Por: Camila Ferreira Ormeño.

Las mujeres chilenas ya entraron al sistema financiero: tienen cuentas bancarias, ahorran, piden préstamos y utilizan créditos. De hecho, actualmente existen más mujeres que hombres con deuda bancaria. Pero ¿cuánto dinero hay detrás de ese acceso? 

Según el Informe de Género en el Sistema Financiero 2026 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), por cada 100 hombres con créditos bancarios existen 103 mujeres deudoras. Sin embargo, la deuda promedio de ellas representa solo el 62% de la que mantienen los hombres. La brecha persiste especialmente en los créditos comerciales. En síntesis, acceder al sistema financiero no significa necesariamente hacerlo en igualdad de condiciones.

Ellas pagan mejor

A diciembre de 2025, la mora bancaria de 90 días o más rondaba el 1,4% entre las mujeres y el 2,2% entre los hombres. La CMF también identificó en ellas menores niveles de endeudamiento, carga financiera, deterioro y renegociación de las deudas. Esto no permite concluir que las instituciones financieras discriminen directamente a las mujeres al otorgar un crédito, ya que los montos dependen de factores como ingresos, capacidad de pago, patrimonio y antecedentes financieros. Pero sí descarta que la brecha pueda explicarse porque ellas paguen peor.

La presidenta de la CMF, Catherine Tornel, explicó que las diferencias actuales ya no se concentran tanto en el acceso al sistema, sino en la “profundidad” con que hombres y mujeres pueden utilizarlo, particularmente en los montos de crédito y ahorro. La diferencia se hace más evidente en los créditos comerciales. Durante 2025 había 188.713 mujeres con este tipo de financiamiento, frente a 270.997 hombres. Además, las colocaciones promedio alcanzaban los $23,2 millones para ellas y $38 millones para ellos.

La desigualdad, entonces, también se expresa en cuánto margen financiero existe para invertir, comprar maquinaria, ampliar un local o hacer crecer un negocio.

¿Se vale emprender con menos?

La brecha financiera se inserta en una desigualdad económica que comienza antes de solicitar un préstamo. La VIII Encuesta de Microemprendimiento del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que durante 2025 los hombres microemprendedores obtuvieron una ganancia mensual promedio de $1.071.852, mientras las mujeres alcanzaron los $473.936: una diferencia de 55,8%. Además, el 59% de las microemprendedoras trabaja en la informalidad, frente al 51% de los hombres. Esto puede generar un círculo difícil de romper: necesitan financiamiento para hacer crecer o formalizar sus negocios, pero sus menores ingresos o dificultades para acreditarlos también pueden limitar su acceso a productos financieros.

Por ello, muchas personas terminan financiando por otras vías. El 60,4% de quienes microemprenden inició su negocio con recursos propios y solo el 12,2% utilizó principalmente un préstamo o crédito. Entre quienes se endeudaron, el 49,7% pidió dinero a familiares o amistades, un 19,1% recurrió a créditos bancarios de consumo y apenas un 8,3% utilizó un crédito comercial.

Emprender mientras se cuida

La desigualdad tampoco termina en el negocio. Según la misma encuesta, el 95,7% de las mujeres microemprendedoras participa en trabajo doméstico o de cuidados no remunerado, frente al 89,4% de los hombres. En el cuidado directo de otras personas participan el 46,6% de ellas y el 31,4% de ellos. El emprendimiento no nace siempre de una oportunidad empresarial. El 60,8% de las mujeres microemprendedoras inició su actividad por necesidad, frente al 41,6% de los hombres. Entre las razones aparecen la falta de un trabajo asalariado, la necesidad de generar ingresos y la búsqueda de flexibilidad para compatibilizar responsabilidades familiares.

Fuera de los grandes centros urbanos se agrega otra dificultad. La Araucanía registró en 2025 la mayor informalidad microemprendedora del país, con 66,1%, seguida por Tarapacá, Atacama y Maule. Para las mujeres rurales, además, acceder al financiamiento puede significar enfrentar largas distancias, actividades económicas pequeñas o estacionales y mayores dificultades para acreditar ingresos.

Fondos que no reemplazan el acceso al crédito

El Estado cuenta con programas para apoyar el emprendimiento femenino. Capital Abeja Emprende de Sercotec entrega en 2026 un subsidio de $3,5 millones a las mujeres seleccionadas para formalizar y poner en marcha sus negocios. FOSIS, en tanto, abrió 28 mil cupos nacionales para programas de emprendimiento dirigidos a personas en situación de mayor vulnerabilidad. Son herramientas relevantes, pero funcionan mediante cupos, requisitos y procesos de selección. Un subsidio estatal tampoco reemplaza la posibilidad de acceder regularmente a financiamiento para hacer crecer un negocio.

En el caso de las mujeres rurales, durante 2026 el Gobierno congeló el ingreso de nuevas beneficiarias al Programa Mujeres Rurales INDAP–PRODEMU y decidió terminar el convenio mediante el cual funcionó durante más de tres décadas. Las participantes actuales continuarán su proceso e INDAP asegura que posteriormente podrán acceder directamente a sus instrumentos. Sin embargo, 755 mujeres que habían manifestado interés en ingresar este año quedaron fuera del convenio.

