* Por Sasha Ortega

En esta fecha —que no es celebración, sino memoria, reivindicación y lucha por los derechos— las movilizaciones tomarán diversas plazas y espacios públicos durante marzo de 2026. La jornada del 8 de marzo reinstala en el debate público temas estructurales como la igualdad de género, la erradicación de la violencia machista y el reconocimiento de las mujeres en la historia y la vida social del país.

En un escenario marcado por el inicio de un nuevo ciclo político, las organizaciones feministas han señalado la importancia de mantener la vigilancia frente a posibles retrocesos y de asegurar la continuidad de las políticas públicas en materia de derechos de las mujeres.

Marchas y movilizaciones: el pulso de la calle

La Coordinadora Feminista 8M convocó a marchar el domingo 8 de marzo a las 10:00 horas en Plaza Dignidad, en Santiago. En Valparaíso, el llamado es a la huelga general feminista a las 11:00 horas en Plaza Sotomayor, mientras que en Osorno la movilización se realizará en la Plaza de Armas de Osorno bajo la consigna “Sin retrocesos, con más fuerza: Mujeres trabajadoras organizadas”.

Además de Santiago, en ciudades como Valparaíso, Concepción, Temuco y Punta Arenas se han calendarizado convocatorias para el mismo 8 de marzo, como parte de una jornada descentralizada en todo el país.

Agenda cultural y territorial: marzo como mes de mujeres

Lejos de limitarse al 8 de marzo, diversas actividades artísticas, patrimoniales y educativas se extenderán durante todo el mes, impulsadas por instituciones públicas, universidades y colectivos sociales.

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos convocó para el 6 de marzo a la jornada “Las mujeres tenemos memoria”, un espacio con conversatorios, música, performance y talleres que busca relevar la historia y las luchas de las mujeres en la antesala del Día de la Mujer Trabajadora. En la actividad participarán diversas organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellas Corporación Humanas.

La Organización Udema Histórica realizará el lanzamiento del “Archivo UDEMA: Género y Derechos Humanos en Atacama” el sábado 7 de marzo, en el Museo Regional de Atacama. Se trata de una iniciativa que busca rescatar y poner en valor la memoria histórica de la Unión de Mujeres de Atacama.

Más allá de la jornada: los desafíos en 2026

Si bien las actividades oficiales y comunitarias buscan visibilizar logros y perspectivas, las organizaciones de mujeres y feministas subrayan que el 8M sigue siendo un espacio para reflexionar sobre los desafíos pendientes: desde la violencia machista estructural y las brechas en derechos socioeconómicos, hasta la participación política y la justicia reproductiva.

En este nuevo ciclo gubernamental, el movimiento feminista insiste en que la fecha también es un momento de vigilancia democrática frente a posibles retrocesos en derechos.

El 8 de marzo vuelve a articular historia, cultura y movilización en torno a una demanda persistente: igualdad real y garantías efectivas de derechos para todas las mujeres.

*Por Sasha Ortega

Estamos a solo semanas de una nueva conformación de la Cámara de Diputadas y Diputados y de la mitad del Senado, luego de las elecciones de noviembre de 2025. En esta nota, revisamos algunos proyectos de ley pendientes y que deberán ser tramitados por el próximo parlamento. 

Proyectos vinculados a la violencia digital, el postnatal parental y el régimen de sociedad conyugal evidencian cómo la demora legislativa tiene consecuencias concretas, especialmente para mujeres, niñas, niños y familias.

Violencia digital 

Uno de los proyectos más urgentes es el que busca prevenir y sancionar la violencia digital (Boletín 13928-07), una forma de agresión que se ha intensificado con el uso masivo de las redes sociales y las plataformas digitales, afectando de manera desproporcionada a mujeres y niñas. La falta de una normativa específica deja a las víctimas sin los mecanismos de protección, reparación y sanción, normalizando prácticas de acoso, hostigamiento y vulneración de derechos en entornos digitales. 

Este proyecto, ingresado en 2020 como Moción a la Cámara de Diputadas y Diputados ya se encuentra en segundo trámite constitucional y ha recibido apoyo transversal de las bancadas. En específico, se encuentra en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. 

