario sin acuerdo entre las partes y no otorgar el descanso de dos domingos al mes”.

Las otras cuatro licitaciones adjudicadas corresponden “al arriendo de 80 monitores a la empresa TECSISTEM (por $10,6 millones); el arriendo de dos computadores y equipo audiovisual adjudicado a ALFACOM ($25 millones); el arriendo de equipo tecnológico para salas de reuniones a NETDATABIO ($8,9 millones);  la instalación y operación del circuito cerrado de TV para transmitir el trabajo de la convención, que fue adjudicado a Mediastream S.A. ($769 millones)”.

Sobre este último punto, el medio destaca que las bases de esa última licitación indican que “no se permite transmitir contenido que no haya sido expresamente autorizado por el Ministerio (Segpres)”.

 

Las reacciones de los convencionales

Dicho reportaje fue ampliamente abordado por los constituyentes electos a través de sus redes sociales. Sobre el tema, el abogado Jaime Bassa (D7) señaló que esto era «Inaceptable! Igual presupuesto para participación y seguridad, licitado a una empresa llena de denuncias laborales. Más encima, el Gob. pretende visar qué debates se transmiten o no. Vamos a revisar todas estas licitaciones, en defensa de la transparencia y participación».

Mauricio Daza (D28) por su parte dijo que pedirá revisar contratos. “El Gobierno de Piñera adjudique contrato para transmisión del trabajo de la Convención con cláusula que impide transmitir contenido que ellos no autoricen expresamente. Eso lo define la Convención y debería transmitirse todo! Pediré revisar este y demás contratos”.

La constituyente Constanza Schonhaut(D11), también aseguró que le parece “incompresible adjudicación de esta licitación”, refiriéndose a la empresa de seguridad, y que dicho presupuesto a seguridad “sea el mismo que a participación”. Además dijo que le parecía “inaceptable además cláusula que entrega al gobierno decisión sobre transmisión de debates. Desde Frente Amplio impulsaremos la revisión de todas las licitaciones vigentes!». 

Desde el PS, la convencional Malucha Pinto (D13), expresó que esta información da cuenta de que “el Gobierno no tiene límite, ni oído, ni sensibilidad, ni inteligencia política, carece de corazón».

Todavía está en veremos

De acuerdo a lo planteado por los convencionales, durante los próximos días se pedirá la información sobre las licitaciones. Respecto a ese punto, o a la posibilidad de que los convencionales quieran anular algunos de los contratos mencionados, el jefe de la Secretaría administrativa de la convención, Francisco Encina explicó a Ciper que “si ellos quieren revisar cada uno de los contratos, están en todo el derecho. Si la convención tiene algo (que cambiar) lo conversaré con el presidente de la convención, él en su rol de presidente y yo en mi rol de secretario ejecutivo”.

Puedes leer el reportaje completo ACÁ.

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