INDAP argumentó que administrar directamente los recursos permitiría destinarlos con mayor eficiencia a las productoras. PRODEMU, en cambio, advirtió que el programa llegaba a 179 comunas y que su valor no estaba únicamente en el apoyo productivo, sino también en el acompañamiento, la autonomía y la organización de las mujeres. La discusión ocurre mientras ellas siguen demostrando que participan del sistema financiero y presentan buenos indicadores de pago, pero continúan manejando montos significativamente menores.

La inclusión financiera no puede medirse únicamente preguntando cuántas mujeres tienen una cuenta bancaria o acceden a un crédito. También importa saber cuánto financiamiento reciben y si este les permite realmente invertir, crecer y construir autonomía económica.

TikTok e Instagram se han llenado de jóvenes creadoras de contenido que promueven el desapego emocional hacia los hombres y cuestionan las relaciones “50 y 50”. Su propuesta invita a las mujeres a dejar de centrar su vida en ellos y a relacionarse desde el beneficio propio. Pero, ¿esta tendencia representa una verdadera emancipación o reproduce nuevas formas de dependencia masculina?

La machosfera o manosphere, el espacio digital en el que diversos hombres comparten experiencias y discursos sobre la masculinidad desde perspectivas frecuentemente misóginas, ha ganado una importante visibilidad gracias a figuras polémicas y masivamente seguidas, como Andrew Tate o Justin Waller. Paralelamente, ha comenzado a emerger un nuevo fenómeno, esta vez liderado por mujeres: la femosfera. A través de redes sociales, creadoras de contenido centradas en consejos sobre relaciones de pareja promueven un retorno a dinámicas más tradicionales, alentando a las mujeres a evitar el sexo casual y a vincularse con hombres que estén dispuestos a “resolver” y asumir el rol de proveedores económicos.

¿Pero, es esto una forma de reclamar una «deuda histórica» o una nueva manera, maquillada, de promover los roles de género tradicionales? Las relaciones amorosas entendidas como una transacción económica y la mujer relegada al papel de «conquistada», en el que no puede tomar la iniciativa, alertan a especialistas en estudios de género, quienes han estudiado el fenómeno 

La académica Jilly Kay, de la Universidad de Loughborough, advirtió en una entrevista con The Guardian que este tipo de grupos, si bien pueden incorporar elementos del discurso feminista, no son necesariamente progresistas. Asimismo, señaló que, a lo largo de la historia, algunos grupos tradicionalmente feministas han establecido alianzas con sectores no feministas que comparten ciertas visiones, destacando especialmente la convergencia entre fundamentalistas cristianos, figuras de extrema derecha y algunas feministas críticas del género.

Estas influencers comparten con sus seguidoras la idea de que los hombres son “intrínsecamente malos y peligrosos” y que, por lo tanto, las mujeres deben relacionarse con ellos desde la conveniencia y el beneficio propio. Por otra parte, promueven la importancia de cultivar la “energía femenina” a  través de prácticas de autocuidado centradas principalmente en la apariencia física para alcanzar su “mejor versión”. Bajo esta lógica, los hombres de “alto valor”, entendidos como aquellos capaces de proveer económicamente, llegarán eventualmente a sus vidas. 

Lo cierto es que, al igual que el fenómeno de las tradwives, la femosfera pareciera responder a la lógica de que existe un problema de fondo: las mujeres no quieren enfrentarse a un «doble turno», asumiendo simultáneamente las exigencias de una carrera profesional y las labores domésticas y de crianza, muchas veces en soledad y sin redes de apoyo. Sin embargo, la pregunta que permanece abierta es si estas nuevas narrativas representan una verdadera búsqueda de alternativas frente a las desigualdades de género o si, por el contrario, terminan reproduciendo viejas estructuras bajo un nuevo lenguaje. 

Por: Renata Paredes, Practicante de La Neta

La visita comienza antes de cruzar la puerta del sitio de memoria. Para acceder al subsuelo de la Plaza de la Constitución, el grupo debe pasar por los controles de seguridad del Palacio de La Moneda y, una vez dentro, permanece acompañado en todo momento por personal policial. Solo entonces se ingresa a un espacio que durante décadas permaneció oculto y que hoy resguarda una de las historias menos conocidas de la represión en Chile.

Bajo el principal centro del poder político del país funcionó, entre 1973 y 1974, el Cuartel N.º 1 de Carabineros, conocido como «El Hoyo», un centro clandestino de detención, tortura y violencia político-sexual. Este jueves, el recorrido fue guiado por mujeres sobrevivientes del recinto, quienes compartieron con las y los asistentes sus vivencias y la importancia de preservar estos espacios para la memoria colectiva.

Las visitas son organizadas por el Colectivo Plaza de la Constitución y se realizan dos veces al mes. Para Patricia Herrera, presidenta de la organización, abrir este lugar a la ciudadanía es una forma de impedir que su historia permanezca invisibilizada.

«Para nosotras son muy importantes las visitas porque significan la visibilización del sitio, que es desconocido para la gran mayoría de las personas. A pesar de estar en pleno centro de Santiago, justamente por encontrarse bajo La Moneda su acceso se dificulta debido a los protocolos», explica.