La aprobación de esta ley permitiría reconocer la  violencia digital como una expresión de desigualdad estructural, fortalecer las políticas de prevención y avanzar hacia espacios digitales más seguros para mujeres, niñas y adolescentes.

Postnatal parental de un año

En el ámbito de los cuidados, el proyecto que extiende el  postnatal parental (Boletín 17049-13) plantea una reforma sustantiva al esquema vigente, que actualmente otorga a los padres solo cinco días de permiso obligatorio, reforzando la concentración del cuidado en las mujeres. La iniciativa propone avanzar hacia un postnatal de hasta un año para las madres, junto con la ampliación del permiso paternal a 30 días, promoviendo una mayor corresponsabilidad en la crianza. 

Esta moción fue ingresada en mayo de 2024 a la Cámara de Diputadas y Diputados. Pasó por la Comisión de Economía, la de Trabajo y Seguridad Social y la de Hacienda. Desde noviembre de 2025 está pendiente a su votación general en la Sala para pasar al Senado.

El debate legislativo ha permitido identificar áreas de perfeccionamiento para evitar efectos no deseados en el mercado laboral. Expertas han advertido que, para no profundizar la brecha de contratación femenina, es clave transitar hacia un modelo de corresponsabilidad real, incorporando permisos exclusivos y no transferibles para los padres. 

De aprobarse con estos criterios, esta medida podría mejorar el bienestar de niñas y niños en sus primeros meses de vida, contribuir a reducir las brechas laborales y salariales de género, y fortalecer la estabilidad económica y emocional de  las familias.

Régimen de Sociedad Conyugal 

También se mantiene en tramitación la modificación al régimen de sociedad conyugal (Boletín 7727-18), proyecto que cuenta con respaldo en la Sala del Senado y que acumula más de 14 años de discusión legislativa. 

La propuesta legislativa reemplaza la figura del marido como administrador exclusivo de los bienes por un modelo de igualdad de derechos entre cónyuges -en matrimonios de distinto y mismo sexo- y deroga disposiciones del Código Civil que establecen un patrimonio reservado para la mujer casada. 

Esta reforma permitiría que ambos cónyuges administren  los bienes sociales y que los inmuebles adquiridos mediante subsidios habitacionales sean considerados bienes familiares con protección jurídica específica, fortaleciendo la autonomía patrimonial de las mujeres y la seguridad económica de las familias. 

La aprobación de estos proyectos no solo supone avances normativos, sino también mejoras concretas en la calidad de vida de la ciudadanía. Mantenerlos postergados perpetúa brechas, inseguridades y desigualdades que afectan el ejercicio pleno de derechos. Avanzar en su tramitación representa una oportunidad para fortalecer la democracia y responder a demandas sociales largamente postergadas.

* Por Sasha Ortega

Este martes 20 de enero, José Antonio Kast presentó su primer gabinete ministerial, compuesto por 24 ministros y ministras, con una mayoría de figuras independientes. Marca así el inicio de un nuevo periodo político que será observado con atención, especialmente por su impacto en la agenda de derechos humanos, derechos de las mujeres e igualdad de género.

La composición del equipo, además de  las trayectorias y posturas públicas de algunas de las futuras autoridades, ha profundizado interrogantes respecto del compromiso efectivo del próximo gobierno con la igualdad sustantiva  y la institucionalidad de género.

Si bien la presencia de mujeres en el gabinete constituye un avance en términos de representación, diversas voces han advertido que la igualdad no se mide únicamente en términos numéricos, sino también en señales políticas claras, prioridades programáticas y respaldo a las instituciones creadas para garantizar derechos.

En este contexto, genera especial preocupación que algunas autoridades designadas hayan planteado públicamente la fusión o eventual eliminación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

La designación de la nueva ministra de la Mujer y la Equidad de Género instala un conjunto de expectativas y exigencias propias del cargo, que trascienden las trayectorias partidarias o convicciones personales. Quien encabece esta cartera tendrá la responsabilidad de garantizar la continuidad y fortalecimiento de políticas públicas orientadas a la igualdad sustantiva, el enfoque de derechos humanos y el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile.

El desafío central estará en asegurar que la conducción del Ministerio contribuya a resguardar su rol estratégico dentro del Estado, promoviendo la transversalización de la perspectiva de género y el acceso efectivo de mujeres, niñas y personas gestantes a derechos consagrados por la ley.

Ministerio de la Mujer y su rol en la protección de derechos

Desde el mundo feminista y académico se advierte que relativizar la existencia del Ministerio no es una discusión neutra ni meramente administrativa. Se trata de una institucionalidad que ha permitido transversalizar la perspectiva de género en el Estado y avanzar en políticas públicas como la Ley Integral contra la Violencia, el Sistema Nacional de Cuidados, el fortalecimiento de la atención a víctimas de violencia intrafamiliar, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales, entre otras normativas fundamentales para la autonomía y protección de las mujeres. 

Desde Corporación Humanas, su directora Paula Salvo del Canto señaló que: “En el contexto político actual, marcado por la reemergencia de discursos que cuestionan los enfoques de género y relativizan las políticas de igualdad el mayor riesgo no siempre es un retroceso explícito, sino el debilitamiento por omisión: falta de priorización, implementación parcial y reasignaciones presupuestarias que erosionan políticas clave”. 

Una de las principales preocupaciones expresadas por organizaciones de la sociedad civil es que la igualdad sustantiva no sea abordada como una prioridad de Estado, lo que podría traducirse en una reducción del alcance de políticas públicas, debilitamiento institucional o retrocesos por omisión, más que mediante decisiones explícitas.

El escenario político que abre el 8M y el próximo gobierno

El hecho de que el nuevo gobierno asuma el 11 de marzo, pocos días después de una nueva conmemoración del 8M, sitúa el inicio del mandato en un momento de alta densidad política y simbólica. El 8M no es solo una fecha de movilización, sino un hito del feminismo democrático, donde convergen participación ciudadana, deliberación pública y exigencia de derechos. 

En ese escenario, el movimiento feminista se posiciona no como un actor sectorial, sino como una fuerza histórica que ha impulsado transformaciones profundas y ha contribuido a ampliar la democracia hacia estándares de paridad e igualdad.

Se abre también una oportunidad para que el próximo gobierno entregue señales claras, con una disposición efectiva al diálogo con la sociedad civil y compromisos concretos que reconozcan el rol histórico del movimiento de mujeres y feministas en la ampliación y garantía de derechos para toda la ciudadanía.

* Por Sasha Ortega.

Chile enfrenta una de sus peores emergencias por incendios forestales en décadas, con una gran cantidad de hectáreas consumidas por las llamas, comunidades completas devastadas y múltiples víctimas fatales en las regiones de Ñuble y Biobío. 

Este escenario intensifica el debate público en torno a la aprobación de una nueva Ley de Incendios Forestales y Rurales. Este proyecto, según expertos, podría transformar la forma en la que el país previene y combate este tipo de desastres, para ser capaces de evitar estas pérdidas y los daños sociales. 

Es fundamental avanzar en una ley de prevención y mitigación de incendios y, como expresaron desde la Agrupación de Ingenieros/as Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), que se proteja el suelo “ante intereses económicos externos al territorio”, para poder avanzar sin obstáculos a un programa de protección que no sólo se centre en combatir estos fenómenos naturales, sino que se base con mayor fuerza en la prevención. 

En los últimos días, distintos focos activos en las regiones de Biobío y Ñuble han provocado un desastre de gran magnitud. Vecinos y vecinas describen zonas que fueron arrasadas y viviendas destruidas por la ferocidad del fuego. 

El último balance del Servicio nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) muestra que los incendios forestales suman 20 personas fallecidas, más de 30 mil hectáreas consumidas, 75 heridos/as y más de mil damnificados. 

Las autoridades locales y nacionales trabajan en evacuaciones, en brindar atención a todos los damnificados y en el control de estos incendios, mientras se siguen haciendo llamados de apoyo y solidaridad a toda la ciudadanía. 

*Revisa aquí algunos puntos de acopio en Santiago y Concepción. 

¿Qué propone la ley de incendios? 