El recorrido permite conocer las dependencias donde permanecieron personas detenidas, incomunicadas y sometidas a torturas durante los primeros meses de la dictadura. Sin embargo, son los testimonios de las sobrevivientes los que resignifican el espacio. Sus relatos reconstruyen lo ocurrido entre esos muros y dan cuenta de las secuelas que aún persisten, especialmente para las mujeres que fueron víctimas de violencia político-sexual en el recinto.

La existencia de «El Hoyo» fue reconocida oficialmente por el Estado en el Informe Rettig y el Informe Valech. Posteriormente, investigaciones judiciales y peritajes realizados por la Policía de Investigaciones permitieron identificar los espacios específicos donde se cometieron torturas y agresiones sexuales contra las personas detenidas.

El recinto comenzó a operar tras el golpe de Estado bajo el Servicio de Inteligencia de Carabineros (SICAR), en coordinación con la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Desde allí, las personas detenidas eran interrogadas y torturadas antes de ser trasladadas a otros centros represivos, como Londres 38 o Cuatro Álamos. Se estima que cerca de 30 personas estuvieron recluidas en este lugar entre 1973 y 1974, en un espacio donde la persecución se concentró especialmente en militantes del Partido Socialista y donde las mujeres fueron sometidas a graves formas de violencia sexual.

La declaración del Cuartel N.º 1 como Sitio de Memoria fue anunciada en septiembre de 2016 por la entonces presidenta Michelle Bachelet, como parte de las medidas de reparación simbólica destinadas a fortalecer las garantías de no repetición. Hoy, el Colectivo Plaza de la Constitución mantiene abiertas sus puertas a través de dos recorridos mensuales, que son difundidos a través de su Instagram @colectivoplazadelaconstitucion. 

La dirigenta extendió además una invitación a participar de estos recorridos y a contribuir a la difusión del sitio.

«Las invitamos a participar de este recorrdio, a acompañarnos y a difundir, porque la memoria es de todos y todas. No podemos permitir que la memoria se pierda, porque hoy la memoria es resistencia«.

Sobre el Colectivo Plaza de la Constitución

El Colectivo Plaza de la Constitución es una organización de memoria y derechos humanos en Santiago de Chile, fundada por sobrevivientes como Ana María Campillo y Patricia Herrera. Su objetivo principal es rescatar del olvido los crímenes cometidos en el ex centro de detención clandestino, tortura y violencia política sexual conocido como Cuartel N°1, ubicado en los subterráneos bajo la Plaza de la Constitución y el Palacio de La Moneda durante la dictadura militar.

Tatiana Hernández Comandini, Socióloga, Observatorio de Género y Equidad

Isidora García Concepción, Antropóloga

Durante tres meses —entre mayo y julio de 2026— mujeres de organizaciones sociales, feministas, sindicales, rurales, indígenas, de la pesca artesanal, migrantes y de la diversidad sexual se reunieron para conversar sobre algo que rara vez se pregunta con seriedad: qué le hace la política, en la vida concreta y cotidiana, a quienes la sostienen. Lo que emergió de esos talleres —realizados por el Observatorio Género y Equidad y el MEMCH— no es una queja abstracta contra un gobierno, sino un mapa detallado de cómo el retroceso de las políticas públicas se convierte, para las mujeres, en menos salud, menos tiempo, menos seguridad y más miedo.

La democracia y el Estado como condición de vida digna

Un hilo atraviesa todos los territorios consultados, desde el altiplano de Parinacota hasta el maritorio habitado por las mujeres dedicadas a la pesca artesanal, pasando por Santiago, Tirúa y Villarrica: las mujeres no valoran la democracia como un ideal lejano, sino como la única vía que conocen para que el Estado sostenga sus condiciones materiales y su capacidad organizativa. Incluso quienes han resuelto su bienestar al margen de las instituciones —con huertas, trueque, redes comunitarias— saben que ese margen de autonomía no alcanza para quienes llevan décadas esperando que se garanticen derechos básicos. La experiencia les ha enseñado que sin un Estado presente, la desigualdad territorial y social simplemente se profundiza.

Por eso la actual administración —con su retiro de subsidios, el cuestionamiento a la Pensión Garantizada Universal, el debilitamiento del acceso a medicamentos y el fin de programas de apoyo a personas mayores y a la agricultura familiar campesina, entre otros— no se vive como un ajuste técnico, sino como el desmantelamiento de la única red que muchas mujeres tienen para sostener la vida.

Un mapa emocional del malestar

En los talleres aparecen, una y otra vez, cinco emociones: rabia, agobio, desilusión, miedo y dolor. Rabia frente a un proyecto político que perciben como una revancha contra los avances sociales conquistados con años de trabajo colectivo y esfuerzo por visibilizar a las mujeres como personas con derechos humanos. Agobio frente al encarecimiento de lo esencial y la sobrecarga de cuidados que antes, al menos en parte, asumía el Estado a través del reconocimiento expresado en la instalación de una política nacional también en riesgo. Desilusión por la oportunidad perdida de ampliar derechos en el proceso constituyente. Miedo, alimentado por la memoria de la dictadura y por el recrudecimiento de un odio machista que —dicen las propias mujeres— «salió del clóset». Y dolor, al constatar que las luchas que costaron tanto no han encontrado justicia y que el proyecto de sociedad por el que se trabajó se aleja reforzado por más impunidad.

Pero también aparece, aunque de forma más tenue, la esperanza: la convicción de que la unidad, la organización y la movilización siguen siendo una fuente de fuerza colectiva.

Las opresiones no llegan solas

Lo más urgente que revelan estos talleres es que el retroceso no golpea igual a todas. Se agudiza allí donde las desigualdades ya venían entrecruzadas. Las mujeres indígenas que habitan territorios codiciados por la economía extractivista —en el altiplano, en la precordillera, en Tirúa— enfrentan además el avance de una agenda que amenaza con debilitar la Ley Indígena y la Ley Lafkenche, abriendo la puerta a la venta o el arriendo de tierras que son, para ellas, fuente de agua, de alimento y de sentido comunitario. A esa amenaza se suma la dispersión geográfica: cuando el transporte público se encarece o se reduce, son las mujeres mayores rurales quienes deben caminar largas distancias para acceder a una atención de salud que ya era escasa.

Para las mujeres migrantes, en particular aquellas en situación irregular, la precarización adquiere otro rostro: el temor constante a la fiscalización y la expulsión, la imposibilidad de iniciar actividades económicas propias por no contar con documentos, una salud mental erosionada por la ansiedad y la incertidumbre normativa. Cuando además se es mujer trans y migrante, ese miedo se multiplica: no hay institución que garantice resguardo y el hostigamiento se vive en varios frentes a la vez.

Las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, por su parte, describen un ambiente en que las narrativas conservadoras —antes contenidas— hoy se expresan sin disimulo. El miedo a tomarse la mano o besarse en la calle, la sensación de estar desapareciendo de los discursos públicos, la precarización de los propios espacios de activismo: todo esto compone una fragilidad específica, que no se explica solo por ser mujeres, sino por la forma en que el género se entrelaza con la orientación sexual, la identidad de género, la pertenencia indígena y, en muchos casos, con la condición migrante.

Esta mirada interseccional es clave: no existe «la mujer» afectada de manera uniforme por este gobierno. Existen mujeres rurales, indígenas, migrantes, trans, lesbianas, sindicalizadas, viejas, adolescentes y niñas cuyas opresiones se acumulan y se potencian entre sí, y para quienes cada recorte de política pública no es un dato abstracto, sino una amenaza concreta a su autonomía, su seguridad y, en algunos casos, su supervivencia.

La respuesta: organizarse para sostener la vida

Frente a este panorama, la respuesta que las propias mujeres construyen no es la parálisis, sino la organización. Ollas comunes, compras colectivas, trueque, huertas compartidas; espacios de escucha con dos reglas simples —no juzgar y guardar confidencialidad—; la voluntad de tejer alianzas entre territorios y con otros movimientos sociales; y, sobre todo, la decisión de canalizar la rabia en energía organizativa en lugar de dejar que se vuelva destructiva. Muchas evocan la memoria de la organización popular de los años ochenta, cuando la necesidad material y el autoritarismo empujaron a las mujeres a inventar redes de apoyo que hoy vuelven a activar.

Ese gesto —preguntarle a la otra cómo está y qué necesita— es, quizás, la política más elemental y más potente que estos talleres nos dejan: la certeza de que sostener la vida, en tiempos de retroceso, es también un acto colectivo de resistencia.

Por Camila Ferreira, periodista 

Cada tres días, en promedio, la prensa fue víctima de algún tipo de agresión en Chile. Así lo informó el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) -organización sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión y la protección a la prensa- que analizó las vulneraciones contra la prensa entre 2022 y 2025.

Las cifras son contundentes: en cuatro años se documentaron 424 vulneraciones contra el ejercicio del periodismo y 485 víctimas o entidades afectadas, además del aumento en un 69,4% en el número de incidentes, pasando de 85 casos a 144 en 2025. 

Pese a que los ataques físicos siguen siendo los más reportados, con 119 registros, disminuyeron de 40 hechos registrados en 2024 a 17 durante 2025. Sin embargo, esto no implica necesariamente un entorno más seguro para el ejercicio periodístico. En cuanto a los discursos estigmatizantes, alcanzaron 46 registros y las agresiones verbales llegaron al máximo histórico de 45 casos, un aumento que coincide con los escenarios de alta polarización pública y electoral, especialmente durante las elecciones presidenciales de 2025.

Violencia digital

El mayor número de afectaciones, con 270 víctimas (55,67%) se concentró en reporteras, conductoras y analistas y, aunque los hombres concentraron más casos en términos absolutos, las agresiones contra mujeres periodistas muestran mayores niveles de reiteración, exposición y hostilidad digital.

En cuanto a los ataque cometidos, se registraron 125 por actores estatales, 46 por autoridades públicas y 45 por Carabineros. Respecto a ataques cometidos por  agresores no estatales, se acumularon 261, siendo 113 perpetrados por usuarios de plataformas digitales. También se documentaron 45 situaciones de hostigamiento judicial a lo largo del periodo y los incidentes de violencia facilitada por el uso de tecnología digital aumentó de 5 registros en 2022 a 17 en 2025, demostrando una transformación progresiva y sofisticación en las formas de violencia. 