El proyecto de ley es un marco legal moderno, actualmente en su segundo trámite constitucional en el Senado, que aborda de manera integral los incendios forestales y rurales. Sus principales objetivos son: 

• Fortalecer la prevención mediante la planificación territorial y gestión de riesgo.
• Establecer responsabilidades compartidas entre el Estado, las municipalidades, empresas privadas y comunidades locales.
• Incorporar criterios técnicos para crear zonas de interfaz y amortiguación que reduzcan la vulnerabilidad de áreas urbanas cerca de bosques y vegetación. 

Esta normativa busca mejorar la capacidad de combate ante estas catástrofes y fomentar la cultura de prevención sustentada en la corresponsabilidad ciudadana.

El director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca Rojas, señaló que: “La aprobación de esta ley significará un avance sustantivo en la protección de nuestro patrimonio natural, en la seguridad de las comunidades y en la adaptación del país a los efectos del cambio climático”.

¿Cómo afectan estas catástrofes a las mujeres?  

Las catástrofes, como los incendios forestales que se encuentran activos en el país, no son neutras y profundizan desigualdades sociales y de género ya existentes.

Los roles de género históricamente asignados sitúan a las mujeres como responsables de los cuidados de niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad. Esto limita su capacidad de evacuar con rapidez y las expone a mayores riesgos, especialmente cuando habitan zonas precarias o enfrentan embarazos y pospartos que reducen significativamente su movilidad. (IWPR)

A ello se suma que, durante y después de las emergencias, se han registrado aumentos en violencia doméstica y sexual, junto con condiciones de inseguridad en espacios de albergue y refugio, que muchas mujeres evitan por temor.  

Las emergencias como los incendios forestales evidencian que los impactos no se distribuyen de manera homogénea. Mientras las mujeres enfrentan mayores riesgos y cargas durante estos contextos, también cumplen un rol central en la organización de los cuidados y las redes comunitarias. Reconocer esta realidad es clave para avanzar hacia políticas públicas de gestión del riesgo y recuperación que no reproduzcan desigualdades, sino que contribuyan efectivamente a reducirlas.

• Por Sasha Ortega

Este miércoles 14 de enero, Chile dio un paso histórico en materia de derechos sociales y equidad de género: el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados avanzó a convertirse en ley. Este hito, impulsado por años de trabajo y fruto de la lucha histórica de las mujeres, organizaciones sociales y respaldado por el Gobierno de Gabriel Boric, reconoce por primera vez el cuidado como un derecho fundamental. Además, lo reconoce en sus tres dimensiones: a cuidar, ser cuidado y al autocuidado.

El proyecto, ingresado en junio de 2024 por el Ejecutivo, fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados el pasado lunes con 90 votos a favor, ninguno en contra y 38 abstenciones de la oposición. Con ello, fue despachado nuevamente al Senado, donde fue aprobado este miércoles por unanimidad. 

La Ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, celebró la aprobación de esta ley. Además, señaló que «al próximo gobierno le va a tocar dar implementación a esta ley, continuar con una política de Estado y esperamos que lo haga con la celeridad, la urgencia que requiere«.

Por su parte, desde Agrupación de Cuidadoras Barrio Matta Sur y Ciudadanas Cuidando, afirmaron que todo es gracias a los movimientos de cuidados que han venido trabajando desde hace años, que es un hecho histórico y que sin cuidadoras no existe cuidado alguno. 

* Revisa este episodio en el que profundizamos en la necesidad de avanzar en políticas de cuidados.  

¿Qué es el Sistema Nacional de Cuidados? 

El proyecto reconoce el derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado. No solo los identifica como un derecho, sino como un trabajo que tiene una función social que contribuye al desarrollo económico y social del país.

La ley propone aumentar la cobertura actual de cuidados y crear nuevos programas, beneficios y prestaciones que integren al Estado, las familias, las comunidades y el sector privado. El Sistema Nacional de Cuidados será un modelo de gestión intersectorial que agrupará a instituciones competentes y un conjunto de políticas, planes, programas, servicios y prestaciones destinados a los apoyos y cuidados.

Este sistema además divide las responsabilidades de cuidado, entendiendo que el Estado debe responder a las necesidades y deben existir redes de acompañamiento para quienes lo requieren y para mujeres cuidadoras, porque más que una tarea familiar es un derecho y una realidad que ha sido históricamente invisibilizada.