Al respecto, el Presidente del ODC, Javier García, aseguró que “Ya no se trata únicamente de impedir físicamente una cobertura, también se desarrollan dinámicas de hostigamiento y descrédito sostenidas en el tiempo que buscan desgastar e intimidar a periodistas para promover la autocensura, siendo los medios locales e independientes los más vulnerables a estas prácticas”.

Es importante mencionar que el organismo advierte que las cifras corresponden a situaciones que pudieron ser detectadas y verificadas, provocando que la capacidad de seguimiento sea más limitada en regiones y zonas rurales, por lo que la dimensión de la violencia contra la prensa fuera de Santiago todavía podría estar subrepresentada. 

Para la periodista, locutora y corresponsal de prensa, Nayadet Oyarzún, uno de los principales problemas que ha debido enfrentar es el exceso de centralismo, ya que generalmente se piensa que en regiones se trabaja igual que en Santiago:“Grabando con la ética y el respeto que corresponde, se acercó a atacarme un grupo de funcionarios municipales cuando grabamos un «tren de olas». A veces la gente no te deja trabajar, una sabe que no debe grabar niños, pero cuando ocurre una contingencia y grabas el momento, la gente no puede oponerse”, aseveró.

Respecto al sentido del monitoreo, García apunta a la visibilización de un vacío estructural:: “El monitoreo es clave… ya que sin datos, no es posible trabajar en políticas públicas eficaces ni en protección real a la prensa”.

En un contexto de creciente polarización política, el informe plantea que estos datos reafirman la necesidad de fortalecer las garantías para el ejercicio del periodismo.La libertad de prensa no es un asunto técnico: es una condición necesaria para la democracia. 

Revisa el Informe de Vulneraciones contra la Prensa 2022-2025 del ODC aquí

Por: Camila Ferreira

Compuesta por las comunas de Angol, Collipulli, Curacautín, Ercilla, Lonquimay, Los Sauces, Lumaco, Purén, Renaico, Traiguén y Victoria; el 27,9% de su población vive en sectores rurales, más del doble que el promedio nacional (13,3%). Para las mujeres, eso puede traducirse en mayores distancias para llegar a un hospital, a un tribunal de familia, a una sala cuna o a una oportunidad laboral.

La educación tampoco escapa de esa lógica. El promedio ponderado de escolaridad en Malleco es de aproximadamente nueve años. Es más, ninguna de las once comunas de la provincia alcanza el promedio nacional de 10,4. Esto no solo incide en el tipo de empleo al que una mujer puede acceder, sino también determina su capacidad de conocer y ejercer sus derechos. 

Derecho que el sistema público objeta

Según datos del Registro Social de Hogares, el 92,4% de las personas de Malleco pertenece a Fonasa, frente al 86,5% nacional, lo que indica es que la mayor parte de la población depende del sistema público de salud y se ve afectada por las listas de espera, su escasez de especialistas y su distribución territorial deficiente sin una alternativa real en el sistema privado.

Aquello también afecta el derecho de las mujeres sobre una garantía legal, que cuenta con una barrera más alta que en otras partes del país: la Ley 21.030, que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales

Según el Informe de Objeción de Conciencia en Chile 2025 de Corporación Humanas, el Servicio de Salud Araucanía Norte tiene la tasa más alta de objeción de conciencia del país. De 17 obstetras contratados, 14 objetan en la causal de embarazo por violación, 9 en la causal de inviabilidad fetal letal y 4 en riesgo vital de la mujer.

Al comparar esas cifras con el promedio nacional, la diferencia es significativa:

Fuente: Informe de Objeción de Conciencia en Chile 2025 de Corporación Humanas

El peso del cuidado

La proporción de personas con discapacidad nuevamente tiene una proporción más alta que el promedio del país. El 14,7% de su población de cinco años o más presenta alguna discapacidad, frente al 11,1% nacional, aproximadamente un tercio más que la media.

En Chile, alrededor del 85% de las personas registradas como cuidadoras son mujeres. Y en la provincia, aproximadamente el 50,9% de los hogares tiene jefatura femenina, frente al 49,9% nacional. En ese contexto, las mujeres no solo enfrentan sus propias condiciones de precariedad, sino que además sostienen de manera no remunerada y con escasas redes de apoyo el cuidado de familiares con discapacidad, en un territorio donde los servicios especializados son más escasos y más lejanos que en el resto del país.

Trabajar más para ganar menos

En 2025, el ingreso laboral promedio de las mujeres de la Araucanía fue de $665.002 mensuales, mientras que a nivel nacional fue de $832.566. Una diferencia en promedio de $167.564 menos al mes.

Pero la brecha no termina ahí. Según la Encuesta Suplementaria (ESI) de Ingresos 2025, dentro de la propia región existe una desigualdad por género, puesto que el ingreso laboral promedio de las mujeres de la Araucanía fue un 15,6% inferior al de los hombres de la región. La diferencia aumenta en la población entre 55 y 64 años de edad, con una brecha de 40,7% en desmedro de las mujeres.

Según la Encuesta Nacional de Empleo del INE, durante el trimestre marzo–mayo de 2026 la tasa de desocupación de las mujeres de la Araucanía alcanzó el 10,3%, frente al 7,4% de los hombres, mientras su participación laboral fue de solo 49,5%, comparada con el 64,7% masculino. Aunque el empleo femenino aumentó 4,5% en doce meses, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por las asalariadas informales. El INE informó una desocupación femenina de 10% para la provincia de Cautín, pero no publicó una estimación equivalente para Malleco.

Femicidio: la violencia que no necesita conflicto armado para matar

Cuando se habla de violencia en la Araucanía, rara vez se habla del tipo de violencia que mata más mujeres en la región: la que ocurre puertas adentro, en manos de quienes las conocen.

En 2025 se registraron en la Araucanía cuatro femicidios consumados, 49 femicidios frustrados y cinco femicidios tentados. Las tasas por cada 100.000 mujeres hacen visible la gravedad del problema cuando se comparan con el promedio nacional:

Fuente: Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.

La Araucanía tiene una tasa de femicidios frustrados que casi triplica el promedio nacional. Ese número —el más alto y el más revelador— habla de una violencia que existe, que llega a su punto crítico con frecuencia, y que en muchos casos no logra ser letal solo porque algo la detiene en el último momento. No porque no lo intentara.

En una provincia donde las distancias son más largas, las redes de apoyo más escasas y los dispositivos de atención en violencia de género más difíciles de alcanzar, las mujeres que escapan de una situación de violencia lo hacen con menos recursos y en condiciones más desfavorables.

Lo que la seguridad oculta

La cobertura mediática sobre la Araucanía Norte ha estado dominada, especialmente desde el inicio del actual gobierno, por el lenguaje del conflicto, la militarización y la amenaza al orden público. Ese encuadre no es neutral: desplaza sistemáticamente otras lecturas posibles sobre el mismo territorio.

Cuando la «macrozona sur» ocupa los titulares, raramente aparecen en ellos las mujeres que sostienen los hogares más pobres y rurales de la zona. Las que cuidan a familiares con discapacidad sin remuneración ni apoyo. Las que ganan un 20% menos que sus pares en el resto del país. Las que enfrentan una tasa de femicidios que casi triplica el promedio nacional. Las que buscan ejercer un derecho garantizado por ley y se topan con un sistema que se lo niega en proporción récord.

Nombrar esa realidad no es ignorar el conflicto territorial: es negarse a que el conflicto borre a las mujeres del relato.

Porque ellas están ahí. Son el 51,8% de Malleco. Sostienen más de la mitad de sus hogares. Y merecen más que aparecer como telón de fondo de una narrativa que no las ve.

La intersección que los datos a veces omiten

El 26,1% de la población de Malleco se identifica como perteneciente a un pueblo indígena u originario, la mayoría del pueblo mapuche. Eso es el doble del promedio nacional, que llega a un 11,4%. 

Para las mujeres mapuche de la provincia, las desigualdades señaladas en este reportaje se cruzan con otras: la discriminación étnico-racial en el acceso a servicios de salud, las barreras lingüísticas y culturales en el sistema de justicia, la criminalización de las comunidades en el contexto del conflicto territorial, y la invisibilización de sus propias formas de organización y resistencia dentro de un relato nacional que los reduce a víctimas o a amenaza.

Por: Renata Paredes

La moción, ingresada el pasado 7 de julio por los diputados Cristóbal Urruticoechea, Ximena Ossandón, Álvaro Jofré, Chiara Barchiesi, Catalina del Real y Claudia Reyes, ha generado preocupación entre organizaciones feministas y agrupaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.

El proyecto de ley propone modificar el Código Sanitario para establecer el deber del personal médico de informar a quienes deseen interrumpir voluntariamente su embarazo, sobre la posibilidad de escuchar el latido cardíaco del feto, en caso de que este exista. Asimismo, la iniciativa establece que, si la paciente rechaza esta instancia, el personal de salud tratante podría abstenerse de  llevar a cabo el procedimiento, lo que ha generado cuestionamientos por el eventual impacto que tendría en el acceso a la prestación.

La iniciativa plantea que, para que la decisión de interrumpir un embarazo sea consciente y libre, la paciente debe contar con información «completa y comprensible sobre la naturaleza del acto que autoriza». En este sentido, sostiene que la entrega de estos antecedentes médicos, contribuiría a fortalecer la calidad del consentimiento informado de la mujer que solicita un aborto.

Sin embargo, el hecho de que el proyecto sea impulsado por sectores que históricamente se han opuesto al aborto, tanto libre como en sus tres causales, ha generado cuestionamientos respecto de sus verdaderos objetivos. Para sus detractores, la iniciativa estaría orientada más bien a persuadir a las mujeres de desistir de la interrupción del embarazo que a garantizar un consentimiento plenamente informado.

Evidencia comparada

La idea de hacer que una mujer escuche los latidos del embrión o feto antes de abortar no es nueva. El propio proyecto hace referencia a leyes vigentes en estados de Estados Unidos, como Kentucky, Texas y Wisconsin. Sin embargo, la evidencia disponible sobre el  impacto  de estas medidas muestra resultados distintos a los que suelen invocar sus promotores.

Un estudio sobre la experiencia de Wisconsin, publicado en la National Library of Medicine, reveló que el 88,8% de las mujeres mantuvo su decisión de abortar, mientras que solo el 11,2% continuó con el embarazo. Además, las autoras concluyeron que el principal factor asociado a un cambio de decisión fue la incertidumbre previa de las pacientes, más que la visualización de ecografías o la escucha de los latidos fetales.