*Lee más sobre esta ley en esta nota

Hacia una sociedad del cuidado 

Culturalmente se ha instalado la idea de que los cuidados son tarea de las mujeres, pero la discusión actualmente se enfoca hacia una “sociedad del cuidado”, donde estas tareas dependan de todos y todas. “El cuidado es un derecho, y es un derecho que incluye varias obligaciones para la comunidad y también varios desafíos en materia de políticas públicas”, dijo Paula Salvo, directora de Corporación Humanas. 

*En este episodio conversamos sobre la sociedad del cuidado 

Además declaró: “Lo más importante primero es reconocer a quienes realizan labores de cuidado y entender que no es algo privado, que no es algo que naturalmente tienes que hacerlo porque eres mujer y que además es un cuidado en que todos como sociedad tenemos que estar involucrados”. 

La nueva ley no solo salda una deuda histórica con quienes han sostenido la vida en condiciones invisibles, sino que también sienta las bases para una sociedad del cuidado, donde la dignidad, la corresponsabilidad y la justicia social se convierten en pilares fundamentales del desarrollo del país. 

El desafío que se abre ahora es su implementación efectiva, para que exista apoyo real y oportuno para quienes cuidan y para quienes necesitan cuidados. 

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#HumanasDice

Diciembre cerró el año con una definición presidencial que marca el inicio de una nueva etapa política. Se apagan los eslóganes y comienza lo que realmente importa: las promesas que deben traducirse en prioridades, decisiones y presupuestos.

En la editorial anterior advertimos una ausencia que no era menor: cuando los derechos de las mujeres quedan fuera del debate, el riesgo es que queden fuera también de la agenda pública. No se trata solo de “temas pendientes”, sino de omisiones que luego se expresan en políticas incompletas, respuestas institucionales débiles y en el mensaje que el Estado transmite sobre qué vidas importan y cuáles pueden postergarse.

Por eso, este cierre de año es una bisagra. En 2026, desde Corporación Humanas seguiremos trabajando de manera transversal en investigación, incidencia, comunicaciones y articulación con organizaciones, para sostener estándares democráticos y exigir el cumplimiento de las obligaciones en derechos humanos. Con vigilancia y con propuestas; con firmeza y con método. Porque los derechos de las mujeres no se negocian en temporada electoral: se garantizan todos los días.

Día Internacional de los Derechos Humanos

Cada 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. La fecha recuerda la adopción, en 1948, de la Declaración Universal, documento que sentó las bases de los tratados internacionales vigentes hasta hoy.

En ese contexto, en La Neta nos preguntamos cómo está la situación de los derechos humanos en Chile. Para ello, conversamos con Marcela Zúñiga y Silvana Lauzán, ambas con amplia trayectoria en esta temática.

Hablamos sobre los “avances puntuales y deudas persistentes” en derechos humanos, de cómo se puede hablar de seguridad desde una mirada humanitaria y cómo la sociedad entiende a los derechos humanos.

Escúchalo en Spotify o en Youtube

Brechas en el acceso a derechos menstruales

En medio del caos de la segunda vuelta, donde otros temas se pierden, rescatamos el policy brief “Derechos Menstruales: Hacia una Política Pública para la Igualdad de Género” realizado por académicos/as de la Universidad de Chile.

Este informe no solo refleja nuevamente las brechas en el acceso a productos y educación menstrual, sino también entrega recomendaciones de políticas públicas.

¿Sabías sobre los derechos menstruales? Puedes leer más en esta nota. 

También puedes escuchar este episodio de La Informante en 2024 que hicimos para el Día de la Gestión Menstrual. En Spotify y YouTube. 

Chile eligió a su próximo presidente: José Antonio Kast asumirá el periodo 2026-2030

El domingo 14 de diciembre al fin se definió quién será el próximo presidente de Chile. José Antonio Kast se impuso con un 58,1% de los votos, mientras que la candidata Jeannette Jara obtuvo un 41,8%.

Con ese resultado claro, desde las organizaciones de derechos humanos y derechos de las mujeres comenzaron las primeras reacciones. Las organizaciones valoraron el proceso democrático, pero advirtieron que el próximo ciclo exigirá vigilancia activa y defensa sostenida de los derechos humanos.

Lee más en esta nota. 

Ley Modelo de Violencia Digital de Género

¡Una buena noticia! En el marco de la XXII Reunión del Comité de Expertas (CEVI) y la X Conferencia de Estados Parte (CEP) del MESECVI, se adoptó la ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres basada en género.

Esta ley, si bien no es vinculante, busca ser una herramienta para que los Estados de América Latina y el Caribe ajusten sus legislaciones o propongan nuevas para el abordaje de la violencia digital contra las mujeres.

Lee más en esta nota.

Balance del año y deseos para el futuro

Para cerrar el mes y el año, nos juntamos en La Informante con Paula Salvo, directora, y Jennifer Alfaro, encargada de Investigación y Estudios, ambas de Corporación Humanas. Con ellas hicimos un balance 2025 en agenda de derechos humanos de las mujeres y hablamos sobre los desafíos que se vienen en este nuevo contexto político.

Súmate a esta reflexión, para que, como dijimos en este episodio, pueda cambiar el ritmo, pero no el horizonte.

Escúchalo en Spotify y en Youtube. 

¡Muchas gracias por escucharnos, leernos y compartirnos en 2025!

¡Llegamos al último! En este episodio de La Informante realizamos una profunda reflexión sobre el estado de la democracia y los derechos de las mujeres en Chile. En una conversación guiada por la periodista Luna Grado, Paula Salvo y Jennifer Alfaro de Corporación Humanas analizaron un ciclo de contrastes donde, si bien no abundaron nuevos hitos normativos, se logró asentar la implementación de leyes fundamentales como la Ley Integral contra la Violencia.

La consolidación de estos avances permite que las leyes no se queden en el papel, sino que se traduzcan en cambios tangibles en la vida cotidiana y en el acceso a la justicia de las mujeres y niñas. 

El derecho al cuidado y el aborto legal en el balance feminista 2025

Durante este balance feminista, las invitadas destacaron que el 2025 permitió abrir formalmente el debate sobre el aborto legal hasta las 14 semanas en el Congreso. Ante este escenario, las organizaciones de derechos humanos han trabajado por instalar una narrativa que desplace la discusión de «debate valórico o moral» para situarla en el terreno de la salud pública, la autonomía y la profundización democrática, marcando una distancia clara frente a los sectores que se oponen a estos derechos.

Al mismo tiempo, se subrayó la relevancia de la discusión del Sistema Nacional de Cuidados y su reconocimiento como un derecho humano autónomo. Esta demanda busca visibilizar cómo el trabajo de cuidados sostiene la economía del país, exigiendo que el Estado asuma una responsabilidad activa para evitar que esta carga siga recayendo de forma solitaria e invisibilizada sobre  las mujeres.

El desafío de la paridad y la representación política

Uno de los puntos críticos abordados fue el estancamiento de la participación política de las mujeres en los órganos de representación popular.

A pesar de hitos simbólicos, como la llegada de la primera mujer a la presidencia de la Corte Suprema, las cifras muestran que la presencia femenina en el Congreso y otros órganos sigue estancada en torno al 32%, evidenciando que el camino hacia la igualdad de poder aún enfrenta brechas persistentes.

Para las especialistas, la paridad enfrenta una fuerte barrera cultural porque implica una redistribución real del poder. La falta de prioridad para avanzar en leyes de representación igualitaria demuestra que todavía existen resistencias para integrar de manera plena la visión de la mitad de la población en las decisiones estratégicas que definen el rumbo de la sociedad.

Evidencia contra la violencia de género

Respecto a la violencia de género, el análisis se centró en la necesidad urgente de contar con evidencia sólida y sistemas de información transparentes. Corporación Humanas enfatizó que la nueva legislación debe traducirse en un sistema de datos integrado para 2026, lo que permitiría pasar de una respuesta estatal reactiva a una estrategia de prevención efectiva y territorial.

Las cifras compartidas en el episodio resultan preocupantes, con más de 134.000 denuncias de violencia intrafamiliar registradas en 2024. Además, el reporte de femicidios consumados y frustrados subraya la urgencia de no naturalizar estas agresiones y mantener la seguridad de las mujeres como una prioridad absoluta en la agenda pública nacional.