¿Información médica o posible vulneración de derechos?

Si bien la obligación de escuchar la actividad cardíaca fetal podría presentarse como una medida destinada a entregar mayor información a la paciente, especialistas advierten que el consentimiento informado también contempla el derecho a rechazar información o procedimientos que la persona no desea recibir. En esa línea, la Organización Mundial de la Salud recomienda que las ecografías no sean un requisito obligatorio para acceder a un aborto y que la información proporcionada sea objetiva, basada en evidencia y no tenga por finalidad influir en la decisión de la mujer o persona gestante.

En Chile, una medida de este tipo podría entrar en tensión con la Constitución, la Ley N.º 20.584 sobre derechos y deberes de los pacientes y el artículo 119 del Código Sanitario, que establece que la información entregada debe ser completa y objetiva, sin estar destinada a orientar la voluntad de la mujer. Asimismo, podría comprometer estándares internacionales de derechos humanos relacionados con la autonomía, la privacidad, la salud y la integridad psíquica, especialmente en casos de violación, inviabilidad fetal o cuando la paciente manifiesta expresamente su negativa a recibir este tipo de información.

La iniciativa ha recibido críticas desde distintos sectores políticos. La exministra de la Mujer, Antonia Orellana (FA), calificó el proyecto como una medida «coercitiva» que buscaría entorpecer la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Por su parte, la exministra Karla Rubilar (RN) afirmó a través de sus redes sociales que la propuesta constituye «un retroceso» y llamó a actuar con «más humanidad».

Ley IVE y sus brechas en el acceso

Desde su promulgación en 2017, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en tres causales ha permitido que más de 6 000 mujeres interrumpan sus embarazos en situaciones extremas, como la inviabilidad fetal, el riesgo para la vida de la madre y la violación. Esta última ha sido la causal menos utilizada de las tres.

Sin embargo, las cifras revelan una importante presencia de niñas y adolescentes entre quienes acceden a esta prestación. De las 1.447 interrupciones del embarazo realizadas por la causal de violación, el 23,4% correspondió a menores de 18 años. A su vez, de este grupo, casi la mitad (47,3%) eran niñas menores de 14 años.

Pese a la importancia que esta ley ha tenido en resguardar la integridad física y psicológica de miles de mujeres y niñas, esta ley sigue enfrentando importantes brechas en el acceso. Según el Informe de Objeción de Conciencia 2025 de Corporación Humanas,  a nivel nacional, cuatro de cada diez me?dicos/as obstetras son objetores/ as en la causal violacio?n, dos de cada diez en la causal inviabilidad fetal y uno de cada diez en la causal riesgo de vida de la mujer. 

Según este mismo estudio, 34 hospitales públicos presentan un 40% o más de médicos/as obstetras objetores/as en la causal violación. Entre ellos, destaca el Hospital de Cauquenes, que mantiene el 100% de su personal médico obstetra objetor en todas las causales. Por su parte, el Hospital Sótero del Río, Hospital de Victoria, Hospital de Santa Cruz, Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz y el Hospital el Pino registran porcentajes superiores al 80% de su personal médico obstetra objetor en la causal violación. 

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó por consenso la resolución «Promoción, protección y respeto del pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en situaciones humanitarias» (A/HRC/62/L.21/Rev.1), convirtiéndose en el primer documento final negociado del sistema de Naciones Unidas que reconoce explícitamente la violencia reproductiva como una forma específica de violencia de género.

La resolución expresa su profunda preocupación por las múltiples formas de violencia que enfrentan las mujeres y las niñas en contextos humanitarios y, por primera vez, incorpora la violencia reproductiva entre las violaciones que requieren prevención, protección y respuesta por parte de los Estados y de la comunidad internacional. Entre ellas menciona la anticoncepción forzada o la negación del acceso a anticonceptivos, el embarazo forzado, el aborto forzado y la esterilización forzada, incluso cuando estas prácticas son utilizadas con la intención de destruir a un grupo.

Asimismo, el texto llama a fortalecer mecanismos accesibles, seguros y confidenciales de denuncia, derivación y atención para las sobrevivientes, con un enfoque centrado en las víctimas, sensible al género, la edad y la discapacidad.

Para la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF), este reconocimiento representa un hito en la evolución de los estándares internacionales de derechos humanos. La organización sostiene que nombrar la violencia reproductiva permite visibilizar una forma de violencia que durante años permaneció insuficientemente reconocida, fortaleciendo las herramientas para su prevención, la protección de las sobrevivientes y la rendición de cuentas.

Un avance para los estándares internacionales

Que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconozca explícitamente la violencia reproductiva como una forma específica de violencia de género constituye un avance significativo en la consolidación de los estándares internacionales de derechos humanos. 

«Nombrar estas violencias permite visibilizar prácticas que durante mucho tiempo han permanecido insuficientemente reconocidas y refuerza la obligación de los Estados de prevenirlas, investigarlas, sancionarlas y reparar a las víctimas. Este tipo de avances también fortalece el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil para exigir que la autonomía reproductiva sea garantizada como un derecho humano y no como un privilegio sujeto a barreras o discriminación», sostiene Jennifer Alfaro, Coordinadora de Estudios y Litigio Estratégico de Corporación Humanas.

Un reconocimiento que también interpela a los Estados

Para Siomara Molina, vocera de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, «este reconocimiento fortalece una convicción que el movimiento feminista ha sostenido por años: la autonomía reproductiva no es posible si existe violencia, coerción o imposiciones. Que se nombren estas violencias es importante porque involucra reconocer la obligación de los Estados de garantizar el acceso efectivo a los derechos sexuales y reproductivos».

Un estándar que sigue evolucionando

El reconocimiento se suma a otros avances recientes impulsados por el Consejo de Derechos Humanos. En los últimos años, los órganos internacionales de derechos humanos han fortalecido progresivamente los estándares vinculados a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, reafirmando que forman parte integral de los derechos humanos.

Aunque las resoluciones del Consejo no modifican por sí solas las legislaciones nacionales, sí contribuyen a consolidar estándares internacionales que orientan la actuación de los Estados y fortalecen las herramientas de incidencia, monitoreo y exigibilidad de la sociedad civil.

Para organizaciones feministas y de derechos humanos, este nuevo reconocimiento constituye una herramienta adicional para visibilizar prácticas que afectan la autonomía de mujeres y niñas, y avanzar hacia políticas públicas centradas en la prevención, la reparación y la garantía efectiva de los derechos sexuales y reproductivos.

La directora de Corporación Humanas, Paula Salvo, participó en el encuentro «Vida Digna y Justicia Social: Reflexiones sobre caminos recorridos y estrategias posibles para su defensa», convocado por Observadoras Ley de Aborto (OLA) Chile, instancia que reunió a parlamentarias y activistas feministas junto a la exsenadora uruguaya Lilian Abracinskas para reflexionar sobre los desafíos actuales en la defensa de los derechos humanos y compartir experiencias de incidencia política.

La actividad propició un diálogo sobre los aprendizajes acumulados por los movimientos feministas de la región, la importancia de fortalecer la articulación entre organizaciones de la sociedad civil y la necesidad de impulsar estrategias conjuntas frente a los desafíos que enfrentan los derechos de las mujeres.

En ese contexto, Paula Salvo destacó el valor de estos espacios de intercambio para fortalecer la incidencia regional:

«El multilateralismo también se construye desde la sociedad civil: intercambiar experiencias entre organizaciones y liderazgos de la región fortalece la defensa de los derechos humanos. Gracias a Lilian Abracinskas por compartir una trayectoria que demuestra que la incidencia feminista puede transformar instituciones y ampliar derechos, y a las compañeras de Observadoras Ley de Aborto (OLA) Chile por invitar a este espacio.»

La participación de Corporación Humanas en este encuentro reafirma la importancia de fortalecer las alianzas entre organizaciones feministas de la región para impulsar políticas públicas con enfoque de derechos humanos, compartir experiencias y consolidar estrategias de incidencia frente a los desafíos que hoy enfrenta la igualdad de género.

Por Redacción La Neta 

¿Qué hechos podrían estar afectando la calidad de la democracia en Chile? ¿Cómo impactan determinadas decisiones públicas en la garantía de derechos, la igualdad y la participación?

Con estas preguntas como punto de partida, Corporación Humanas inició la Auditoría a la Democracia, una herramienta de monitoreo que busca identificar y analizar medidas, discursos y decisiones institucionales que puedan afectar estándares democráticos y de derechos humanos, con especial atención a sus efectos sobre mujeres y diversidades sexo-genéricas.
El primer informe, que abarca el período comprendido entre el 11 de marzo y el 30 de abril de 2026, identifica diez alertas democráticas. Entre ellas se encuentran el recorte presupuestario del 3% aplicado a los ministerios —incluido el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género—, la desvinculación de la directora del SernamEG mientras enfrentaba un tratamiento por cáncer de mama, la suspensión de proyectos estadísticos sobre género y diversidad en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la decisión de no adherir a una declaración de la OEA en favor de los derechos de las personas LGBTIQ+.
El monitoreo también analiza hechos ocurridos durante abril, como las declaraciones de la senadora Vanessa Kaiser cuestionando la existencia del Ministerio de la Mujer, la derogación de circulares educativas que incorporaban perspectiva de género e inclusión en establecimientos educacionales, así como episodios de violencia política contra autoridades públicas mujeres.

Más allá de la contingencia

Aunque cada una de estas situaciones tiene características particulares, la Auditoría identifica un patrón común: el debilitamiento o cuestionamiento de mecanismos institucionales orientados a garantizar igualdad, participación y protección de derechos. Desde esta perspectiva, las alertas no sólo permiten observar hechos aislados, sino también comprender tendencias que podrían afectar la calidad democrática en el mediano y largo plazo.

La iniciativa se inspira en experiencias internacionales de monitoreo democrático y propone una lectura que incorpora las dimensiones electoral, liberal, participativa, deliberativa e igualitaria de la democracia, sumando además una mirada feminista sobre los efectos diferenciados que determinadas decisiones tienen en la vida de mujeres y diversidades.

En tiempos de alta polarización y aceleración informativa, detenerse a observar los procesos resulta fundamental para fortalecer el debate público y resguardar los estándares democráticos.

? Revisa el primer informe de la Auditoría a la Democracia y conoce en detalle las alertas identificadas durante marzo y abril de 2026.