Proyecciones y estrategias para el horizonte abierto de 2026

Hacia el futuro, el panorama para 2026 se vislumbra complejo ante la configuración de un nuevo escenario político con la instalación de la ultraderecha en el gobierno. Sin embargo, Paula Salvo fue enfática en señalar que, aunque el contexto sea adverso y cambie el ritmo de los avances, el horizonte de igualdad sustantiva para las mujeres permanece intacto como un objetivo irrenunciable.

La estrategia para los próximos meses se enfocará en una vigilancia institucional estricta y el fortalecimiento de alianzas con otros movimientos sociales. El objetivo final es defender un piso mínimo democrático donde la autonomía, la seguridad y el derecho a decidir de las mujeres sean considerados elementos centrales para la construcción de una sociedad más justa y participativa.

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El diseño de la norma anunciada, sin embargo, evidencia limitaciones estructurales que impiden sostener que se trate de una reparación integral, transformadora y acorde a los estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres. La propuesta contempla tres medidas principales. 

La primera consiste en una pensión mensual de $160.000 para hijos e hijas menores de 18 años. Este monto es inferior al estándar mínimo que el propio ordenamiento jurídico fija para un alimentario, equivalente al 40% del Ingreso Mínimo Mensual.

Considerando que el Ingreso Mínimo Mensual vigente asciende a $529.000, dicho porcentaje corresponde a $211.600, lo que demuestra que la pensión establecida por la ley se sitúa por debajo de los mínimos reconocidos por el Estado para garantizar la subsistencia. A ello se suma que esta pensión se extingue automáticamente al alcanzar la mayoría de edad, incluso en casos de discapacidad o dependencia, reforzando su carácter insuficiente y transitorio. 

La segunda medida corresponde al establecimiento de un fuero laboral por un año para víctimas de femicidio frustrado o tentado. Su alcance resulta insuficiente y meramente simbólico, en tanto no guarda proporción con la duración ni con la complejidad de los procesos judiciales asociados a estos casos. Paradójicamente, esta disposición se inspira en el caso de Alda Reyes, madre de Yini Sandoval Reyes, asesinada el 29 de diciembre de 2016 junto a sus tres hijos —Ignacio, Valentín y Daniel—, quien, durante el extenso proceso judicial, concluido recién en marzo de 2020, fue desvinculada de su trabajo. Incluso si esta norma hubiese estado vigente en ese período, no habría alcanzado a brindarle protección efectiva. 

A estas insuficiencias se suma una tercera medida: la calificación administrativa de las víctimas de femicidio. Presentada como un avance, su redacción termina por vaciarla de sentido, al restringir su aplicación retroactiva al año 2010, dejando fuera a la inmensa mayoría de las mujeres asesinadas por esta violencia extrema.

Se trata, además, de una medida que no implicaba costo fiscal alguno y que habría permitido algo esencial y profundamente humano: reconocer, aunque fuera tardíamente, a todas las mujeres víctimas de femicidio, devolverles nombre, historia y lugar en la memoria colectiva. Esa posibilidad, sin embargo, no fue considerada.

Y era lo mínimo.

Porque el reconocimiento importa.

Porque nombrar es existir.

Esta omisión duele aún más si se considera que en Chile los nombres de las mujeres víctimas de femicidio anteriores al año 2010 son escasos o derechamente inexistentes en los registros oficiales, prolongando su desaparición más allá de la muerte y consolidando un borramiento institucional y simbólico que el Estado tenía la oportunidad —y la responsabilidad— de reparar.

* Por Coordinadora 19 de diciembre

*Las opiniones vertidas en las columnas son de responsabilidad de su autor o autora y no del medio La Neta

Este 10 de diciembre, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) culminó el proceso de adopción de la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres basada en género. 

El nuevo instrumento regional fue adoptado en Fortaleza, Brasil, en el marco de la XXII Reunión del Comité de Expertas (CEVI) y la X Conferencia de Estados Parte (CEP) del MESECVI, un órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Esta nueva Ley Modelo tiene un alcance integral, abarcando la prevención, sanción, protección, reparación y no repetición de la violencia digital. A diferencia de otros marcos legales enfocados solo en aspectos penales, esta ley establece disposiciones que amplían la protección de mujeres, adolescentes y niñas. 

Además, incluye explícitamente a aquellas que han sido históricamente discriminadas por razones de edad, identidad de género, etnia o discapacidad. 

¿Por qué crear una ley modelo contra la violencia digital?

La creación de la ley modelo se da en un contexto de aceleración tecnológica global con el avance sostenido y la amplificación de la violencia de género en los entornos digitales. El Comité de Expertas reconoció que la violencia digital no es un fenómeno aislado ni reciente, sino parte de un continuum de violencia patriarcal que atraviesa todas las esferas de la vida. Así, las violencias históricas han encontrado nuevas formas de expresión y ampliación en los entornos digitales. 

Por esta razón, el CEVI acordó desarrollar este instrumento durante su XIX Reunión en Buenos Aires. Durante estos dos años, se llevó a cabo un proceso extenso y plural de desarrollo, que incluyó veinte consultas presenciales y virtuales en ocho países. 

El instrumento se fundamenta en la obligación de los Estados de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres desde que se acordó el tratado de Belém do Pará en 1994. Sin embargo, esta ley no es vinculante, sino más bien una herramienta y referencia para orientar la armonización y adecuación legislativa en cada Estado de la región. 

Principales características de la propuesta legislativa

La principal novedad de la Ley Modelo Interamericana es que aborda la violencia digital de manera integral, reconociéndola como una extensión de la violencia de género que se amplifica en línea. 

Esto resulta en un amplio catálogo de conductas sancionables, incluyendo el acoso, la desinformación de género, la vigilancia digital y el uso de algoritmos discriminatorios. Su enfoque es interseccional, protegiendo a mujeres, niñas y adolescentes en toda su diversidad, incluyendo a grupos históricamente discriminados.

Un aspecto central e innovador es que la Ley establece la corresponsabilidad de múltiples actores, no solo del Estado. Por ejemplo, impone obligaciones claras a los intermediarios de internet (plataformas digitales). Estos deben garantizar la transparencia algorítmica, moderación de contenidos, preservación de evidencia y la remoción oportuna de contenido violento, asegurando una gobernanza digital compartida. 

Finalmente, el instrumento va más allá de la sanción penal, enfocándose en la prevención y la reparación transformadora. Se exige la alfabetización digital con perspectiva de género y la formación obligatoria de funcionarios de justicia para atender estos casos. La meta es una reparación integral que no solo compensa el daño, sino que también busca reformar estructuras para garantizar la no repetición de la violencia digital.

Lee el documento aquí. 

Este domingo 14 de diciembre finalmente se definió quién será el próximo Presidente de la República de Chile. Con un 58,1%, José Antonio Kast se impuso frente a Jeannette Jara, quien obtuvo el 41,8% de los votos. Además, un 7% de los votos fueron nulos y blancos. 

Así, José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, gobernará a Chile en el periodo 2026-2030. Además, si bien la derecha en su totalidad no tiene mayoría en el Congreso, este partido es el que tiene mayor representación (31) en la Cámara de Diputadas y Diputados. 

En su primer discurso como presidente electo, Kast habló de tener un mandato amplio, asegurando que “aquí no ganó una persona ni un partido, ganó Chile”. 

Esta elección se dio en un contexto polarizado donde una de las principales dudas es qué postura tendrá el gobierno de Kast frente a los derechos sociales, humanos y de las mujeres. 

Kast presidente: Organizaciones hacen un llamado a estar alertas y vinculadas

Luego de este resultado, algunas organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres han expresado su postura crítica y vigilante. Desde Corporación Humanas reafirmaron “su compromiso con los derechos humanos de las mujeres y con una democracia viva”, además de impulsar propuestas que fortalezcan estos derechos. 

En la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto la tónica fue similar. “Seguimos aquí con amor y convicción (…) Nada nos detiene porque nuestra esperanza no depende de un resultado”, señalaron en un post de Instagram. 

Por otro lado, desde Organizando Trans Diversidades (OTD), plantearon que mantendrán “con igual determinación nuestro trabajo incansable por el avance del bienestar y los derechos de todas las personas Trans, No Binarias y de toda la comunidad LGBTIQANB+”. 

El director de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos Bottai, pidió al presidente electo, José Antonio Kast, que “cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos en todas sus políticas y planteamientos de gobierno”.